LOS PEORES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DEMOCRACIA

Los Presupuestos Generales del Estado, al fin y al cabo, son la decisión más importante que toman el Gobierno y el Parlamento Español cada año. Su labor es la administración de los ingresos del Estado, recaudados vía fiscal, y su redistribución a través de la inversión del Estado y los servicios públicos.

Es en el equilibrio entre ingresos y gastos donde realmente se ve la condición política del Gobierno, es decir, si realmente estamos ante un gobierno de derechas que con sus decisiones beneficia a las rentas más altas o es de izquierdas y centra su gestión en la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Su importancia no escapa a los principales partidos políticos que han ocupado el poder en España desde la Transición. La estabilidad del ministerio de economía ha sido similar a la de la presidencia del gobierno. Felipe González sólo contó en sus cuatro gobiernos con tres ministros de economía (Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes); José María Aznar asoció el éxito de sus ocho años de gobierno a la gestión en la vicepresidencia económica de Rodrigo Rato; Zapatero situó a Pedro Solbes al frente del ministerio, cuando éste ya había sido ministro de economía durante el último gobierno de Felipe González; por último, Mariano Rajoy sitúa a Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, cargo que ya había ocupado bajo el gobierno de José María Aznar. Podríamos decir que los gobiernos se suceden, pero los ministros de economía y las políticas económicas permanecen.

Sin embargo, la crisis económica también puede haber dado al traste con la máxima anterior. En primer lugar el PP ha sacrificado, en su beneficio electoral, el ritual de los presupuestos. Por primera vez en la historia de España, un gobierno no ha presentado las cuentas públicas en diciembre. Ha roto, por tanto, el pacto implícito que tenían los partidos políticos de situar los Presupuestos fuera del ciclo político. Esto además generará un trastorno de calado, ya que el recorte se tendrá que realizar en ocho meses y no en los preceptivos doce, lo que dificulta en extremo el cumplimiento de las cuentas propuestas, con todos los inconvenientes para la “prima de riesgo” que sabemos acarrea.

En segundo lugar, analicemos la vía de los ingresos:

1. La amnistía fiscal valorada en 50.000 millones de euros. Es decir, el PP está haciendo legal retroactivamente lo que era ilegal. Esto nos sitúa en la senda de los gobiernos de Berlusconi, el único presidente del mundo que ha tomado una medida semejante. La crítica a esta acción se justifica por si misma: ¿en qué posición quedan todos aquellos que, con sacrificios, han cumplido la legalidad fiscal? ¿Qué incentivo tendrán a partir de ahora los empresarios para cumplir con la legalidad vigente? En resumen, una medida que nos sitúa como un país de tercera, ya que el cumplimiento estricto de la ley es fundamental a la hora de legitimar el proceso de toma de decisiones políticas.

2. El mayor aumento de la presión fiscal en la democracia, valorado en 12.573 millones de euros, a lo que abría que sumar los más de 5.000 millones de euros que subió en enero con el aumento del IRPF. El partido que hizo oposición al Gobierno anterior y tenía como seña de identidad la no subida de impuestos, que proclamaba que la bajada de los mismos como algo absolutamente necesario para reactivar el consumo, la actividad empresarial y la economía, lleva a cabo la mayor subida fiscal de la Historia. Esto desacredita cualquier discurso posterior que realice el Gobierno, porque las circunstancias no han cambiado en cien días y mintieron a su electorado, hicieron más difícil el camino del Gobierno anterior cuando éste propuso medidas similares, mostrando muy poca responsabilidad de Estado. Por tanto, la credibilidad que tenían se va con los cerca de 18.000 millones de euros que tendremos que pagar todos, en un contexto recesivo de menos empleo, menos salarios, menos servicios públicos y más impuestos.

3. En un escenario recesivo como el nuestro, donde el propio gobierno prevé que la economía se contraiga en 1,7 puntos y el paro aumente en 600.000 personas más, lo que está claro es que cualquier modificación del gasto público reduciendo gastos e incrementando los ingresos sólo traerá un escenario recesivo mayor y, por tanto, una caída de los ingresos que no compensará estos aumentos.

En tercer lugar, analizamos los gastos:

1. El Estado, por término medio, establece un recorte del -9,6%, pasando de 134.983 millones de euros a 122.083 millones de gasto. Esto es el mayor recorte del Estado en nuestra historia, lo que, por sí sólo, hará que la economía española en los próximos meses entre, de nuevo, en barrena, ya que es imposible que el sector privado, con un problema de deuda mayor que la del Estado (2,8 billones frente a 0,7), compense esta caída de la demanda.

2. De nuevo, además, el señor Rajoy, al igual que con la elevación de los impuestos, ha vuelto a mentir a la ciudadanía. Dijo que las partidas de sanidad y educación eran intocables, y éstas sufren un recorte de 365 y 830 millones de euros. Es tan imposible que en el año 2007 Zapatero no viera lo que se nos avecinaba, como que Rajoy vaya de sorpresa en sorpresa respecto de nuestras cuentas y situación económica.

3. Es una evidencia lo poco sociales que son estos presupuestos. La ayuda en cooperación internacional se reduce en más de un 50%, se suspende el fondo para integración de inmigrantes y la ayuda del Gobierno Central a la dependencia. Ya hemos visto qué pasa con sanidad y educación… Los datos se comentan por sí solos.

4. En ningún momento se plantea el generar un modelo económico que garantice nuestro crecimiento económico en el futuro. Se rehabilitan las ayudas a la compra de vivienda, por tanto, se están situando 4.000 millones de euros a engordar el modelo económico que nos ha llevado a esta crítica situación y además el gasto del Ministerio de Industria se reduce en un 31,9%, las ayudas a la generación de energías renovables se suprimen y también se reducen las bonificaciones empresariales por invertir en I + D. Comparen esto con la actuación alemana, que parece el nuevo espejo económico en el que toda Europa se mira. Cuando Schröder aprobó la Agenda 2010, que está en la base de los recortes laborales de Alemania, al mismo tiempo, generó un fondo de 1.500 millones de euros para la Instituto Max Planck de Innovación Tecnológica. Es decir, hay que saber recortar y saber que ciertos gastos hay que mantenerlo o expandirlos porque están en la base de nuestro crecimiento futuro.

5. Como estos presupuestos son inasumibles por la ciudadanía los ministerios que menos recortes sufren son Interior (-4,3%) y Defensa (-6,8%). ¿Cómo es posible que estos ministerios sufran un recorte menor que Sanidad, Educación o Industria?

Estos presupuestos, se analicen desde el lado de los ingresos o de los gastos, imposibilitan la recuperación económica de España y ¿alguien cree que se puede solucionar el problema de la deuda haciéndonos más pequeños?

En resumen, estos presupuestos han sido un ejercicio dialéctico donde el PP ha puesto a prueba su influencia mediática, para vender una mentira (su programa electoral), varias pleitesías (Merkel y los mercados) y el sacrificio del Estado del Bienestar español.

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO?

Una Huelga General es algo muy costoso para la clase trabajadora. Es un último recurso y siempre se ha empleado con responsabilidad por los trabajadores. Los trabajadores se significan en sus centros de trabajo y pierden un día salarial bruto de su sueldo; por otro lado, las centrales sindicales echan un pulso al gobierno y hacen una demostración de fuerza ante la sociedad; a este respecto tienen mucho más que perder de lo que pueden ganar, ya que de no tener un éxito rotundo los sindicatos volverán a mostrar su vulnerabilidad ante la sociedad. Estos no cuentan con el apoyo de los medios de comunicación de masas y en una sociedad mediática y mediatizada como la nuestra esto resulta imprescindible, sus defectos se engrandecen y sus virtudes se menoscaban.

De este modo, en estos días se les está atacando de un modo diría que incluso burdo.

Por parte del PP diciendo que los sindicatos han convocado antes de los 100 días de gobierno la huelga (claro, como si ellos hubieran tardado cien días en realizar la mayor agresión a los trabajadores de un gobierno desde la Transición). Todo el mundo es consciente de que si los sindicatos, pese a sus disminuidas fuerzas, no reaccionan, su legitimidad sería puesta en entredicho. Porque realmente esta reforma laboral sitúa en el lado del capital toda la responsabilidad de la contratación y el despido, un hecho este que decapita de un plumazo varias décadas de concertación social.

Por otro lado, los medios de comunicación se muestran contrarios a reconocer el papel de los sindicatos en la sociedad; no hemos de olvidar que son grupos empresariales y ya se sabe el refrán, es muy difícil morder la mano que te alimenta.

Pero al margen de estos presupuestos los diferentes artículos de esta reforma laboral son, todos y cada uno de ellos, causa objetiva de una huelga general:

1. Se suprime la autorización administrativa en caso de un despido colectivo, lo que conocemos como un ERE (Art. 51). La crisis actual es consecuencia directa de la falta de regulación sobre el sistema financiero y esa misma práctica nefasta se extiende ahora a las relaciones laborales. ¿Cómo es posible que la administración no tenga nada que decir? Máxime si tenemos en cuenta que se trata, en su mayoría, de grandes empresas que han recibido subvenciones públicas por su establecimiento y el mantenimiento de plantillas; o de despidos que afectan al pago que la Administración tiene que realizar en seguros de desempleo, así como, en muchos casos, recortes de plantilla que acaban en jubilaciones y prejubilaciones que paga el Estado.

2. Aplicación del despido colectivo y objetivo en el Sector Público (Disposición Adicional 20). Como en el caso de Irlanda, Gran Bretaña y Grecia se abre la espita al despido de funcionarios en caso de que la Administración encuentre insuficiencia financiera durante tres trimestres seguidos. Esto abre el camino hacia el desmantelamiento de los servicios públicos, y de la estabilidad administrativa que había encontrado nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es posible hablar de insuficiencia financiera en un servicio público cuando es el gobierno el que determina los flujos financieros? Si hubiera un sector público que se movilice demasiado o la crisis hiciera que los recursos se redujeran hasta tal punto que el empleo público se conviertiera en un bien extraordinario, el político de turno sólo tiene que reducir ingresos (suprimir algún impuesto) y generar déficit público durante tres trimestres consecutivos para luego colocar a sus “amigos”. Esto, además, iniciaría un proceso de inestabilidad administrativa que retrotraería el Estado a una incertidumbre decimonónica.

3. Reducción drástica de los derechos de los trabajadores en caso de despido procedente. Como sabemos se pasaría de un contrato fijo con una indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a otro de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades. Este sistema de contratación hace casi inviable que un trabajador que haya dedicado 28 años de su vida al crecimiento de una empresa obtenga una seguridad vital “razonable” si se ve envuelto en una reducción de plantilla a la edad de 50 años, ya que es poco probable que vuelva a encontrar un trabajo. Esto supone que antes obtendría, para un salario medio de 1.500 euros al mes, 63.000 euros, que junto con los dos años de paro le permitiría sobrevivir hasta la jubilación e, incluso, tener un colchón financiero suficiente para aventurarse en la construcción de una PYME. Sin embargo, el nuevo decreto le está “robando” su futuro y, en términos contables, 27.000 euros, para quedarse en tan sólo 36.000 euros, una persona que ha dedicado toda su vida a una empresa y al enriquecimiento de otros. El abaratamiento del despido en un 40% supondrá facilitar el despido de los trabajadores que más años llevan en la empresas, que más difícil tienen su ubicación en el mercado de trabajo, a largo plazo supondrá para la empresa la pérdida de experiencia, productividad y capital humano y, al final, para el Estado un problema social de difícil solución.

4. Se vuelve a hacer más vulnerables a los trabajadores que inician su andadura en el mercado laboral. Si la anterior medida perjudica, sobre todo, a los trabajadores cercanos a la salida del mercado laboral, la medida que establece que una empresa de menos de 50 trabajadores puede hacer contratos de aprendizaje (Art. 14), es decir, con menos derechos laborales y salariales, durante un año, incide directamente sobre los derechos de los trabajadores que se han incorporado recientemente al mercado laboral. ¿Cómo una persona puede estar en una empresa a prueba durante un año, si no es para aprovecharse de su rendimiento a un menor coste? Además esto no asegura que lo contraten después de finalizar el año de prueba, sino que contratarán a otro joven aprendiz al que exprimir.

5. Se borra de un plumazo 90 años de concertación social en España. En los art. 82 a 91 se permiten el descuelgue de la empresa de los convenios colectivos sectoriales en materia salarial y cualquier otra causa que afecte a las condiciones de trabajo. Se está negando la capacidad de negociación que tienen los representantes de los trabajadores y sitúan ésta directamente entre patrono y obrero. No es difícil explicar que ésta no es una condición entre iguales, que sitúa al trabajador en una condición cercana a la servidumbre. Sólo baste recordar que el sindicalismo de los años 30, de Largo Caballero y la CNT centró su lucha en hacer de los sindicatos la parte negociadora de los trabajadores con los empresarios. Es en ésta época, cerca de 100 años atrás, donde nos sitúa esta reforma laboral.

6. Descausalización en la movilidad geográfica (art. 40). La empresa no necesita ninguna motivación para establecer la movilidad geográfica de sus empleados, esto cosifica al trabajador. En la época romana a los esclavos se les llamaba instrumentum vocalis, es decir, herramienta que habla. Aquí, por tanto, la reforma laboral sitúa al trabajador en condiciones cercanas a la esclavitud y no exagero, ya que el trabajador no tiene el derecho a exigir una “razón” justa a la hora de elegir entre el sustento de su familia y ésta. ¿Cómo es posible que se le puede negar una razón a alguien que va a tener que abandonar su familia, círculos sociales, vida, etc.?

Sólo estas seis causas serían suficientes para justificar una revolución social, de momento espero que los 17 millones de trabajadores que hay en este país, las tengan en cuenta para salir en defensa de sus derechos. Un trabajador orgulloso de su labor y función dentro de la sociedad no puede ver, sin hacer nada, como vejan de este modo la dignidad de su trabajo.

LA POLÍTICA DEL DISFRAZ

El político que acabó con la Guerra de Argelia fue Charles de Gaulle, este es el ejemplo histórico que siempre se cita para demostrar cómo en nuestras sociedades el político que más legitimidad tiene para actuar es aquel que en la oposición se muestra más frontalmente en contra de una situación dada. De Gaulle era un general, el líder de la resistencia francesa en Argelia durante la II Guerra Mundial, y su legitimidad era tal, que la actual derecha francesa todavía se articula en torno a su figura, en Francia derecha democrática y gaullismo son la misma cosa. Pues bien, fue él el que con mayor firmeza encarnaba los valores de la grandeza francesa, el que firmó la paz con la guerrilla argelina y favoreció la independencia de ésta en 1958.

Esto se produce por el miedo secular de las sociedades divididas políticamente a que sean engañadas por el contrario. Y esto es algo que se ha dado invariablemente en todas las sociedades y, por supuesto, también en la nuestra. El ejemplo más claro, diría incluso clásico, de nuestra democracia, es la política antiterrorista. El PP y PSOE en todas sus legislaturas, cuando han gobernado, han abierto negociaciones políticas para resolver este problema; felizmente la actuación de los dos partidos ha tenido un excelente resultado para nuestra democracia, la derrota mediante la legalidad democrática de un grupo que utilizaba la extorsión que genera la violencia para conseguir sus fines políticos. Pues bien, aún a pesar de producirse su derrota durante la última legislatura del PSOE, éste nunca pudo decir que el problema de ETA tenía un “final político”. La sociedad española considera menos “patriota” a la izquierda y, por lo tanto, cualquier relación fuera de lo estrictamente policial con el nacionalismo independentista es visto por ciertos sectores de la derecha española como algo parecido al colaboracionismo. Sin embargo, cuando el PP gobierna, el ministro del interior tiene la seguridad de poder decir que el final de ETA es político y que se está replanteando la estrategia del acercamiento de presos.

En resumen, el PSOE se tiene que ganar la confianza de los “patriotas” respecto a su relación con ETA y el PP tiene “patente de corso” para hacer o decir lo que quiera en gobierno o en oposición. Por dos razones, la primera es la creencia de que el PP es de los nuestros y no nos va a engañar y la segunda es que al considerar esto, el PSOE, como una política razonable y de Estado no la va a utilizar en contra del partido que gobierna.

Lo mismo se puede decir de la economía. El PSOE, al ser considerado defensor de los derechos sociales, del Estado y la burocracia y, a veces incluso, de ir en contra de la iniciativa empresarial, tenía que tener mucho cuidado a la hora de defender políticas keynesianas de expansión del gasto público. Zapatero, Rubalcaba o cualquier otro líder o simpatizante del PSOE tenía ciertas dificultades para una defensa pública de las políticas keynesianas en esta recesión. Estas políticas no son sólo necesarias para no perder determinados derechos sociales, sino también porque así estás condenando las posibilidades de una recuperación económica en el futuro. En cuanto Rajoy gana las elecciones la presión mediática de la derecha sobre el déficit se reduce, las relaciones con Merkel y los mercados son más fluidas (es uno de los nuestros) y es el primer presidente de un país europeo que abiertamente justifica una reducción más lenta del déficit público que el exigido por la troika europea, algo que a los socialistas les estaba vetado incluso en su pensamiento. Como en la política antiterrorista a este cambio del escenario en las políticas económicas también contribuye una oposición que está de acuerdo, también a nivel teórico, con una reducción más moderada del déficit público. Por lo tanto, el PSOE está condenado a situarse en un segundo plano a la hora de criticar el cambio en la política económica del PP, poniéndose, en este caso, el disfraz de la oposición responsable y constructiva. Este análisis también es válido respecto a la reciente subida de impuestos, cuando el PP en la oposición defendían el mantra de que sólo su reducción conduciría al crecimiento económico; la limitación del sueldo a los banqueros que han recibido una subvención pública, es decir, la intervención pública en la libertad de empresa y así, … un largo etcétera.

Pero al cambio en la política de un país no contribuye un único factor, también hay que tener en cuenta un gobierno que goza de mayoría absoluta y tiene las manos libres para implementar reformas “reales” o “ficticias” que den sensación de estar al frente de algo y, cómo no, un PSOE que, en el fondo, creo que había empatizado demasiado con aquellos que en el pasado eran sus rivales políticos, si no que se lo pregunten a Alfredo Sanz.

LA TEORÍA DEL VOTANTE ADICTO

En el fondo, la política no es sino la expresión de la estructura de pensamiento dominante. En palabras de Marx sería la superestructura, que es fiel reflejo del poder económico. Por eso en épocas de crisis como la actual, cuando se resquebraja el soporte que la sostiene, ésta se tambalea ante nosotros sin dirigirnos con firmeza hacia una nueva estación.

Tal vez no pueda ser de otro modo. ¿Qué sistema es capaz de sostener una dirección contraria a la mayoría? ¿Puede en una democracia una minoría ser elegida por una mayoría? Para no cargar las tintas sobre el modelo, sino sobre el sistema, me haría también la siguiente pregunta ¿Puede una dictadura ser financiada con recursos militares y financieros minoritarios? Creo que la respuesta se hace evidente. De ahí que la desorientación del sistema político ante la crisis económica sea la misma desorientación que vive la mayoría social que en su día impulsó un proyecto político de “éxito”.

En la Tierra todo el mundo tiene claro que la crisis económica es fruto de una globalización desregularizada y de los excesos de un liberalismo que ha sido aplicado con éxito durante décadas y que ha aumentando las desigualdades sociales y horadado el poder de los estados. A la altura del año 2012, tras tres décadas de políticas neoliberales, todavía algunos se atreven a relatar que el problema son el Estado, los funcionarios, sindicatos, trabajadores perezosos, etc. Como si estos elementos sociales hubieran podido frenar las ambiciones económicas de los mal llamados “emprendedores” o “ingenieros” financieros. Señores, no estamos en el año 1973 con un mundo dominado por el comunismo, la socialdemocracia y los sindicatos de clase; ¡qué más quisiéramos! Ya no se puede seguir echando la culpa de la resaca a unos comensales que ya no están en la mesa.

Pero no voy a profundizar en un relato que es “hijo de la razón Ilustrada”, trufado de categorías universales. Una Ilustración suicidada por esa Postmodernidad financiada por los liberales, aquellos que no querían vivir bajo un relato colectivo, sino disfrutar de sus hazañas individuales. Por tanto, a la sociedad sólo le queda un discurso presentista y atomizado que en épocas de crisis se presenta bajo las etiquetas del “miedo” y el “sálvese quien pueda”. Por tanto, la crítica se dirigirá hacia los sectores más débiles de la sociedad, aunque sean los menos responsables de la crisis, para ver si todavía podemos beneficiarnos del mismo perro famélico y lleno de pulgas que ya ha sido explotado durante décadas, pero que todavía vive, aunque sólo sea su recuerdo. El miedo a perder lo poco que nos queda o la imposibilidad de imaginarnos un futuro colectivo mejor nos hace postrarnos ante el poder vigente, aunque sepamos que éste es el responsable de nuestra situación y que continuará en su descenso decadente arrastrando todo a su paso (empleo, sanidad, educación, futuro…), porque si en el descenso nos situamos encima de otros, tal vez, estaremos un poco más cómodos.

Todo esto es una explicación suficiente para entender cómo los políticos y partidos que mantienen el modelo que nos sitúa en la crisis han triunfado y cómo a pesar de tomar medidas que nos empobrecen (reforma laboral) los seguimos apoyando. Aun así, creo que hay otra explicación más profunda y psicológica, la teoría conceptualizada como el “votante adicto”. Éste tiene miedo a salir de la decadente vida en que se ha convertido su entorno, desoye las llamadas de ayuda del exterior y considera que son enemigos todos aquellos que critican la situación en la que viven, es decir, los analistas objetivos se convierten en conspiradores. A esta situación se añaden las consecuencias de la convivencia con estas políticas durante largos periodos de tiempo, lo que comúnmente se denomina el “mono”. Los heroinómanos coinciden en que siguen drogándose porque buscaban experimentar la sensación irrepetible del primer chute, pues bien, eso creo que hace la sociedad española en crisis, intentar volver a experimentar el chute de la construcción de 1996. A pesar de que el culpable de la crisis económica en España ha sido la sobredimensión del sector de la construcción, llamamos al poder a aquellos que la provocaron por ver si vuelve al experiencia de 1996, millones de puestos de trabajo sin cualificación y bien remunerados.

A ello también se suma la política del miedo que imposibilita a uno imaginarse un mundo diferente, algo que siempre conviene a los que detentan un poder cuestionado, pero eso es un tema para otro artículo. De momento, sólo espero que algún día toquemos fondo y busquemos un despertar sin todo aquello que nos ha condenado a una vida en la oscuridad (crédito fácil, neoliberalismo económico, construcción, corrupción, etc.).

INSIDIAS: DÉFICIT PÚBLICO Y REFORMA LABORAL

Generalmente a un gobierno se le asignan cien días de beatitud, es decir, cien días donde aceptamos su éxito electoral, presuponemos sus buenas intenciones y no le culpamos de los desarreglos políticos. Pero la emergencia de la crisis económica hace prácticamente imposible mantener esta tradición, nuestra proximidad a los seis millones de parados lleva al gobierno a multiplicar sus acciones y reconfigurar nuestro espacio económico, social y, en último término, político.

Sus políticas económicas se iniciaron con las insidias del déficit público. En primer lugar porque, como el resto de partidos neoliberales, usan la demagogia de que el problema en España y, por extensión, en la economía europea es el déficit público. La gente tiene poca memoria histórica y suele confundir causas con consecuencias. La causa de nuestro déficit público no fue el exceso de gasto y lo manirroto de nuestras decisiones políticas. El déficit se creó para que la actividad del sector privado no se frenase, se creó porque nuestro sistema financiero recibió una transferencia de rentas valorada en 200.000 millones de euros para que no quebrase. Además la propia crisis económica gesta en el sistema financiero generó una caída de ingresos del 30%, que es lo que el Estado todavía no ha logrado compensar, ni lo logrará si sigue fomentando políticas que activen la recesión, ya que por cada 0,67 puntos que se reduce gasto público la economía se contrae en 0,55 puntos. Además el problema del crédito en España no está relacionado con la deuda pública, sino con la privada. Si en España la deuda pública se sitúa en el 67% del PIB la privada alcanzó el 292% con un monto total de más de 3 billones de euros. Al tener las empresas un nivel de endeudamiento tan alto no pueden invertir y generan destrucción de empleo y de actividad económica, entrando en un círculo autodestructivo que sólo podría detener la acción del Estado generando una actividad económica inducida por la deuda pública.

Pero la insidia política del PP no se produce respecto de sus presupuestos ideológicos equivocados, que la historia reconducirá, eso sí, a través del sufrimiento de una o dos generaciones, sino porque utiliza el arma política de la mentira reiterativa…. En el año 2010 España contaba con un déficit público del 11,1% y reducirlo al 8% en un contexto económico plano, la economía sólo creció el 0,7%, me parece toda una proeza económica del último gobierno. Además la desviación de 2 puntos del PIB se sitúa en un 75% por el desfase de las comunidades autónomas, por tanto, ¿cómo es posible que el PP utilice políticamente una desviación que ha sigo generada mayoritariamente por ellos? ¿Cómo es posible que a uno le sorprendan e inculpe a otros de sus propios actos? Además, el Gobierno está negociando en Bruselas relajar unos objetivos del déficit público que le parecen excesivamente draconianos para nuestra economía, por tanto, no está de acuerdo en que se produjera un ajuste fiscal tan alto, por tanto, está de acuerdo con la política económica llevada a cabo en los últimos meses por su antecesor.

El otro campo de insidias es el del mercado laboral. Es cierto que España heredó un mercado laboral rígido del franquismo, lo que se puso de manifiesto durante la otra gran crisis de nuestra economía, la que frenó los “felices años del 600 y la emigración hacia Alemania”. Aquella se conoció como el crack del petróleo de 1973, aunque en España la transición política retardó los ajustes y las consecuencias de la crisis hasta 1977. El régimen de Franco impedía las libertades sindicales y mantenía unos salarios bajos respecto de los trabajadores de su entorno, para fomentar su “paz social”. Esto hizo que durante esta crisis la mayoría de los 900.000 puestos de trabajo que se perdieron fuesen debidos a cierres patronales, ya que estas empresas no podían trasladar los costes a sus trabajadores, disminuyendo el salario o reduciendo sus plantillas. El enfrentamiento exitoso de esta crisis por parte de los agentes sociales y políticos fueron los Pactos de La Moncloa. Estos ya produjeron una flexibilización del mercado laboral, bonificaron las nuevas contrataciones reduciendo en un 50% el pago que tenían que hacer las empresas a la seguridad social y permitieron la contratación eventual.

Desde entonces se han sucedido, una tras otra, medidas tendentes a flexibilizar el mercado laboral. Aquí esbozaremos un resumen sucinto y poco exhaustivo, ya que ésta ha sido la única receta económica que han aplicado nuestros gobiernos, tanto del PSOE como del PP, en democracia, de ahí la extensión del relato si tradujéramos al detalle los decretos y reformas que han flexibilizado nuestro mercado laboral. En 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores que redujo de 48 a 42 las mensualidades que recibía un trabajador por despido improcedente. El Acuerdo Interconfederal de 1983 estableció los contratos en prácticas, de aprendizaje y a tiempo parcial. La Reforma del Estatuto del Trabajo de 1984 amplía la contratación laboral en catorce nuevas modalidades, entre ellas los famosos “contratos basura”. En 1988 la temporalidad afecta ya al 25% de los asalariados y al 57% de los contratos en menores de 30 años. La Reforma Laboral de 1994 introduce la contratación a través de empresas de trabajo temporal y convierte el desempleo en un negocio. En 1997 el PP introduce el contrato con indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El gobierno de Zapatero también llevó a cabo reformas laborales tendentes a la liberalización y el despido, como la introducción del despido procedente por causas económicas futuras. Ahora se aprueba una nueva reforma laboral, porque nuestro mercado laboral es dual y rígido.

Llevamos 30 años de reformas de flexibilización del mercado laboral que sólo han conseguido el objetivo que se proponía, reducir el poder de los trabajadores frente al empresario (un liberal diría sindicatos, como si esto fuera algo ajeno a los derechos de los trabajadores), así como aumentar nuestras diferencias sociales y de renta. ¿Cómo se puede decir que estamos ante un mercado laboral rígido después de 30 años flexibilizandolo? Para los trabajadores, lo único que se ha conseguido es que la temporalidad se sitúe en el 34% y que el trabajo ya no sea sinónimo de calidad de vida en Occidente. Por cierto, tampoco han conseguido repartir el trabajo y reducir el desempleo, ya que este, cuando sufrimos una crisis económica en España, siempre se sitúa entre el 18 y el 25% sea cual sea la regulación de nuestro mercado de trabajo. Esta es la mayor insidia de todas ¿cómo es posible que los liberales sean capaces de argumentar que es necesario reducir la dualidad de nuestro mercado laboral cuando han sido ellos los que la han creado? ¿Se soluciona la temporalidad laboral haciéndonos a todos temporales?

Otra gran insidia es que nuestra ventaja comparativa en lo económico no es el coste laboral, sino la tecnología, infraestructuras y nuestros recursos humanos (formación de nuestros trabajadores), aspectos estos que necesitan de la financiación del Estado. Estamos perdiendo productividad y mercados al renunciar a nuestros puntos fuertes en economía y quieren ponernos a trabajar “como chinos” para competir globalmente en un ámbito donde tenemos la partida perdida de antemano.

Esta reforma no solucionará el problema del desempleo, facilitará el despido y ya hemos visto que nuestro problema en la última crisis era que las empresas no tenían ningún impedimento para despedir y realizaban el ajuste por esta vía. En España tenemos los salarios más bajos de Europa, y la reforma actual permite la vinculación de los salarios a la productividad. La pregunta es cuánto más podrán estos ajustarse en España. ya que por debajo del salario mínimimo interprofesional, será más rentable cobrar un subsidio social que llevar a cabo el desempeño de un trabajo semanal de 40 horas. ¿Este gobierno se cree que la gente trabaja por gusto? ¿Cómo va a solucionar la crisis económica, en un país que era capaz de expulsar del mercado laboral a 200.000 personas al mes, el despido de 33 días por año trabajado en vez de 45 y la generalización del despido procedente (20 días por año trabajado)?. La única respuesta posible es que nos convertirá en un país más pobre e injusto, con menor capacidad emprendedora y un mercado laboral cercano a la tiranía, donde el único incentivo del trabajador será el miedo. Esto es lo que tiene la nueva religión… digo el liberalismo que sus premisas no tiene por qué ser llevadas ante el tribunal de la historia y los hechos, nunca se equivocan.

En fin, otra insidia más, que no resiste la comparación de los datos ni el pensamiento racional, pero una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Esto lo decía Goebbels, el político que tenía que vender a través de los medios de comunicación el nazismo, y que situó a la entrada de Austwicht un cartel con las palabras el trabajo os hará libres, tal vez porque también en los campos de concentración el marketing tenía la misión de estimular la productividad.

CRISIS ECONÓMICA EN EUROPA Y CAUSAS DEL SUBDESARROLLO: LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA POLÍTICA

Al dar en clase las causas del subdesarrollo me he parado ha pensar en las semejanzas con la actualidad realidad económica de la Unión Europea.

En primer lugar, cuando uno explica las causas del subdesarrollo dirige su mirada al siglo XIX, una época donde se consolidó el despegue de Europa gracias a la revolución industrial. La ideología dominante, al menos en las grandes naciones de Occidente (Inglaterra y Francia) era el liberalismo, como en la actualidad. También entonces preconizaban la mínima intervención del Estado y consideraban, en palabras de economistas como David Ricardo, que los pobres eran necesarios para el desarrollo económico ya que sujetaban los salarios; también argüían que la explosión demográfica que llenaba de pobres las calles inglesas era una cuestión moral, según Malthus, asociada a los “vicios” de la clase baja. En resumen, un modelo de industrialización y una salida de la crisis que el liberalismo a finales del siglo XIX y en la actualidad, consideraba que se tenía que hacer sobre la sangre, sudor y lágrimas de las clases con menos recursos. Aunque no es el interés de este texto situarnos en ese paralelismo social, más bien me interesan las semejanzas de la estructura global del modelo económico mundial o la caracterización del sistema – mundo, concepto este desarrollado por el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein.

Durante el siglo XIX se produjo la primera globalización económica de la historia a escala planetaria, ya que en épocas anteriores otros imperios habían globalizado la economía, pero sobre espacios regionales, como lo hizo Roma sobre el Mediterráneo. Tras las guerras napoleónicas una Inglaterra victoriosa impuso su orden económico en el mundo. En aquellos años se le llamaba el taller del mundo, ya que los bajos precios de su industria textil arruinaban los antiguos sistemas artesanales que se habían construido en Europa desde la Baja Edad Media. Inglaterra intervino allí donde el nuevo sistema de producción necesitase de la maquinaria bélica del Imperio (y luego dicen que los liberales no gustan de la intervención del Estado). Inició sus intervenciones en Portugal, que en 1640 se independiza de España y, temiendo una intervención militar que sería incapaz de frenar, firma con Inglaterra el Tratado de Methuen (1703) en unas condiciones muy gravosas para su economía. Este tratado le obliga a comprar paños ingleses (productos industriales de alto valor añadido para la época) a cambio del vino de Oporto (materia prima de escaso valor añadido). La consecuencia de este tratado fue que el déficit comercial portugués se disparó y tuvo que solventarlo con el oro de Brasil, elemento éste fundamental en la capitalización financiera que necesitaba la revolución industrial inglesa en ciernes. Un siglo después la maquinaria bélica del Imperio se movilizó para ayudar a la América Latina continental a independizarse del Imperio Español, con el objetivo de capturarlo como mercado de abastecimiento de materias primas y mercado para sus industrias. El paso final sería la transformación de estos imperios informales en América Latina y Portugal en imperios oficiales en África y Asia a lo largo de la era victoriana. Así Inglaterra se convertía en el centro económico, político y militar de un mundo que no mostraba ningún impedimento para que ésta pudiera explotar sus recursos naturales y capturar sus mercados, obligados como estaban a consumir productos industriales de la metrópoli. Las virtudes del modelo fueron rápidamente imitadas por Francia y, en menor medida, por otras potencias europeas como Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y, también, España, aunque, claro está, a una escala más reducida.

El Imperialismo europeo que tejió unos poderes económicos globales no regulados tuvo las mismas crisis recurrentes que en la actualidad (1816, 1825, 1836-37, 1847, 1857, 1866, 1873, 1893, 1896), unas crisis que mostraban lo especulativo, volátil y frágil en que se sustentaba la sensación de crecimiento vivida en los años anteriores. Un proceso éste que nunca fue atajado, que fomentaba crisis cada vez más virulentas y que terminó en el cataclismo de Entreguerras. El modelo victoriano también presentaba una elevada movilidad de personas (unos 70 millones de europeos abandonaron el continente en el último tercio del siglo XIX) y de intercambios comerciales crecientes (mientras que las economías nacionales crecían una media del 2,7%, los intercambios comerciales lo hacían al 3,5%). Bajo la hegemonía de la libra esterlina y el patrón oro un lector de The Economist en el Londres victoriano podía invertir en ferrocarriles norteamericanos, minas de cobre españolas, guano peruano y bonos basura del gobierno egipcio, en resumen, Gran Bretaña llegó a registrar salidas de capital del 9% anual, gracias a su abultada balanza por cuenta corriente, el doble de porcentaje que la Alemania y Japón actuales (Bernaldo de Quirós, Lorenzo: 2012).

Todos los datos anteriores sirven para justificar un contexto económico similar al nuestro: una globalización económica dirigida por el pensamiento económico liberal que situó como modelo de integración económica global la división internacional del trabajo. En este proceso histórico, como en todos, hubo ganadores (Occidente) y perdedores (países subdesarrollados). Los primeros lideraron los procesos de industrialización y los segundos se quedaron como meros suministradores de materias primas y mercados de consumo capturados. Durante el siglo XX se perfeccionó este sistema y, como comprar tecnología a cambio de café es cada vez más insostenible (en 1980 una locomotora valía 12.910 sacos de café y en 1990 45.800) se crearon instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial que dirigían el Capital de Occidente hacia unos países subdesarrollados cuya balanza por cuenta corriente (la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, además de la entrada y salida de capitales de un país) era insostenible. Pero esta ayuda a través de préstamos internacionales generó una deuda cuyos tipos de interés hundían más en el subdesarrollo a estos países, sus impuestos no iban dirigidos hacia la creación de infraestructuras o servicios públicos, sino a pagar los interese de una deuda que sostenía un comercio deficitario. Se estima que desde 1980 hay una transferencia de renta anual desde los países subdesarrollados hacia los desarrollados valorado en 240.000 millones de dólares anuales (PNUD: 2010). Además el FMI y el BM establecían la obligatoriedad de aceptar a técnicos económicos que también capturaban sus políticas públicas, alentado la privatización de sus recursos en épocas de crisis ya que los precios de estos valores están más bajos y fomentan un modelo que claramente era perjudicial para sus intereses.

Hoy nos encontramos con otro proceso de globalización bajo la misma dirección liberal: aumento de los intercambios de bienes y servicios, capital y trabajo como en el siglo XIX, pero diferentes actores. El taller del mundo ya no es Inglaterra, ahora es China o el este de Asia; el centro de intercambios comerciales ya no es el Atlántico, sino el Pacífico. En las tres últimas décadas Estados Unidos y Europa apostaron por la llamada sociedad de la información, una nueva sociedad del conocimiento que desbancaría a la vieja industria mecánica. Ésta se dejó marchar hacia países asiáticos con una mano de obra más barata y sin preocupación por los costes sociales o medioambientales, y con ella también viajaron el ahorro y la inversión; mientras en Europa la sociedad de la información se construía en base al crédito y la especulación bursátil. El gran perdedor fue Europa que, tras la Guerra Fría pasó a ser un escenario geopolítico de segunda. Hoy compramos productos manufacturados de Asia de bajo coste y nuestra balanza por cuenta corriente empieza a ser deficitaria, la cubrimos con una deuda que compraban los ahorradores asiáticos y, al final, atrapados en la espiral de la deuda, como nosotros hicimos con África, Asia y América Latina, nos obligan a implementar unas políticas económicas que sólo benefician a los tenedores de nuestra deuda. Así, Portugal vendió a low cost el Banco Millenium a un fondo de inversión angoleño (lo nacionalizó por 2.000 millones de euros y lo vendió por 600 millones), su empresa nacional de electricidad EDP a un fondo chino, en Grecia los fondos de inversión asiáticos se han hecho con sus infraestructuras básicas porque no había ya empresas que privatizar y en España y el resto de Europa acechan bajo la égida de la crisis los suculentos beneficios que puede traer la privatización de los servicios públicos que construyeron el Estado del Bienestar, eso sí en beneficio no ya de nuestra ciudadanía, sino de los que controlan nuestra balanza por cuenta corriente y deuda.

Lo peor del imperialismo fue que dejó sin autonomía económica a amplias regiones del plantea durante dos siglos, y cuando parece que éstos se la están sacudiendo de encima, ésta se cierne sobre una Europa a la que, como dijeran los evangelistas de la “Sociedad de la Información”, le correspondería el papel de supermercado en un mundo globalizado. Si sólo eres un consumidor y abandonas la producción, el nivel de vida te lo permitirá el crédito y la credibilidad del pasado durante unas décadas, para luego estar en manos de aquellos que te han prestado, si no que se lo pregunten a Portugal, Grecia o Irlanda con unos tipos de interés que se comen cualquier recaudación fiscal que intente el Estado e imposibilita una inversión productiva que fomente el empleo y el ahorro.

VIEJOS Y NUEVOS PROBLEMAS: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS XIX Y XXI

Durante el siglo XIX la economía española era una economía todavía agraria (60% de la población activa ocupada en el campo), sin urbanizar excepto en Cataluña, con unos incipientes focos industrializadores en el textil del algodón catalán, la siderurgia vasca y, en menor media, el carbón asturiano. Nuestra red de transportes era deficitaria, el ferrocarril se desarrolló de un modo tardío a partir de la Ley de ferrocarriles de 1855 (en 1840 Inglaterra ya había superado los 3.600 km.), y mientras concentrábamos nuestros esfuerzos en el desarrollo del ferrocarril nos olvidábamos de la red de transporte secundario (carreteras) y dejábamos sin acceso a las redes de comercio a amplios espacios de nuestra geografía. En el comercio exterior vivimos una integración muy escasa, más del 60% de nuestras exportaciones eran vino y minerales; según el historiador Jordi Nadal éramos el paraíso de los metales no ferrosos. Nos situábamos como el segundo productor mundial de cobre fino después de Estados Unidos, el primer exportador de hierro y producíamos el 20% del total de plomo en barras. Pero como en un país subdesarrollado, casi toda la inversión de nuestras minas estaba en manos extranjeras. La mayor empresa minera de la actualidad se llama Minas de Río Tinto, emplea a 70.000 personas en todo el mundo, ingresa más de 60.000 millones de dólares al año y cuenta con 15.000 millones de beneficio neto. Su nombre es en honor de la mayor mina de cobre de la historia, explotada desde el siglo VII a. C. (época fenicia) hasta el siglo XX, siendo la que mayor volumen de tierra ha removido en la historia, y se encuentra en la provincia de Huelva; pero ¿por qué esa empresa no es española, sino inglesa? Porque dicha mina fue vendida a una empresa británica en 1870. ¿A qué se debe esta circunstancia?

A que los dos grandes hitos legislativos del liberalismo español en el siglo XIX beneficiaron al capital extranjero:

1) Ley de Ferrocarriles de 1855 construyó 3.600 km. de vías férreas pero a diferencia del resto de Europa, ésta no sirvió para estimular la demanda siderúrgica nacional. El principal beneficiario de estas inversiones fueron las ferrerías francesas que después de desarrollar su tendido ferroviario encontraron una vía de negocio en el español. Además el ancho de vía (1,67 m.) favorecía un mayor consumo de hierro y en nada beneficiaba nuestras relaciones comerciales con los países vecinos. Esta ley acabó con los primeros intentos de desarrollo de una industria siderúrgica nacional que se habían localizado en el Principado de Asturias. Tuvimos que esperar a la década de 1880, cuando el convertidor Bessemer aumentó la pureza de hierro necesario y redujo a una décima parte el consumo de carbón, para iniciar de un modo sólido la historia de la industria pesada en nuestro país. Pero una vez más fue con capital británico y coke inglés, cuyos retornos reducían el coste de los fletes marinos, es decir, el hierro de Somorrostro se cargaba en Bilbao dirección a Cardiff y volvía con carbón galés, así los barcos no perdían ningún viaje.

2) Ley de Minas de 1868 obra del Sexenio Democrático, como la Ley de Ferrocarriles lo había sido del Bienio Progresista; ambas, por tanto, inspiradas en el más puro liberalismo que pudo desarrollar este país. Esta ley privatizó el subsuelo español. A cambio del pago de un canon, cualquier inversor, independientemente de su nacionalidad, pudo invertir y beneficiarse de la riqueza del subsuelo español. Así los ingleses se hicieron con el cobre y el hierro, los franceses con el plomo y los belgas con el zinc. España se convirtió durante la Segunda Revolución Industrial en un país casi tercermundista que dependía de la inversión y tecnología extranjera y sólo era capaz de exportar materias primas, en ningún caso utilizó la riqueza del subsuelo para su propio desarrollo.

La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué la industria española no se benefició de las riquezas de su subsuelo ni del primer gran plan inversor en obras públicas de nuestra historia? La respuesta es sencilla: porque durante todo el siglo XIX España mantuvo un déficit y deuda crónica. Con la pérdida de las colonias americanas durante el reinado de Fernando VII, el Estado perdió el 40% de sus ingresos fiscales y tuvo que esperar hasta la Reforma de Alejandro Mon (1845) para hacer frente a una reforma fiscal que supliera esa pérdida. Pero esta reforma no sólo mantuvo el problema de la deuda, sino que favoreció que la Restauración se convirtiese en un modelo político corrupto y aumentó las desigualdades sociales y la conflictividad social en nuestro medio rural. Esto se produjo porque centró la recaudación sobre los productos de primera necesidad, mediante el impuesto de consumos y sobre el campesinado al gravar la producción agraria mediante la denominada contribución territorial. Este sistema fiscal fue el mejor ejemplo de unas clases altas que se desvincularon de la suerte de nuestra economía y hacienda, ya que la contribución territorial se llevó a cabo sin un catastro y además los terratenientes o campesinos más acomodados constituidos en Juntas de Notables establecían el reparto del impuesto en los famosos amillaramientos, meras listas recaudatorias. Estas listas sobrecargaban con impuestos a los vecinos de peor posición económica, eran utilizadas como instrumento del caciquismo al reducir la carga a los campesinos que se sometiesen a su control social y mantenían al margen del fisco a más del 50% de la propiedad rural.

Este sistema fiscal se mostró especialmente vulnerable en momentos de inestabilidad política, como el Sexenio Democrático, que elevó la deuda española a un 126% de su PIB. Esta deuda tan elevada fue la respuesta de los beneficios que consiguió el capital extranjero en la explotación de nuestros recursos. La Ley que liberaliza, privatiza y deja en manos del capital extranjero el subsuelo español es del mismo período político en que España alcanza su máximo endeudamiento. Pero es que, además, la deuda del Estado provocaba que el Banco de San Carlos (1782), refundado en Banco de San Fernando (1829) y que en 1854 pasó a denominarse Banco de España y a tener el monopolio en la emisión de moneda, nunca estimuló en España el desarrollo del comercio y la industria, su única preocupación era la gestión de la deuda del Estado y poder prestarle a éste. Lo mismo sucedió con la Bolsa de Madrid, creada a partir del Código de Comercio de 1829, donde hasta finales del siglo XIX se negociaba más renta fija que variable, es decir, se negociaba la deuda del Estado y no de las empresas. La necesidad de amortizar deuda por parte del Estado también frustró la posibilidad de que la Desamortización de Mendizábal de 1837 y la de Madoz de 1855 creasen un numeroso campesinado medio que asentase al régimen liberal, como sucedió en Francia, porque el interés del Estado era conseguir recursos para pagar las guerras carlistas y su programa de obras públicas.

En resumen, la ausencia de unas élites económicas responsables, que contribuyesen en el siglo XIX al sostenimiento del Estado liberal, frustraron el proceso desamortizador en España, la creación de un sistema financiero saneado que impulsase el desarrollo industrial y comercial y, por último, a diferencia de otros países tuvimos que esperar a coger el tren de la industrialización porque nuestros recursos fueron literalmente saqueados por un capital extranjero que controlaba la deuda y las decisiones del Estado. Una reforma fiscal eficiente que consolidase los ingresos del Estado hubiera hecho mucho más por el Estado liberal que todos los pronunciamientos militares que lo intentaron impulsar.

El problema de esta exposición es que 150 años después, la historia económica de España parece volver a la casilla de salida. Durante los años posteriores a la Transición, el crecimiento económico de los años 80 y 90 llevó, incluso, a un grupo de historiadores económicos a replantearse la tesis de Jordi Nadal sobre el fracaso de la revolución industrial en España. Esto se basó en un cambio metodológico que amplió nuestro marco comparativo a Italia, Grecia y Portugal, de la que salíamos más favorecidos que de una mera comparación con Francia e Inglaterra. Actualmente, si nos comparamos con los países mediterráneos, nuestra crisis de la deuda parece más relativa, pero yo más bien me inclino por una mayor vigencia de la tesis de Nadal (1975), recogiendo sus palabras, nos encontramos con un “fracaso” del Estado español ante el problema de la deuda. Las causas son las mismas que en el siglo XIX, unas élites económicas que están volviendo a desvincularse de las clases bajas y medias y no quieren pagar la parte que les corresponde, situando nuestros recursos, de nuevo, en el objetivo de unos acreedores extranjeros que son insensibles a las necesidades de crecimiento económico y desarrollo social en nuestro país. No olvidemos que Europa nos exige reducir el déficit pero, de momento, no nos han dicho nada de cómo hacerlo.