LECCIONES SOBRE CEUTA

 

Fuente: Wikipedia en Wikipedia Commons, consultado el 8 de septiembre de 2026.

Todo artículo sobre la crisis de Ceuta debería comenzar por la tragedia humana que ha supuesto la muerte de 82 personas, cuya esperanza era encontrar una vida digna en Europa. Un número elevado de muertos, que se suman a la mayor fosa común de la Historia, que estamos construyendo en el Estrecho de Gibraltar. Unos cadáveres en honor de la desigualdad económica, en la frontera del mundo con mayor diferencia de renta, la que separa a Europa de África. La renta per cápita de Marruecos, según el Banco Mundial, es de 4.672,5 euros, la de España 38.627,2, una riqueza individual 8,26 veces mayor. Una realidad que, curiosamente, no es tan desigual en la frontera que separa a los Estados Unidos de México, donde la renta per cápita del primero es de 90.026,5 euros y la del segundo 13.889,2, es decir, 6,48 veces menor.

Este es el tema central, cómo la pobreza y la desigualdad económica generan muertos, y cómo estos nunca son contabilizados como un elemento negativo en nuestros sistemas capitalistas. Se asumen como un mal necesario, claramente más, por ejemplo, que las muertes que producen los desastres naturales, algo que, al menos, aparentemente, sí queremos controlar, la pobreza no.

El otro perfil de esta coyuntura se sitúa en la historia. En el año 1415, los portugueses, en su afán por buscar una alternativa a la ruta de la seda, inician la circunnavegación del continente africano y su primera avanzadilla en África fue Ceuta. En el siglo siguiente, concretamente en 1580, Felipe II, ante la muerte del rey Sebastião, sobrino suyo, une las dos coronas. Desde entonces, Ceuta formará parte de un conjunto de ciudades-fortalezas, como Argel u Orán, que, desde la época de los Reyes Católicos, se habían situado en la costa africana para evitar los ataques de la piratería berberisca. En 1640, Portugal inicia el camino de la independencia y, como recuerdo de la unión peninsular, nos quedamos con Ceuta, en adelante, posesión del Reino de España. Es decir, un resto, nos pongamos como nos pongamos, del colonialismo europeo en el continente africano, territorio al que se suman Melilla y las Islas Canarias.

El problema para una metrópoli, en este caso España, es controlar un territorio extraeuropeo cuando no se tiene una posición de poder, porque su situación estratégica es muy vulnerable. En el siglo XX, Ceuta formaba parte de un entramado colonial más amplio. Desde la Conferencia de Algeciras (1906), España se hizo con toda la franja costera del norte de Marruecos, gracias a una donación de Francia, que no quería que Alemania ocupase dicho territorio. Pero, el 7 de abril de 1956 Francisco Franco firmó con el sultán Mohamed V la entrega del protectorado español en Marruecos, solo un mes después de que Francia le concediera la independencia. Desde entonces, Ceuta y Melilla se quedaron rodeadas, como no podía ser de otro modo, por el recién independizado Estado alauí, y separadas del resto de España por una barrera geográfica de difícil acceso, el Estrecho de Gibraltar.

Durante décadas no hubo grandes problemas, al no ser la inmigración un problema político en España. Además, Hassán II, sucesor de Mohamed V, era muy amigo del rey Juan Carlos I, amistad que no se da actualmente entre Felipe VI y Mohamed VI. Por otro lado, España estaba protegida por la Unión Europea y la OTAN.

Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años para que la seguridad anterior se desvanezca? En primer lugar, que Marruecos tiene ahora una posición de poder sobre el Estado español, ya que hoy en día la inmigración sí se considera un problema político, sobre todo, si es africana y musulmana. En segundo lugar, los sucesivos gobiernos han decidido que Marruecos sea nuestro gendarme en el norte de África. No en vano, el gobierno de Sánchez modificó la política del PSOE desde la Transición, y decidió, a traición, ceder el Sáhara Occidental a Marruecos. Desde entonces, este sabe que puede presionarnos cuando quiera, porque ya le hemos dado lo que quería, aquello por lo que estaba dispuesto a negociar. Un paso atrás que ahora nos está costando muy caro.

Esta circunstancia de empoderamiento de Marruecos frente a España se acrecienta por la nueva situación geopolítica que se vive en el mundo, desde la llegada de Trump al poder. Marruecos, ya desde hace décadas, se ha convertido en un aliado clave de Estados Unidos en el mundo musulmán. En 1991 participó en la Guerra del Golfo, en 2004 fue declarado Major Non-NATO Ally, es decir, un aliado militar de primer orden fuera de la OTAN. También firmó ese mismo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que entró en vigor en 2006. En resumen, desde los atentados del 11 de septiembre, Marruecos se convirtió en el principal aliado de Estados Unidos en la lucha antiterrorista en el norte de África. En compensación, en 2020 Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Hecho que se produjo cuando Marruecos, un país que en el pasado mostró cierta hostilidad política hacia Israel, restableció las relaciones diplomáticas con este país y no las rompió en los últimos años, pese a la masacre del pueblo palestino.

Esta sumisión de Marruecos a Estados Unidos contrasta con cierta resiliencia del gobierno español a la política de Trump, en la mayoría de los casos escenificado mediante enfrentamientos verbales. El gobierno de Sánchez fue el único de Europa que se mostró claramente en desacuerdo con la actuación de Israel en Palestina. Y esto no solo fueron palabras. En septiembre de 2025, se aprobó un Real Decreto-ley por el que se prohibió la compra y venta de material militar israelí. Asimismo, se establecieron restricciones al tránsito por nuestro territorio de material militar con posible uso en Israel. El Decreto incluía, además, las bases de Morón y Rota. Decisión esta que no debió gustar al gobierno estadounidense; como tampoco el que fuéramos de los países que más nos hemos negado a ceder nuestra soberanía fiscal a los deseos de Trump de elevar el gasto militar al 5% del PIB, manteniéndolo en el 2%.

Estas nuevas circunstancias han envalentonado a Marruecos para reclamar la soberanía sobre Ceuta, para expulsar a los españoles del norte de África. Eso sí, mediante unas medidas de presión que lamentablemente ponen en juego la vida de su propia gente. No olvidemos que Marruecos es una monarquía autoritaria, una dictadura. No es una democracia, y el desprecio por la vida de sus ciudadanos se ha puesto, una vez más, en evidencia.

Por lo tanto, no tiene cabida la presión que la prensa española, incluso la que no esperábamos que lo hiciese, ha generado sobre el presidente del gobierno para que tenga una posición de fuerza, en esta crisis, frente a Marruecos. Una presión que no se activó ante los improperios de Trump, pero Marruecos, un país menos desarrollado económicamente que el nuestro y parte de su territorio antigua colonia, y ellos africanos y nosotros europeos, permite una lectura diferente de una prensa que, en este caso, ve inadmisible que pueda utilizar su posición de ventaja estratégica frente a nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer Sánchez? Como mínimo mostrarse indignado, tirarle de las orejas y decirle que no vuelva a pasar, que siga siendo un buen policía de España, de nuestra frontera, que sea un buen chico, como corresponde a un país africano frente a otro europeo. En fin, no me gustaría ver en esta coyuntura a un gobierno que tuviera ministros como Trillo y que encarase esta crisis con el viento de Levante, porque desde donde sopla también se encuentra Estados Unidos, pequeña contradicción que parece que la derecha española obvia continuamente. Por tanto, la situación vivida en Ceuta se podrá repetir cuando Mohamed VI lo considere, ya que tiene todos los elementos de poder a su favor.

Una situación de debilidad, la del gobierno español, que se acentúa por la falta de un discurso propio y fuerte en los temas migratorios. Esto no es un problema exclusivamente suyo, sino de toda la socialdemocracia europea. No hay más que escuchar las declaraciones de la presidenta de Dinamarca, Mette Frederiksen, cuyas declaraciones sobre emigración no se distancian mucho de las de Meloni. También podemos recordar las actuaciones del antiguo primer ministro laborista de Gran Bretaña, Keir Starmer, cuyas políticas antiinmigración pretendían retomar el pulso del laborismo en las antiguas ciudades industriales del norte de Inglaterra. Su clásico granero de votos, que está virando, debido a la desindustrialización y el abandono, hacia posturas de extrema derecha, acercándose el electorado a Reform UK. Pero, como era de prever, sus políticas no solo atrajeron a nuevo electorado, sino que desgastaron al suyo y tuvo que acabar dimitiendo. No cometa la socialdemocracia europea el mismo error que los partidos democristianos o de centro. En política, el votante siempre preferirá el original a la copia; por tanto, cualquier intento de asimilar a los votantes de extrema derecha con unas políticas similares a las suyas acabará en fracaso y en una ruptura social de consecuencias no controlables, como ha pasado siempre, y acaba de pasar en el Estado de Sajonia-Anhalt o en la propia Ceuta.

El tema de la emigración es uno de los temas centrales de la política actual, eso no se puede esconder, como tampoco que, especialmente en Europa, dado el crecimiento de Asia Oriental, el cambio climático, la desindustrialización, etc. no se vaya a disfrutar, en el presente y en el futuro, de tantos recursos como se aprovecharon en el pasado. En todo caso, parece claro que el peso geopolítico de Europa es hoy mucho menor y que este seguirá decreciendo. Pero la izquierda debe tener una postura clara con las personas, la de la inclusión, cueste lo que cueste. Se tiene que abarcar la mayor diversidad posible, y eso incluye, como no podía ser de otro modo, a los emigrantes. Por tanto, no debemos excluir a la población nacida fuera de nuestras fronteras porque tengamos miedo al futuro, porque sino ese miedo también acabará devorándonos a nosotros. Igual que los menas, son Menores No Acompañados, es decir, niños y niñas. Los emigrantes ilegales son básicamente personas que, como nosotros y nosotras, necesitan la ayuda del Estado y un trato justo. ¿Qué tipo de país somos, si no somos capaces de acoger a unas decenas de miles de personas? ¿Dónde está nuestro desarrollo económico si somos incapaces de dar ayuda a unos miles de menores? ¿Qué esperábamos que pasase si responsabilizamos de nuestras fronteras en el continente africano a un país que aspira a quedárselas? En fin, preguntas que, en todo caso, no pueden tener como respuestas una política cercana al colonialismo del siglo XIX, donde Europa situaba su bota militar sobre el cuello de aquellos que no respetaban sus intereses legítimos o ilegítimos. Hoy el mundo, afortunadamente, es mucho más complejo y diverso como para soportar ese tipo de respuestas, así que guardemos en el baúl de la historia la tizona y la isla del Perejil.  

LA (IN)JUSTICIA EN ESPAÑA

 

Fuente: Wikipedia, disponible en https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Fachada_-_Tribunal_Supremo_de_Espana_-_Madrid_06.jpg, consultado: 21/08/2026.

Montesquieu en el Espíritu de las leyes (1758) decía que: al poder solo le puede contener el poder. La mayor de las injusticias en el ejercicio del mismo es la arbitrariedad. El filósofo francés, preocupado por el ejercicio de la justicia y sus límites, era presidente del Tribunal de Justicia de Burdeos, estableció la teoría de la división de poderes como alternativa a una monarquía absoluta, cuya sucesión de Luises fue haciendo más visible la arbitrariedad de sus gobiernos, sobre todo, cuando necesitaban dinero para la guerra. Esta teoría, desde la Revolución Francesa, ha sido uno de los pilares sobre el que se asientan los regímenes democráticos.

En España, durante la Transición, cuando se construyó nuestra democracia actual, se limitó el principio de la división de poderes, en beneficio de una supuesta mayor “estabilidad política”. Pero, como siempre, los designios de la política están llenos de consecuencias no deseadas. En la última legislatura se ha hecho evidente lo que antes sospechábamos, que la derecha política intenta forzar a través de la presión judicial, entre otras cosas, lo que no gana en las urnas. Esta utilización del poder judicial es, en democracia, algo sutil, al menos más que en el pasado. No es que no haya jueces progresistas (Baltasar Garzón, Margarita Robles, María Teresa Fernández de la Vega, Fernando Grando - Marlaska, José Castro o Manuela Carmena, entre otros y otras), ni tampoco que el PP no tenga casos de corrupción desfavorables, solo hay que recordar el Caso Gürtel donde todo el Partido Popular fue condenado como responsable civil a título lucrativo al pago de 245.000 euros, condena que confirmó el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2020. Un caso único en la historia de Europa, un partido político condenado por corrupción. Solo tiene como precedente la experiencia italiana, a través de la tangentópolis, proceso judicial que dinamitó el sistema político italiano, creado en la Posguerra, e hizo desaparecer a su partido principal, la Democracia Cristiana (DC).

Pero, como siempre, la realidad no es blanca ni negra, sino que se juega en los márgenes, en un color gris que, en este caso, siempre cae del mismo lado.

Son innumerables los casos en que se ha utilizado la justicia para eliminar un partido político o inclinar la balanza de las elecciones hacia una opción determinada. Como se dice en los mentideros políticos de Madrid: “el PSOE tiene el gobierno, pero el PP tiene el poder”. Y ese poder no solo se sustenta en el apoyo de la mayor parte de la clase empresarial de nuestro país, sino también en el de la mayoría del sistema judicial o, al menos, de sus estamentos más elevados. No en vano, entre diciembre de 2018 y julio de 2024, durante casi seis años, el PP mantuvo bloqueada la renovación del poder judicial, algo que se denunciaba en instancias europeas como una parálisis institucional impropia de un país de la UE, pero que los populares mantuvieron hasta no conseguir una situación favorable a sus intereses. Recientemente, en una entrevista de la cadena SER, el juez Baltasar Garzón, dijo que: “El Tribunal Supremo es el órgano con más poder político que existe en España”, porque, y él lo ha sufrido, sus sentencias son inapelables, no se pueden recurrir[1].

Pero veamos aquellas sentencias que se han formulado en términos desiguales. En primer lugar, empezaremos por la izquierda, por algunas sentencias desfavorables en la época de Felipe González, ahora partícipe de ese mismo poder que a él intentó crucificar y le calificó como el señor X en la lucha antiterrorista.

Mi primer recuerdo nos acerca a Pilar Miró, una de nuestras mejores directoras de cine. Esta salió de la presidencia del Consejo de RTVE al ser procesada por un delito de malversación, al cargar gastos personales de representación, especialmente vestuario, a las cuentas de RTVE. Los gastos totales no alcanzaban los 2 millones de pesetas (unos 12.000 euros), Miró sostuvo que entendía que la normativa permitía esos gastos y acabó reingresando la cantidad. Cuando su carrera política estaba hundida, lo mismo que su prestigio personal, el fiscal retiró la acusación, y solicitó su absolución, al considerar que ella estaba convencida de no cometer ningún delito, cuando realizó dichos cargos presupuestarios.

Mi segundo recuerdo nos lleva a la política regional. El primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (1983 – 1986) dimitió como presidente, para no perjudicar la institución, tras ser denunciado por varias trabajadoras de la empresa Pekus. Estas adujeron que el presidente socialista no cumplió sus obligaciones de dirección, cuando la empresa se puso en venta. El fiscal llegó a solicitar tres meses de arresto y 300.000 pesetas de multa (1.800 euros actuales). El juzgado en primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo absolvieron por completo, pero este ya había dimitido como presidente. El resultado fue que en el año 1987 la Junta de Castilla y León cayó en manos del PP, y así hasta nuestros días. Además, curiosamente, se inició la carrera política de José María Aznar.

Del caso GAL mejor no hablar en este artículo, porque indudablemente tiene demasiadas aristas. Pero es indudable que el PP ha utilizado la política antiterrorista contra ETA, de un modo partidista, a lo largo de toda la democracia. El PP podía negociar con un “movimiento de liberación nacional”, palabras de José María Aznar, y el PSOE, el partido que en el año 2011 acabó con el terrorismo en Euskadi y España, era, al mismo tiempo, amigo y asesino de terroristas.

Otro caso singular, de renuncia por responsabilidad política, como Demetrio Madrid, fue el caso de Josep Borrell, que ganó en las primarias como candidato del PSOE  a la presidencia del gobierno en 1998, al secretario general Joaquín Almunia. Este dimitió en mayo de 1999 cuando dos antiguos colaboradores suyos, cuando fue secretario de Hacienda (1984 – 1991), en el gobierno de Felipe González, José María Huguet y Ernesto de Aguiar, fueron investigados por fraude fiscal. Él nunca fue acusado, pero el caso ayudó a la pérdida de apoyos políticos a su candidatura y el PP, en la segunda legislatura de José María Aznar, obtuvo su mejor resultado electoral en democracia[2].

Pero los casos de corrupción contra la izquierda no se reducen al PSOE, ni mucho menos. Tras la aparición de Podemos en 2014, este se convirtió en el objetivo principal de la derecha judicial. Con estas palabras no nos referimos solo al sistema judicial, sino también a la aparición de organizaciones como Manos Limpias o Abogados Cristianos, que utilizan sus recursos económicos para paralizar la acción política de la izquierda mediante acusaciones judiciales, tengan estas fundamento o no. Según el periódico ABC, en el año 2021 diferentes líderes de Podemos, sobre todo Pablo Iglesias, recibieron 29 querellas, todas ellas archivadas por el Tribunal Supremo. Algunas hablaban de supuesta financiación irregular por parte de Venezuela, el famoso caso Neurona y Diana. Ninguna de ellas prosperó, pero durante cierto tiempo, ante la opinión pública, se vinculó a Podemos con la financiación irregular, además de asimilarlo a un partido político cercano a posiciones chavistas[3]. Una fuerza política que en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 obtuvo el 20,7% de los votos y 69 diputados en el Congreso, a tal solo 1,3 puntos del PSOE. Desde entonces ha sido sometido a una presión mediática y judicial sin parangón en la democracia española, hasta caer prácticamente en la irrelevancia política.

El mejor ejemplo de lo anterior fue la Ley del Sí es Sí. Esta ley sirvió para atacar a Podemos en el corazón de sus políticas públicas y valores. Un partido político, la formación morada, que siempre había enarbolado las políticas de género e igualdad como uno de sus activos principales. En el momento, además, en que Irene Montero e Ione Belarra, dos mujeres, encabezan la formación. Esta ley les haría pasar a la historia, y así será, pero también fue la ley que clavó el último clavo en el ataúd de Podemos.

La Ley del “solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual) tiene la intención de reforzar la protección de la libertad sexual y situar el consentimiento en el centro de la regulación de los delitos sexuales. Además de entender la protección de la víctima más allá del estamento jurídico, incluyendo medidas de prevención, asistencia psicológica, formación de profesionales y centros especializados de atención. Esta ley, además, estaba en línea con las recomendaciones y compromisos internacionales, especialmente el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cuál fue el problema jurídico que se generó en los medios de comunicación, alentado por la derecha mediática y judicial, que hicieron verla pasajeramente, como una Ley que excarcela a “violadores”? El problema fue que se eliminó la distinción entre abuso sexual y agresión sexual y se tuvo que crear un nuevo sistema de penas. Algunos de los nuevos tipos penales quedaron por debajo de los anteriores, y esto activó la aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo, según el artículo 2.2 del Código Penal. No todos los tribunales de justicia actuaron igual, hasta que el Tribunal Supremo fijó doctrina y avaló la retroactividad en julio de 2023. En total se redujo la pena en 1.233 casos; la mayoría hizo posible la liberación unas semanas o meses antes.

Un debate sosegado y templado al respecto hubiera situado a Podemos en otra tesitura. La política está llena de consecuencias no deseadas y estas se convierten en objeto de indignación social, cuando tocan elementos sensibles, como el de la violencia de género. Pero está claro que hoy en día, gracias a esta legislación, que sigue vigente, la mujer está mejor protegida en España, de casos como el de la “Manada”, grupos de jóvenes que, amparados en la noche, el alcohol y las drogas, violaban grupalmente a mujeres jóvenes que no habían dado su consentimiento. Como el anterior sistema legal en España exigía que esta dijera explícitamente no a la relación sexual, todas las mujeres que no estaban en condiciones de decir que no, estaban desamparadas jurídicamente. Leyes similares ya habían sido aprobadas en otros países europeos como Suecia (2018) o Dinamarca (2020) y, desde entonces, se han extendido a Finlandia, Suiza y los Países Bajos. Por lo tanto, estamos ante una ley que aumentó la protección de la mujer, en la que España fue pionera a nivel internacional, junto con los países nórdicos, y que se mantendrá, sin lugar a dudas, gobierne quien gobierne, en nuestro ordenamiento jurídico, porque es una buena ley, al margen de los problemas que pudo ocasionar su implementación. Sin embargo, esta fue utilizada por la derecha y la extrema derecha para desgastar y eliminar, definitivamente del tablero político, a Podemos.

Lo curioso es que no salieran en defensa del mismo, más bien al contrario, Sumar y el PSOE. Estos no tuvieron en cuenta que una vez que la derecha política, jurídica y mediática ha eliminado al que consideran el mayor de sus enemigos, reorganizará su estrategia para tumbar al siguiente. Es la táctica de los partidos fascistas que ya denunció Bertolt Brecht, parafraseándole se podría decir: “Primero se llevaron a Podemos, pero como yo no era de Podemos, no me importó. Después se llevaron a Sumar y el PSOE, pero como yo no era de Sumar ni del PSOE, tampoco me importó. Ahora vienen a por el PP, pero ya es demasiado tarde.” En fin, el fascismo tiene como objetivo central arruinar la credibilidad de las instituciones democráticas, como la justicia, y reducir la pluralidad de la sociedad hasta dejar solo su discurso totalitario.

Y ahora estamos en la segunda parte del poema, cuando el objetivo principal es el PSOE. De ahí la coincidencia de ciertas sentencias judiciales con el ciclo electoral más favorable al Partido Popular. Qué coincidencia que el caso Zapatero que, como tantos otros quedará en nada, cuando ya no interese, coincida con el adelanto electoral que llevó a cabo el PP en sus autonomías (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía), cuyo objetivo principal era desgastar al gobierno central para que este adelantase las elecciones generales. Además, debe ser la primera vez en la historia, que un político es investigado por pagos que él había declarado en Hacienda. En fin, casos como Plus Ultra, al margen de que todavía no haya una sentencia firme, tienen como único objetivo que Zapatero no vuelva a involucrarse en la campaña electoral, ya que en la anterior fue clave para que Feijoo no alcanzase la Moncloa. Si el objetivo fuera regular y mejorar la transparencia de las acciones lucrativas de los expresidentes del gobierno español, ¿dónde estarían entonces José María Aznar o Felipe González?

Y el cerco judicial sigue estrechándose sobre aquello que puede hacer más daño, el entorno familiar. La sentencia desproporcionada sobre el hermano del presidente, condenado el 14 de julio de 2026 a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Esta no puede ser más kafkiana, lo acusa de cooperación necesaria para crear una plaza a su “medida”, al tiempo que lo absuelve del delito de tráfico de influencias. Es decir, la plaza se creó sin que él presionase para crearla y, aun así, es condenado a nueve años de inhabilitación. Resulta muy difícil sostener que hubo una plaza “hecha a medida”, sin identificar el tráfico de influencias, por quién se creó y para qué. La propia sentencia, en sus 377 páginas, señala que no queda acreditado que la contratación se realizara por petición expresa de David Sánchez o su entorno.

Pero más surrealistas son, sin duda, las actuaciones del juez Peinado. Un caso judicial que fue abierto a raíz de una denuncia de Manos Limpias que incluía referencias a noticias de prensa, cuando el Tribunal Supremo suele exigir algo más que recortes de prensa para iniciar diligencias judiciales. A este inicio tan irregular tenemos que sumar numerosas correcciones y anulaciones por parte de la Audiencia Provincial. La insuficiente motivación de algunos autos o el esperpento jurídico de la retirada de pasaportes de Begoña Gómez, a quien la Audiencia Provincial consideró su devolución, porque, obviamente, era imposible que hubiera riesgo de fuga. Este disparate judicial durará hasta el 27 de septiembre de 2026 cuando Peinado cumpla 72 años y esté obligado a jubilarse, acabando con este acoso judicial que más bien parece una venganza personal. También tengo que decir que no me gustó ni la forma ni el talante de Sánchez, cuando amagó con dimitir en 48 horas, generando una presión emocional y mediática que nunca debería haberse mezclado con cuestiones jurídicas o políticas.

Si el caso anterior roza el surrealismo jurídico, el que me ha resultado más demoledor contra el prestigio de nuestro sistema judicial es el del fiscal general del Estado. ¿Cómo es posible que Álvaro García Ortiz sea condenado a 2 años de inhabilitación, 7.200 euros de multa, 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador y al pago de las costas procesales? Esto se produjo por revelar el contenido de un correo electrónico entre Amador y su abogado, información que previamente ya conocían los periodistas, como estos declararon en el juicio ¿Cómo es posible que la OCU intentase hacer público los mensajes del fiscal general, mensajes que podían ser clave en procesos de investigación de corrupción que estaban en marcha? ¿Cómo es posible que la pareja de Ayuso, que estaba siendo investigada por defraudar a Hacienda 351.000 euros, que este intentase llegar a un acuerdo donde reconocía el fraude fiscal, y que de momento la actuación judicial lo único que ha conseguido es indemnizarlo con 10.000 euros? En este caso, mejor, solo quedarnos en las preguntas.

No quería incluir en este artículo el caso Ábalos y Koldo, pero tampoco me parece normal que, como en el caso anterior, el empresario corruptor sea, además, recompensado por la justicia. En este caso sabemos que sus declaraciones no aportaron nada significativo para condenar al exministro de Obras Públicas, y estamos hablando de 3,7 millones de euros que obtuvo Víctor de Aldama, de comisiones obtenidas gracias a los contratos de las mascarillas, y que va a poder disfrutar a nuestra costa.

Pero hablemos, finalmente, de los casos del Partido Popular, la otra cara de la moneda en esta historia. Ya vimos cómo Aznar empezó a hacer política en Castilla y León, cómo un caso judicial descabalgó al presidente del PSOE para que el PP iniciase en 1986 una hegemonía regional que dura hasta nuestros días. Unos años después y, gracias a unas investigaciones sobre tráfico de drogas se destapa el Caso Naseiro. Un caso de financiación irregular del PP, no sería el último. Es decir, las raíces del caso Gürtel. El caso fue archivado por el Tribunal Supremo en 1992 al considerar que las escuchas telefónicas no tenían la cobertura judicial necesaria y, por tanto, no eran válidas como pruebas. En una época, después de tres victorias electorales consecutivas, donde el Tribunal Supremo estaba dominado por los gobiernos de Felipe González, el que nunca se vinculó como señor X en los GAL, al igual que M. Rajoy no estaba probado que fuera Mariano Rajoy.

Al inicio de este artículo mencionamos el caso Gürtel y la gravedad de que un partido político fuera condenado. Al margen de la trama dirigida por Francisco Correa, que obtenía contratos públicos a cambio de favores de todo tipo al PP, el caso tuvo más aristas. En este proceso el juez Baltasar Garzón sufriría una condena de 11 años de inhabilitación, por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por haber ordenado grabar conversaciones en la cárcel a diferentes miembros de la Trama. En el año 2012 la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, criticó la condena y declaró que, más bien, parecía una venganza[4]. En el año 2021 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen considerando que se habían vulnerado determinados derechos y pidió medidas de reparación. El Tribunal Supremo se reafirmó en su postura.

Podía seguir mencionando casos de financiación irregular que afectan al PP a nivel estatal o regional, Púnica (2014), Lezo (2017), Tarjetas Black de Caja Madrid (2017) o la investigación en curso de Cristóbal Montoro, entre otros. Pero solo mencionaré uno más, el caso Kitchen. Este último caso me parece paradigmático. Todavía no ha sido juzgado y las investigaciones se remontan a 2013. Este es un caso de corrupción único, ya que estamos ante una supuesta utilización de los recursos del Estado en beneficio de un partido político, una maniobra semejante a la que emplean las dictaduras, que confunden el gobierno con la administración. Se utilizó, supuestamente, dinero del Estado, fondos reservados y recursos humanos de la Policía Nacional para intentar limitar el daño que pudiera hacerles Luis Bárcenas. En resumen, se utilizaron, supuestamente, recursos públicos para proteger los intereses privados del PP. Además, como no, como en casos anteriores, las conversaciones entre María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y el comisario José Manuel Villarejo han quedado fuera del caso.

No hablaré aquí de los áticos de Ayuso, las relaciones entre el PP de Galicia y el narcotráfico, ni del desvío de fondos de VOX a una fundación controlada por Abascal, que apenas inquietan a sus votantes.

Solo recordaré que una de las formas que tiene el fascismo de hacerse con el poder es el cuestionamiento y debilitamiento de las instituciones del Estado. Esa misma desconfianza que sus acciones generan en la justicia, a ellos no les preocupa, sino que les beneficia, ya que a las instituciones democráticas solo les sucede como alternativa política las dictaduras, que siempre son mucho más arbitrarias.

Por último, poner de relieve que, por desgracia, esta situación, donde parte de la justicia interviene como un elemento más de la disputa política, en beneficio de intereses particulares, vinculados a partidos de derechas, no es nueva en nuestra historia. Solo mencionaré dos libros de Rubén Pérez Trujillano, Jueces contra la República. El poder judicial frente a las reformas republicanas (Madrid: 2024)  y Ruido de togas. Justicia política y polarización social durante la República (Madrid: 2024). En estos libros vemos cómo los elementos más conservadores de la justicia española, la carrera de juez, no lo olvidemos, es una carrera elitista y de tradición conservadora, forzaron la paralización de muchas de las reformas del Bienio Progresista (1931 – 1933) a través de procesos judiciales y una forzada interpretación del derecho. A esto se sumará la excesiva represión que se produjo a partir de la Revolución de Octubre de 1934 contra el socialismo, el anarquismo y el nacionalismo catalán, con cerca de 30.000 detenidos y 2.000 muertos. La tesis central de la obra de Pérez Trujillano es que los jueces antepusieron su ideal de orden al nuevo ordenamiento constitucional y democrático. Las consecuencias de esta tensión creciente entre el poder judicial y los otros dos poderes del Estado (ejecutivo y legislativo) ayudaron a una polarización creciente en la sociedad, a una incomprensión mutua entre la derecha y la izquierda, negándose mutuamente la legitimidad en todos los procesos electorales desde noviembre de 1933, hasta acabar en un enfrentamiento fratricida que dio lugar a la Guerra Civil (1936 – 1939). No repitamos los errores del pasado y dejemos de utilizar el sistema judicial para conseguir aquello que las urnas no nos han concedido por derecho. Si no, ¿cuáles serán las siguientes líneas rojas que la derecha política, judicial y mediática está dispuesta a cruzar, si no gana las siguientes elecciones generales?

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[1] Cadena SER, entrevista a Baltasar Garzón. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ffF6YowIhc0. Consulta: 09/08/2026.

[2]La Hemeroteca del Buitre, «El escándalo de Huguet y Aguiar provoca la dimisión del líder del PSOE Josep Borrell». Disponible en:https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-escandalo-de-huguet-y-aguiar-provoca-la-dimision-del-lider-del-psoe-josep-borrell/Data Consulta: 09/08/2026.

[3]ABC, «El Supremo ha archivado 29 querellas contra líderes de Podemos», 31 de octubre de 2021. Disponible en:https://www.abc.es/espana/abci-supremo-archivado-29-querellas-contra-lideres-podemos-202110310255_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fabci-supremo-archivado-29-querellas-contra-lideres-podemos-202110310255_noticia.html. Consulta en: 09/08/2026

[4]Información, «La ONU califica de venganza la condena al juez Garzón», 11 de febrero de 2012. Disponible en: https://www.informacion.es/nacional/2012/02/11/onu-califica-venganza-condena-juez-6868733.html Consulta: 9/08/2026.

EL MUNDO DE TRUMP Y NETANYAHU

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Israeli_Prime_Minister_Benjamin_Netanyahu_%2849452465091%29.jpg

No podemos afirmar que la llegada de Trump y Netanyahu al poder sea una realidad totalmente diferente a la vivida por estos países, en su pasado más inmediato, al menos en lo que a la política exterior se refiere.

En el caso de Estados Unidos, un país que, desde la caída de la Unión Soviética (1991), se ha convertido en la única superpotencia del Planeta. Desde entonces, no solo ha considerado a Latinoamérica su “patio trasero”, sino también Oriente Medio. En esta región y, “gracias” a su producción petrolera, las intervenciones de la primera potencia han sido recurrentes: I Guerra de Iraq (1990 – 1991), II Guerra de Iraq (2003 – 2011), Guerra de Afganistán (2001 – 2021) y Guerra Civil Siria (2011 – 2024). Esta última desencadenada incluso por el premio Nobel de la paz Obama. Es decir, todos los presidentes de Estados Unidos desde George H. W. Bush (1989 – 1993) han iniciado o han tenido abierta una operación militar en Oriente Medio, las cuales han provocado, y se habla poco de ello, cerca de 10.000 muertos entre los soldados estadounidenses y cientos de miles entre la población civil de los países árabes. Al margen de lo más grave, las víctimas humanas, también ha supuesto un coste monetario de cientos de miles de millones de dólares que, religiosamente, ha pagado el contribuyente americano; por no hablar del coste reputacional de la política exterior de Estados Unidos, porque este país no ha ganado ninguna guerra, si exceptuamos que Iraq tuvo que abandonar sus ambiciones expansionistas sobre Kuwait y fueron derrocados los regímenes dictatoriales de Sadam Hussein en Iraq y Bashar al-Asad en Siria. Al margen de estas coyunturas, hoy tenemos en la región Estados fallidos, que viven unos frágiles equilibrios cercanos a lo que podríamos considerar una guerra civil, sea esta oficial o no. Amén del éxito de los talibanes sobre el ejército de Estados Unidos en Afganistán. Esta es la historia de un fracaso rotundo de Estados Unidos que ha expuesto los límites de su potencial militar a costa de un reguero de sangre, sobre todo de civiles inocentes.

¿Qué podemos decir de Israel? Desde su constitución como Estado el 14 de mayo de 1948, como era de prever, su relación con los pueblos árabes que lo rodeaban fue muy conflictiva. Ya en la misma proclamación de la independencia le declararon la guerra Egipto, Jordania, Siria, Iraq y Líbano, en la Primera Guerra Árabe-Israelí (1948 – 1949); luego vino la ocupación temporal de la Península del Sinaí en la Crisis de Suez (1956), la Guerra de los Seis Días (1967) en la que Israel ocupó Cisjordania y Gaza, los actuales territorios de Palestina, junto a otros; la Guerra de Desgaste (1967 – 1970) con combates limitados entre Israel y Egipto; la Guerra del Yom Kippur, que desató la crisis del petróleo en 1973; la primera invasión de Israel del Líbano (1982), cuyo objetivo era expulsar a la OLP; la Guerra del Líbano (2006) contra la guerrilla chiita proiraní Hezbolá. Por no hablar de las intifadas que se remontan a la década de los ochenta del siglo XX, en un forcejeo continuo entre Israel, potencia colonial, y la resistencia del pueblo palestino. Es decir, un reguero de víctimas continuas y constantes, sobre todo, de origen palestino, a través de las cuales pervive el Estado de Israel, como punta de lanza de Occidente en Oriente Medio. No hace falta citar fuentes para afirmar que la existencia de Israel como estado depende, hasta el momento, del apoyo militar de Estados Unidos y el diplomático de la Unión Europea.

Pero todo lo anterior ha quedado minimizado con lo pasado en los últimos tres años. Empecemos por Israel. El 7 de octubre de 2023 Hamas lanza un ataque contra territorio israelí, en el que mueren 1.200 personas y toma 240 rehenes. Desde entonces Israel, al mando de Netanyahu, ha llevado a cabo la respuesta más desproporcionada de la Historia contra el pueblo palestino. Las consecuencias las conocemos todos, 70.000 muertos, millones de desplazados y la destrucción total de las infraestructuras en Gaza y Cisjordania[1]. El sufrimiento del pueblo palestino recuerda mucho el que vivió el pueblo judío en manos de la Alemania nazi. Israel ha podido llevar a cabo esta masacre con el apoyo de Estados Unidos y el silencio cómplice de la mayoría de Europa. Además, Israel no solo ha querido la destrucción moral del pueblo palestino, sino que también intenta reconfigurar todos los equilibrios geopolíticos en la región de Oriente Próximo y, por tanto, ha extendido sus ataques militares a los huties en el sur del Yemen, al sur del Líbano y, sobre todo, pretende acabar con el régimen de Irán y su programa nuclear, de ahí su ataque conjunto con Estados Unidos en las últimas semanas.

Al margen de la motivación de crear un espacio de seguridad que evite futuros ataques de las guerrillas chiíes, circunstancia esta imposible ante el odio que Israel está generando, día tras día, por sus actuaciones, en el mundo musulmán. También está detrás de esta última guerra, la huida hacia delante de un político de extrema derecha, Netanyahu, que ha sido presidente de Israel más de 18 años (1996-1999, 2009-2021 y desde 2022 hasta la actualidad). Al margen de su discutida gestión conservadora y neoliberal, su agenda ha estado marcada por la corrupción. El único Primer Ministro en la historia de Israel que continúa en el cargo bajo una acusación de corrupción (abuso, fraude y abuso de confianza). El caso judicial más grave que tiene pendiente de resolución, no el único, es el caso 4000, en el que se le acusa de haber favorecido regulatoriamente al grupo de comunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura favorable del portal de noticias Walla[2]. También se le acusa de haber recibido regalos, por parte de empresarios, para ejercer gestiones, en beneficio de estos.

En resumen, el legado de Netanyahu es un Estado de Israel donde su relación con sus vecinos árabes es más frágil, su imagen a nivel internacional es peor que nunca, ya lo dijo Trump, excepto él, el resto del mundo odia a Netanyahu y, por extensión, al estado que representa[3]. Además de empobrecer a sus propios votantes, se estima que el coste de la guerra es de 57.000 millones de dólares, el 8,6% del PIB del país, sin incluir el año 2026[4]. Y todo esto por el deseo, por parte del pueblo israelí, de mantener en el poder a un personaje corrupto y poco interesado en el futuro del pueblo judío.

Hemos dejado en último lugar la política exterior de Trump, porque venía ocupando un lugar privilegiado desde el inicio de su segundo mandato, momento en el que los presidentes de Estados Unidos se vuelven más peligrosos. El primer mandato suelen dedicarlo a mejorar la economía, para conseguir una reelección; mientras que el segundo es el momento para que pasen a la Historia a través de la política exterior.

Sus primeras actuaciones han venido a refrendar un mantra neoliberal, repetido por diferentes gobiernos desde la década de los años 70 del siglo XX, la ruptura, lenta, pero constante, de los consensos de Posguerra. Trump ha acelerado el ritmo y en solo dos años ha dinamitado el más importante, la alianza militar entre Europa y Estados Unidos a través de la OTAN. Quizá sea la política exterior el ámbito de gobierno que peor se adapta a estos nuevos tiempos, donde la coyuntura domina todo el discurso y la mayoría de nuestras acciones, ya que unas relaciones internacionales sanas y duraderas buscan la estabilidad y, para ello, se deben basar en la confianza. Como dijo otra americana ilustre, Lady Gaga, la confianza es como un espejo: puedes arreglarla si se rompe, pero siempre verás la grieta.

Además de poner en riesgo una alianza atlántica que, sobre todo, le ha beneficiado y beneficia a Estados Unidos, ¿dónde, si no, va a encontrar otros aliados? También debemos tener en cuenta el nuevo escenario geopolítico de la “paz armada”, que Trump está intentando imponer a sus “socios” de la OTAN, con presiones a todos los países europeos para aumentar el gasto militar. El gasto gubernamental más ineficaz de todos. Si no se utiliza, será tirar a un pozo decenas de miles de millones de dólares y si tiene alguna utilidad… En fin. También podíamos incluir en el paquete de los desaires del presidente a Europa el intento grotesco de hacerse con Groenlandia, a costa de Dinamarca. Ningún otro país, en los últimos cincuenta años de historia, ha sido tan agresivo con la soberanía europea como lo ha sido Trump, en los últimos años.

Pero las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han sido todavía más agresivas que en Europa, no solo por la violación de la soberanía venezolana con el hundimiento de supuestas narcolanchas, donde a saber cuántas personas inocentes han muerto; o la captura, como si fuera un delincuente común, en suelo venezolano, de Nicolás Maduro. Esta se produce tras un pacto con la dictadura chavista, para que esta se mantenga en el poder a cambio de un petróleo que, antes de la intervención militar estadounidense, se dirigía en un 80% a China.

El ejemplo anterior es, uno más, de la recuperación de la política del “gran garrote” de Theodore Roosevelt (1901 – 1909), no en vano el primer presidente republicano elegido en el siglo XX, que sí ganó el premio Nobel de la paz, es la administración de referencia de Donald Trump. Esta política del “garrote” justificaba la intervención militar de Estados Unidos, en aquellos países latinoamericanos, en los que estuviesen en juego los intereses del Imperio. Después de Venezuela vendrá Cuba, a la que Trump está sometiendo al mayor bloqueo energético de su Historia. ¿Qué sentido tiene castigar a la población civil por tener un régimen político que ya le hace sufrir bastante? No se han dado cuenta de que los países a los que se somete a un bloqueo económico (Irán, Corea del Norte, etc.) refuerzan todavía más sus regímenes dictatoriales, dañando, además, los procesos de democratización interna.

Pero sus intervenciones en América Latina no se reducen a Cuba y Venezuela. Para una persona que ha basado parte de su campaña electoral en una supuesta manipulación electoral, eso sí, llevada a cabo solo en el caso de que pierda las elecciones, no podía faltar un proceso de manipulación electoral visible y amplificado en sus redes sociales. En Argentina, en las elecciones legislativas de octubre de 2025, Trump prometió una ayuda económica de 22.000 millones de dólares si su “aliado” ideológico (Milei) ganaba las elecciones. Este las ganó y nada se supo de dicha ayuda económica, ni tampoco se le espera. Está claro que en eso el trumpismo es más rentable que los rusos y los chinos, se ahorra los ciberataques, no los necesita.

Por último, estamos ante el único gobernante del mundo que no ha dudado en apoyar abiertamente el genocidio de Netanyahu en Palestina. No debemos olvidar que su ejecutor, el primer ministro de Israel, está siendo perseguido, junto con miembros de su gabinete, por el Tribunal Penal Internacional. Un Tribunal creado por el Estatuto de Roma en 1998 a partir de la experiencia de los Tribunales de Núremberg y Tokio, todos ellos impulsados por la diplomacia de Estados Unidos. Pero su sórdida participación en Oriente Medio no solo se reduce a dar a Netanyahu licencia para matar al pueblo palestino, sino que también se ha extendido mediante acciones militares en Yemen contra los Hutíes. Y, en los últimos meses, en una nueva guerra contra Irán, iniciada en junio de 2025, donde ya han muerto más de 1.200 civiles y militares iraníes, ha encarecido el petróleo, elevado la inflación y las dificultades económicas se han disparado en Estados Unidos y Europa. Por tanto, nos queda preguntarnos: ¿cuál ha sido el objetivo de este desastre? En primer lugar, llevado por su propio mesianismo, Trump pensaba que Irán era Venezuela, que podía llevar a cabo una intervención militar sin apenas costes y, como en el país latinoamericano, quedarse con su petróleo. Pero no es así, no solo el régimen de los ayatolás ha resistido al empuje de los marines, sino que ha desorientado a una oposición que apostaba claramente por la democratización del país, es decir, ha reforzado la dictadura religiosa que pretendía derrocar.

Y en el fondo de todo esto, está el conflicto con China, la potencia agazapada que ante el hundimiento de Estados Unidos bajo el mandato de Trump, solo busca su oportunidad, con paciencia y sin hacer ruido, algo propio de su cultura milenaria.

A lo largo de la Historia todas las transiciones entre potencias han sido violentas: La Guerra de los Treinta Años (1618 – 1648) supuso el sorpaso de Francia a España; la Guerra de los Siete Años (1756 – 1763) abrió el camino para el ascenso del Imperio Británico; la Guerra Franco-Prusiana (1870 – 1871) dio a conocer al mundo la nueva potencia que había surgido del proceso de unificación alemán; y la I Guerra Mundial (1914 – 1918) situó a Estados Unidos como la primera potencia económica y política en el mundo, hasta nuestros días. No repitamos errores del pasado, que los votantes de Israel y Estados Unidos no apuesten por un proceso de autodestrucción que sitúe a China como la única superpotencia del siglo XXI. Los mundos multipolares siempre generan más grietas por las que respira la libertad que los unipolares. 

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[1] https://www.britannica.com/event/Israel-Hamas-War Data:11/07/2026.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/October_7_attacks Data: 11/07/2026.

[3]https://cadenaser.com/nacional/2026/06/02/trump-a-netanyahu-estas-jodidamente-loco-estarias-en-la-carcel-de-no-ser-por-mi-te-estoy-salvando-el-pellejo-cadena-ser/ Data: 11/07/2026.

[4]https://nairametrics.com/2026/03/23/israels-economy-lost-57-billion-during-two-year-gaza-war-report/ Data: 11//07/2026.

¿QUÉ SUCEDE CON LA DERECHA?

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Joshua_Reynolds_-_Edmund_Burke,_1729_-_1797._Statesman,_orator_and_author_-_PG_2362_-_National_Galleries_of_Scotland.jpg

Esta pregunta no es irrelevante. Los partidos conservadores son uno de los pilares de la democracia. Para que esta funcione y sea estable necesitamos una alternativa progresista y otra conservadora, independientemente de sus siglas. Necesitamos períodos en los que la sociedad avance y otros en los que repose y conserve los logros establecidos. Es fundamental la alternancia en el poder, porque nada desgasta y erosiona más que la gestión de la sociedad y el Estado. Ningún partido político se debe convertir en una opción institucional de la democracia, sino caminaríamos hacia otro tipo de sistemas políticos.

Está claro que los partidos conservadores y la ideología que defienden, prácticamente desde Thomas Hobbes o Edmund Burke, se han vinculado a la autoridad y el orden, como garantes de la estabilidad, ya sea la monarquía absoluta (Hobbes) o la monarquía parlamentaria inglesa, garante de la tradición frente a los cambios de la Revolución Francesa (Burke).

A la búsqueda del orden, rápidamente se añadió el elemento religioso, al fin y al cabo, la religión es la principal guardiana de la tradición. Y a lo largo de la Historia la Iglesia ha financiado y reconstruido a diferentes partidos conservadores en todo el mundo. En España tenemos el ejemplo de la CEDA, en Europa, el gran aliado de la socialdemocracia en los años de posguerra, fueron los partidos democristianos. Y no hemos de olvidar que, el “laicismo”, es una visión política muy focalizada en Europa Occidental. Baste recordar la importancia política de los movimientos evangélicos en toda América o el fuerte vínculo que existe entre religión y política en el mundo musulmán.

El tercer valor que podríamos poner en juego sería la defensa de la “nación” o lo que vulgarmente conocemos como patriotismo. Aunque la nación, en un sentido contemporáneo, surge a partir de las revoluciones liberales que convierten al siervo medieval en ciudadano, hecho este que ya había adelantado Rousseau con su concepto de soberanía nacional (1762). Pese a ser, en su día, un concepto progresista que cuestionó los sistemas políticos del Antiguo Régimen, según entramos en el siglo XIX y frente a una Ilustración forzada por los ejércitos napoleónicos, que produce levantamientos populares por toda Europa, el nacionalismo decimonónico irá virando hacia la derecha. Sobre todo, un nacionalismo vinculado a la reivindicación de elementos culturales (historia, lengua, folclore, etc.). Un principio, el de nación, que contribuye a crear identidad, conciencia colectiva y, por tanto, a fortalecer los vínculos sociales entre diferentes individuos.

El último valor, que está en la génesis de la derecha anglosajona, quizá la más influyente de todas, será la defensa del liberalismo, del individuo frente al Estado. Surgió en Inglaterra en el siglo XVII, con unas revoluciones liberales que pretendían preservar las “libertades” parlamentarias frente a un absolutismo monárquico, que se venía imponiendo desde la Europa continental. Esta tuvo en John Locke y Adam Smith a sus padres fundadores, ya sea en el ámbito político o en el económico. El primero nos sitúa ante un valor universal que todos defenderíamos, crear un espacio político donde el individuo, independientemente de sus circunstancias, pueda buscar y construir un proyecto de autorrealización personal, al margen de intereses superiores encarnados en el Estado. El segundo nos sitúa ante la iniciativa privada, como elemento clave del crecimiento económico, algo de lo que todos, en teoría, nos deberíamos poder beneficiar, tarde o temprano.

Por tanto, hemos resumido, seguro que nos hemos dejado alguno, aquellos valores “fundamentales” de la derecha que, según el politólogo George Lakoff (documental de Víctor Alonso-Barbel la “Clase valiente” del año 2016), guían el voto de las personas: orden y estabilidad, defensa de la religión y de la nación, por último, la libertad individual y la iniciativa privada. Es decir, mayoritariamente la gente no vota por interés personal o colectivo, sino porque el político que se presente a las elecciones se convierta en la encarnación de sus valores. Es una pena que estos no se identifiquen con políticas públicas o leyes, sino que tengan que ser encarnados en un liderazgo fuerte y, cuanto más complejas son las sociedades, más parece necesario ese hiperliderazgo que simplifique la elección.

En resumen, podemos estar de acuerdo o no con los valores anteriores, y los líderes que los encarnan, pero estos tienen legitimidad política cuando el que los propone, es decir, el político conservador, neoliberal, democristiano, republicano, etc. Considera que su propuesta va a generar una sociedad mejor para todos/as. Algo que no está pasando en los últimos años. Quizá el miedo a perder poder, la incertidumbre del sistema capitalista ante retos globales como la crisis climática; incluso, aspectos más coyunturales como la pérdida de hegemonía de Estados Unidos o haber llegado al límite de las políticas neoliberales tras la Gran Recesión (2007 – 2014). Todo lo anterior, hace que estos partidos hayan dejado de actuar en política de acuerdo con sus valores y solo busquen el objetivo de conservar el poder a cualquier precio, guiados incluso por el miedo a la incertidumbre de un mundo que ya no controlan.

Por desgracia, esta realidad no es única en la Historia, los sistemas liberales en Europa perdieron el rumbo tras la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), cuando no pudieron culminar sus aspiraciones nacionales y todos fueron derrotados en el barro de la guerra de trincheras. La brutalidad del colonialismo, la Gran Guerra, el fracaso de los proyectos nacionales, la Revolución Rusa (1917) y el fin de la primera globalización amparada en el poder de la libra esterlina, guiaron las aspiraciones de los electores en muchos países a través del miedo, lo que provocó el ascenso de los fascismos y, de nuevo, el incendio de Europa en la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Se equivoca la derecha si ahora vuelve a verse guiada por el miedo en la toma de decisiones políticas y, como en el pasado, contribuye, de nuevo, al ascenso de la extrema derecha. Porque esas políticas, guiadas por la ambición y el miedo, rápidamente te convierten en rehenes de unas promesas imposibles y lo único que provocarán en el futuro, de nuevo, será una nueva hegemonía de la izquierda en las siguientes décadas, tras el fracaso de unos partidos políticos conservadores, que decidieron inmolarse con las políticas que ahora aplauden. 

PIKETTY: UNA PAZ CUYO PRECIO ES LA DESIGUALDAD

El mundo que nos habían contado nuestros padres y abuelos, el mundo en el que creíamos cuando estudiábamos; un mundo lleno de esfuerzos y recompensas, una sociedad meritocrática, que reconocía tus logros personales desde la escuela hasta la jubilación, se esfumó con la Gran Recesión (2007 – 2013). Esto no quiere decir que esta crisis económica cambiase estructuralmente la dinámica del sistema capitalista, sino que hizo más visible los cambios que se venían sucediendo en el mundo, desde la Revolución Conservadora de los años setenta del siglo XX.

La realidad anteriormente descrita no es solo una percepción fruto de las malas noticias económicas que se sucedieron durante los años de la crisis económica, sino que está perfectamente documentada en la obra del economista francés Thomas Piketty (1971-), a través de una exhaustiva recopilación estadística sobre la distribución de ingresos en los principales países de Occidente. Sus series de datos muestran cómo tras los Treinta Gloriosos (1945 – 1973), hemos vuelto al punto de partida, y la desigualdad ha crecido tanto que nos situamos en unas condiciones estructurales similares a las vividas durante los años previos a la I Guerra Mundial (1914 – 1918).

La constatación de esta realidad se realiza a través de un arduo recorrido por 116 gráficas y cuadros, un hecho que parece contradictorio en un autor que ya en las primeras páginas critica el excesivo abuso que, en las últimas décadas, ha hecho la ciencia económica del análisis matemático. Pero la crítica de Piketty a su disciplina no es tanto metodológica, como epistemológica, es decir, unas matemáticas que alejan a los economistas de las preguntas que realmente se han de plantear, como a las que, sin embargo, pretende dar respuesta, Piketty. ¿Por qué crece la desigualdad en nuestras sociedades? Por otro lado, este uso inmoderado de las matemáticas también ha generado una ilusión de estabilidad en los mercados económicos (caso Pareto), que han favorecido determinadas interpretaciones ideológicas de la realidad, cercanas al neoliberalismo, al generar la sensación de una estabilidad macroeconómica en el largo plazo y que, por tanto, legitima, el modelo económico capitalista. Sin embargo, los datos que nos ofrece Piketty en su obra, parecen contrarrestar este prejuicio ideológico.  

El economista francés se nos muestra, por tanto, como un perfecto producto salido de la academia francesa, ya que el autor reivindica la necesidad de que los economistas vuelvan a incorporar la mirada histórica en sus investigaciones. Una mirada que se asemeja a la longue durée de Braudel, ya que Piketty nos retrotrae a los años de la Revolución francesa, para iniciar sus comparativas sobre la redistribución de ingresos, tanto en la sociedad francesa como en la británica. La pintura que nos ofrece del siglo XIX se beneficia de sus conocimientos literarios. Para ejemplificar cómo estamos en una época donde el trabajo y los estudios eran responsables de una peor vida que la renta o la herencia, recurre a Papá Goriot de Balzac (uno de los pocos fallos de la obra es la mala traducción desde el francés de las obras de Balzac, que en la traducción al castellano aparecen como el pobre Goriot) o, para el caso inglés, a las novelas de Jane Austen, cuyos héroes muy a menudo elegían no tener una profesión. 

Tras el siglo XIX Piketty analiza los inicios del siglo XX, La Belle Époque y las dos guerras mundiales. Para el autor francés, la historia de 1914 a 1945 fue el suicidio colectivo de Europa y su sociedad de rentistas. Los niveles de desigualdad llegaron a cotas históricamente altas (en la actualidad se están alcanzando unos niveles similares). Aunque también será en esta época cuando las dos guerras mundiales, la aparición de la inflación y los cambios en el sistema político harán tabla rasa con el pasado. La riqueza patrimonial que venían acumulando las clases altas desde el siglo XIX se perderá en el convulso mundo de entreguerras y se iniciará una disminución de las desigualdades sociales. Por ejemplo en Francia el decil superior (10 % de los ciudadanos más ricos) pasó de acumular entre el 45-50 % de la renta nacional al 30-35 %. Este esquema que se ha desarrollado a partir del modelo francés se siguió con mayor o menor similitud en el resto de países europeos, siendo incluso más radical la disminución de las desigualdades en el caso de las naciones liberales (Estados Unidos y el Reino Unido).

Tras la II Guerra Mundial llegará la reconstrucción de Europa, la implementación de un impuesto progresivo sobre la renta más eficaz y con mayor capacidad de recaudación que en otras épocas, la construcción de los Estados del Bienestar y la aplicación de política keynesianas de estímulo de la demanda mediante inversión pública. Todo esto hace que el peso del Estado en la economía crezca desde el 10 % en Entreguerras a cerca del 40 %, según países, lo que llevará a la mayor reducción de la desigualdad de la historia. En estos años el decil de renta superior pasó de controlar el 70 % de los ingresos nacionales a tan solo el 40 %, además el capital heredado representaba menos del 50 % de la renta nacional, mientras que en la Belle Époque llegaba a alcanzar el 90 %.

Los llamados Treinta Gloriosos o los Años Dorados del Capitalismo indujeron a pensar que el sistema económico se había trasformado por completo, que no era el mismo que en el siglo XIX. Así aparecieron estudios como el de la curva de Kuznetts que, al centrar su análisis en estos años, creó la imagen de que el sacrificio de la clase trabajadora en el siglo XIX favoreció una acumulación de capital del que posteriormente se beneficiarían amplias capas de la población, durante la segunda mitad del siglo XX. El análisis de longue durée de Piketty pone en evidencia estos axiomas incuestionados del capitalismo, como la historia de sangre, sudor y lágrimas de los primeros siglos del capitalismo, un peaje necesario que teníamos que pagar para luego beneficiarnos colectivamente de sus logros. La sucesión a partir de la década de 1970 de los, conceptualizados por Piketty como Treinta penosos, donde el crecimiento económico ha sido muy bajo y la desigualdad se ha vuelto a incrementar, contradice la mencionada curva de Kuznetts.

Entre 1977 y 2007 el decil superior de Estados Unidos se adueñaron de tres cuartas partes del crecimiento y el 1 % de los más ricos absorbió el 60 % de la riqueza nacional. En el año 2007, el año previo a la Gran Recesión, Piketty muestra cómo el decil superior de renta superó por primera vez el 50 % de los ingresos nacionales. Esto es si cabe más grave en una sociedad donde no existía el nivel de acumulación de rentas que había en Europa en el pasado y, por tanto, su “tradicional” nivel de equidad era mayor. En el siglo XIX, la concentración de riqueza de Estados Unidos era menor, ya que el país se construye a partir de emigrantes recién llegados sin patrimonio y, por tanto, la concentración de riqueza todavía no había tenido tiempo de ocurrir. Ahora, tras haber liderado la revolución neoliberal desde la década de 1970, impuesta por el agotamiento de las políticas neokeynesianas que no supieron hacer frente al proceso de estanflación en la que entraron las economías occidentales con el alza de los precios energéticos en 1973, el neoliberalismo ha creado en los países anglosajones la llamada sociedad de los “superejecutivos”. Los directivos de las grandes empresas cobran ahora hasta cien veces más que hace tres décadas y, además, pagan menos impuestos. Nos recuerda Piketty, que la justificación de su salario no se fundamenta en su “productividad”, sino en el poder que ejercen. Los beneficios de sus empresas están asociados, en cierta medida, a los ciclos económicos y, por tanto, no tanto a su desempeño profesional. Esto es lo que los economistas Bertrand y Mullainhatan denominaron pay for luck Este modelo también ha sido el responsable de una trasferencia gradual de riqueza pública hacia el ámbito privado, lo que alimentó el crecimiento de los activos inmobiliarios y bursátiles, que a su vez estalló en varias burbujas financieras que devinieron en crisis económicas.

Nos enfrentamos, por tanto, ante una coyuntura ideológica que ha favorecido el incremento de las desigualdades durante casi cuatro décadas. La confianza de las élites políticas y económicas de Occidente en este modelo económico no parece haberse roto, ni siquiera a través de las experiencias negativas producidas por las Gran Recesión, que han puesto de manifiesto el punto crítico al que podemos llegar si mantenemos el mantra neoliberal de, menos estado y más “libertad” de mercado, para enriquecerse a costa de cualquier límite ético.  Pero Piketty no solo nos muestra un mundo donde la coyuntura va en contra de la igualdad, sino también una realidad estructural con un fuerte componente de “desigualdad”. La ausencia de un fuerte crecimiento económico en el mundo occidental desapareció a principios de los ochenta y los políticos y votantes se resisten a creérselo. La productividad ha reducido su crecimiento y esta caída no puede ser equilibrada por otros factores económicos como el demográfico, ya que estamos ante sociedades envejecidas con una tasa de natalidad muy baja y que, además, rechaza, cada vez más, a la emigración. El otro factor que históricamente ha compensado el crecimiento del capital ha sido la inflación, pero experiencias como la hiperinflación de los años 20 en Alemania o de los 70 y 80 del siglo XX en América Latina desaconsejan utilizar este arma, que en su día se “descubrió” para acabar con el endeudamiento que había generado la I Guerra Mundial (1914 – 1918). Sin este tipo de compensaciones que no equilibren el crecimiento estructural del 5 % del capital, la desigualdad crecerá. Solo durante los años de reconstrucción de Posguerra se  superó esta trampa estructural, se creó la ilusión de que el capitalismo se había trasformado y de que estábamos logrando vivir en una sociedad meritocrática, donde por primera vez en la historia el trabajo era más importante que la herencia. Pero los datos que muestran las tablas de Piketty nos sacan de este espejismo y muestras los Treinta Glorioso más como un paréntesis en la larga historia del capitalismo, iniciada a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, que como una historia de revolución trasformadora. Evidentemente, el propio autor reconoce que hay hechos, en la actualidad, que difieren del siglo XIX, como que ahora existe una verdadera “clase media patrimonial” y, así, el 10 % de los más ricos ya solo poseen dos tercios de la riqueza, frente al 90 % que poseían en los años previos a la I Guerra Mundial.

En resumen, Piketty nos muestra un mundo que fue más igualitario gracias a la tabla rasa con el pasado que hicieron las dos guerras mundiales, frente a la fuerte concentración de riqueza que el mundo vivió en el siglo XIX y que ahora parece que estamos reeditando. La centuria decimonónica fue un largo período sin guerras, catástrofes mayores y sin impuestos. En los años setenta del siglo XX el capital heredado apenas representaba el 40 % del capital privado, de continuar el modelo de acumulación actual en el año 2050 supondrá el 90 %, lo mismo que durante Entreguerras. Si las cohortes demográficas del Baby Boom vivieron el sueño americano de hacerse a ellas mismas, las cohortes nacidas en el último tercio del siglo XX están empezando a estar sometidas al peso de la herencia, casi tanto como las del siglo XIX.

Otra de las tragedias de esta gran obra del economista francés, no es únicamente ese 5 % de crecimiento estructural del Capital, sino que como todo buen científico social Piketty es más agudo en la denuncia del estado de cosas actuales, que en la proposición de una alternativa viable. No estamos ante un autor radical que pretende subvertir la economía capitalista, sino reformarla para que sus contradicciones no acaben con ella. La solución que propone sería globalizar los instrumentos de la economía mixta o socialdemócrata, al establecer un impuesto sobre la renta progresiva en el mundo. Este no sería especialmente gravoso y actuaría, más que nada para establecer un control sobre el movimiento internacional de capitales, evitando todos los aspectos “oscuros” que dicho movimiento pueda generar. La propuesta sería del 0,1 % sobre los patrimonios inferiores a 200.000 euros, un 0,5 % para los situados entre 200.000 y 1 millón de euros, el 2 % para las rentas situadas entre el millón y los 5 millones de euros y, por último, entre el 6-7 % para las fortunas que superen los cinco millones de euros. El problema de esta Tasa Tobin es que sería necesario un gobierno mundial que gestionase este impuesto y redistribuyese sus beneficios. Lo que Piketty obvia, como casi toda la élite internacional académica, es que un principio de soberanía, para que esta sea legítima y no coercitiva, debe establecerse bajo unos parámetros identitarios comúnmente compartidos, algo para lo que parece que todavía no está preparada el conjunto de la humanidad, más allá de determinados círculos de intelectuales que ven necesarios estas soluciones técnicas ante los riesgos globales, no solo de tipo económico, a los que nos enfrentaremos en un futuro próximo. Un ejemplo de ello sería la poca operatividad de aquellos procesos de regulación bancaria que surgen en Estados Unidos, la única nación con cierta capacidad de respuesta global, como el FACTA, una ley que eliminó en el año 2015 el secreto bancario en Estados Unidos, incluso a los bancos que operan en el extranjero. El problema es que no solo las sanciones al incumplimiento de la ley son insuficientes, sino que la nueva administración Trump opta por soluciones diferentes, frente al desarrollo de instituciones a escala global que regulen el capitalismo.

En resumen, como en los años previos a la Revolución Industrial, en Occidente tendremos que preocuparnos más por las desigualdades que se producen dentro de nuestras naciones que entre el famoso norte y sur, omnipresente durante la segunda mitad del siglo XX. Entre 1900 y 1980 Estados Unidos y Europa Occidental producían casi el   80 % de todos los bienes y servicios producidos en el mundo, en la actualidad este porcentaje ha disminuido al 50 % y nada hace pensar que en las próximas décadas este no vaya a seguir disminuyendo en un porcentaje similar. Nos hemos topado, de nuevo, ante una sociedad donde, en palabras de Piketty, el pasado devora el porvenir y donde solo un cataclismo (guerras o hiperinflación) parece poder salvarnos de ese pasado.

Una lectura totalmente recomendable para aquellos que quieran entender el mundo económico que surge a partir de la Gran Recesión (2007 – 2013), para aquellos que reivindiquen una renovada metodología en las ciencias económicas, más cercana a las grandes preguntas de las Ciencias Sociales como, ¿por qué el aumento de la desigualdad en nuestras sociedades?, ¿cómo hasta ahora hemos sido incapaces de solucionar el problema de la desigualdad, sino a través de una crisis generalizada del sistema,  que en el siglo XX ha dado lugar a dos guerras mundiales? Esperemos que en el siglo XXI no repitamos la misma historia, aunque, de momento, parece que la tesis de Piketty no apunta hacia un horizonte nada halagüeño. Una obra más que contribuye a considerar el siglo XIX el siglo de la lucha por la libertad, el siglo XX el de la lucha por la igualdad y el siglo XXI un siglo, al menos en sus inicios, radicalmente nihilista.