LA SINRAZÓN DE LA CRISIS: EL FIN DEL DERECHO SANITARIO

El 1 de septiembre, el gobierno del Partido Popular aplica, como siempre vía decreto, saltándose la legitimidad parlamentaria, una serie de medidas para cumplir con un imposible objetivo de déficit (en julio la Administración Central situó su déficit en el 4,65% cuando su objetivo era el 4,5% para todo el año). Entre estas medidas no voy a destacar la irracionalidad de la subida del IVA, que vuelve a cargar sobre el consumo interno (responsable de tres cuartas partes de nuestro PIB) y las rentas más desfavorecidas, dado que es un impuesto regresivo, los costes de la crisis. Lo voy a hacer sobre algo que me parece más grave, la pérdida de universalidad de nuestro sistema sanitario.

El Sistema Nacional de Salud en España se creó durante el franquismo, siguiendo el modelo alemán y francés de seguros laborales, es decir, la financiación y el derecho sanitario estaban vinculados a una nómina. Esto sólo tenía cierto sentido cuando los estados se hacían responsables del pleno empleo y éste nunca superaba el 5%, una realidad para toda Europa desde el final de la II Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo de 1973. Como desde la crisis del petróleo de los años 70 España adquiere un paro estructural que en épocas recesivas le lleva a superar el 20% (principios de los ochenta, crisis del 92 – 93 y la actualidad), el gobierno socialista de Felipe González desvinculó la financiación de nuestro sistema sanitario de los seguros laborales y universalizó esta prestación, incorporando al sistema al 17% de la población (becarios, jóvenes sin trabajo, trabajadores agrarios que no habían cotizado, indigentes, inmigrantes, etc.). Es decir, desde la Ley General de Sanidad de 1990, la sanidad en España se financia a través del IRPF y su acceso es universal, depende del derecho de ciudadanía y no de la condición laboral del individuo. Esta situación se ha mantenido hasta el 1 de septiembre de 2012 en que el gobierno de Rajoy mercantiliza el derecho sanitario para una parte de la población, los inmigrantes irregulares.

Desde cualquier punto de vista esto es una auténtica aberración que hace que el Gobierno de Rajoy firme una de las páginas más negras de nuestra historia. Esta decisión parece agravarse al constatar que sus objetivos no son económicos o de racionalización del sistema sanitario, sino que son puramente racistas, con el objetivo de airear un tema controvertido (una España asediada por los inmigrantes que cruzan el Estrecho) y recuperar parte de los votos perdidos por su mala gestión económica. El PP se defiende diciendo que afecta a un número reducido de personas, pero la exclusión del sistema sanitario no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, no por ser sólo 150.000 personas, según sus datos, es menos grave. La existencia de una sola persona a la que es negado el cuidado y la atención sanitaria en caso de enfermedad o accidente es una auténtica tragedia para el individuo y su entorno, así como una vergüenza para la sociedad que lo permite. Además, la reubicación de esas personas en el servicio de urgencias no racionaliza el gasto sanitario. En épocas pasadas se hacían campañas para que la gente no colapsara las urgencias con afecciones que podían ser tratadas por la Atención Primaria, ya que el tratamiento de urgencia con personal hospitalario haciendo horas extra es mucho más costoso. Tras décadas concienciando a la gente de lo importante que es no abusar del Servicio de Urgencias, la Administración reubica a 150.000 personas desde la Atención Primaria hacia éste, ¿qué objetivo persigue?, ¿colapsar otro servicio público que funcionaba razonablemente? Por lo tanto, la motivación de esta medida se acerca a la ingeniería social más perversa, aquella que se aplica en países que generan la exclusión sistemática (Israel, el Apartheid en Sudáfrica en el pasado, los estados fascistas y totalitarios en Entreguerras…). El gobierno del PP está jugando con la exclusión social, con la determinación de clases y categorías de ciudadanos, aquella minoría que está destinada a ser explotada en el mercado laboral (cuidadoras de ancianos y niños de la clase media y alta que no paga seguridad social o trabajadores del campo que son empleados temporalmente sin contrato y por unos salarios de subsistencia) y que no es receptora de ningún derecho. En momentos de crisis hay que generar una mayor plusvalía para recapitalizar a la banca y los empresarios, que diría un liberal. Pero además el PP está realizando la primera prueba para excluir a parte de la población de servicios esenciales, luego llegarán otros sectores sociales y otros derechos.

Esta medida se ha tomado el mismo día en que se aprobó la sociedad anónima que se va a hacer con los activos tóxicos de la banca española (suelo y viviendas), sociedad que tendrá quince años para acumular pérdidas por valor de 120.000 millones de dólares. Para esto si tenemos dinero, pero para asistir a un trabajador o a una persona con problemas sanitarios no tenemos recursos. Para asegurar el derecho sanitario sólo tenemos recortes y si éste ha dejado de ser universal, para todos independientemente de su condición, deja de ser un derecho y pasa a convertirse en un privilegio; por lo tanto, desde el 1 de septiembre yo pediría un minuto de silencio porque un derecho a muerto en nuestro país, el derecho a la sanidad universal y gratuita.

EL NEOLIBERALISMO Y LA TEORÍA DE LA TERMITA

El neoliberalismo es la única ideología con capacidad de acción en Occidente, después de la caída del Muro de Berlín. Como toda ideología, ésta se sitúa por encima de la realidad, sus presupuestos ideológicos generarán el mejor de los mundos posibles, pero siempre en el largo plazo. En el corto y medio plazo hay que seguir eliminando aquellos obstáculos que hacen imposible el paraíso en la Tierra, aunque esto suponga el sufrimiento de millones de personas en el presente; como dirían los halcones del Pentágono son “daños colaterales”.

Esta realidad a un nivel práctico la encontramos de un modo paradigmático en el FMI, el guardián de la ortodoxia neoliberal de los estados en dificultades. Lo malo de endeudarse en este mundo no es el hecho en sí, sino la posibilidad de que esto te lleve a pedir prestado dinero al FMI y, asociado a ello, tengas que seguir las recetas económicas de sus economistas, unos hombres llenos de ideología que desconocen la realidad económica de los países sobre los que actúan. Esta combinación explosiva ha demostrado, a lo largo de la historia, que los países con problemas de deuda tardan más en recuperarse de las medidas económicas impuestas por los economistas jefe del FMI que de la propia deuda. Hasta esta crisis éstos se hallaban lejos de nuestro país, entretenidos en robarle una década a América Latina, pero los latinoamericanos se cansaron de ellos y tuvieron que situar sus ojos al otro lado del Atlántico. Para España, uno de los países más afectados por el problema de la deuda, propusieron lo que siempre proponen bajo cualquier circunstancia y momento, subir los impuestos indirectos y liberalizar el mercado laboral. Como siempre y por enésima vez nuestros gobernantes agachan la cabeza y decretan lo que el Fondo les dicta; las consecuencias, como siempre, son las mismas: más recesión y aumento de la tasa de paro. La respuesta del FMI también es siempre la misma, en dos años se crecerá (en 2010 anunciaban un crecimiento para España del 2,5% del PIB en 2012) y si no se crea empleo es que el mercado laboral necesita otra reforma liberalizadora (El País, 27–07–2012). ¿Cómo es posible que gente que dedica toda una vida a la economía siempre dé las mismas recetas económicas?

Esta realidad que está llevando nuestra economía al desastre se impone al resto de ciudadanos, aquellos que no disfrutamos de los paraísos mentales que genera el neoliberalismo, mediante lo que he denominado la Teoría de la Termita. Como bajo el neoliberalismo los enemigos a batir siguen siendo el Estado y los ineficaces servicios públicos, la gente tiene que “ver” que una gestión pública es tremendamente ineficaz y costosa, para llevar a cabo la teatralización los neoliberales montan partidos políticos que representan este esquema mental. Estos gestores públicos, elegidos legítimamente por el pueblo, se encargan de destrozar la gestión pública. Esto es lo ocurrido con las cajas de ahorro. Las convierten en instrumentos financieros al servicio de sus amigos (financiación de parques temáticos, empresas insolventes, etc.), al servicio de sus megalómanas ilusiones constructivas (aeropuertos, trenes de alta velocidad, etc.) e, incluso, de sus cuentas corrientes (pensiones multimillonarias, dietas no justificadas, etc.) Al cabo de unos años de gestión las cajas de ahorro se declaran insolventes, pero el gestor “neoliberal” consigue todavía un objetivo mayor y mejor para sus intereses, el ahorro de los ciudadanos. Porque los medios de comunicación y la sociedad no se levantarán contra unos gestores que han robado y vaciado de contenido sus cajas de ahorro, sino que se levantarán contra un sistema que no funciona. En los próximos años España tendrá que sustituir 1.500 millones de euros que las cajas de ahorro destinaban a proyectos sociales, culturales o medio ambientales; tendrá que sustituir el crédito para proyectos empresariales en medios, como el rural, nada atractivos para el capitalismo financiero; y los usuarios tendrán que pagar más en comisiones porque los bancos gestionen sus ahorros. Por cierto, unos bancos cuyos consejos de administración destinarán más dinero en dietas y pensiones que las cajas de ahorro, pero esto ya no es criticable porque entra dentro del esquema neoliberal. En los siguientes años la Táctica de la Termita se extenderá al resto de servicios públicos, una sanidad y educación públicas con los recursos diezmados perderán capacidad de gestión, prestarán peores servicios a los ciudadanos y, entonces, volveremos a exculpar a los gestores y centrar nuestras acusaciones en un sistema público ineficaz que es mejor que privaticen.

Que fácil es el mundo para un neoliberal, en el futuro un paraíso de mercados privados sin trabas estatales generarán un crecimiento económico virtuoso e indefinido. En el pasado el ineficaz y malvado Estado con sus regulaciones y servicios públicos ataba las posibilidades del enriquecimiento personal… por muchas liberalizaciones y desregularizaciones que se hiciesen. En fin… Un bonito cuento para quien se lo crea.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: UN BOLERO DE RAVEL ANGUSTIOSO

España parece instalada en un bolero de Ravel económico, en los últimos cinco años sólo escuchamos la misma canción: recesión económica que provoca la caída de ingresos del Estado, que genera un déficit público inasumible y que el Gobierno intenta solucionar con un recorte de gastos que a su vez impiden la recuperación. Esto, a su vez, genera más desempleo y recesión, impidiendo un aumento de los ingresos del Estado. Esta realidad económica mantiene elevado nuestro déficit público, cual espada de Damocles que es sostenida sobre nuestras cabezas por los mercados financieros… Lo más sorprendente de todo es que el responsable de la partitura, el Gobierno, no ha modificado una sola nota en los últimos años. Llevamos cinco años con un modelo económico y de Estado que no funciona y que se empeñan en que no tenga alternativa.

Creo que ni el Gobierno, ni Europa, ni los mercados, ni siquiera los ciudadanos son conscientes de lo irresponsables y equivocadas que han sido las medidas que ha tomado el PP en los últimos seis meses. En mayo de 2010 José Luis Rodríguez Zapatero contribuyó a que los famosos “brotes verdes” amarilleasen rápidamente y España se convirtiera en el único gran país de Europa que no conocía los beneficios de la recuperación económica. La medida que tomó fue un recorte de 10.000 millones de euros que nos ha mantenido convalecientes durante dos años. ¿Se imaginan hacia donde llevará la economía un recorte de 10.000 + 30.000 + 65.000 millones de euros? Esos 95.000 millones de euros no son un dinero que se redistribuya dentro de la economía, que pierda el sector público y sea recuperado por el privado. Es un dinero que desaparece de nuestra economía, que se sitúa en las manos de los mercados financieros vía tipos de interés o pago de la deuda. Es un dinero con el que los españoles dejarán de consumir, lo que destruirá cientos de miles de puestos de trabajo y miles de empresas y, por lo tanto, hará que el Estado vuelva a incumplir sus objetivos de ingresos. Sólo un ejemplo, el recorte de 5.500 millones de euros a los funcionarios en su paga extra, no es como plantea el Gobierno un recorte en términos absolutos, no se reducen automáticamente los 5.500 millones de euros. De esos 5.500 millones aproximadamente un 18% son retenciones de IRPF (990 millones de euros), un 14% son ingresos en IVA (770 millones de euros), un 12% son ingresos de la Seguridad Social (660 millones de euros) y dos terceras partes del resto se destina al consumo, es decir, a la generación de ingresos y empleo en el sector privado. Se estima que los españoles ahorramos el 9% de nuestros ingresos, por lo tanto, el ahorro final Estado se reduce a unos 500 millones de euros, dinero que tendríamos en cuentas de ahorro bancarias y que ahora es el Estado el que directamente sitúa en los bancos.

Esto quiere decir, y lo veremos en las siguientes previsiones económicas del Gobierno, que el déficit público seguirá alto, así como el acoso de los mercados sobre nuestra prima de riesgo. Entonces, ¿seguirá el Gobierno podando hasta que el árbol de nuestra economía se muera del todo? El objetivo de un Gobierno nunca puede ser la reducción del déficit público; éste, como cualquier otro indicador económico, no es un fin en sí mismo, sólo indica que los ingresos no llegan. Este es el verdadero problema del Gobierno y la sociedad española, necesitamos un modelo económico alternativo a la construcción, que regenere los ingresos que se perdieron con el estallido de su burbuja. El problema es que los ayuntamientos no se podrán volver a financiar con la recalificación de suelo, que el Estado no volverá a recibir los ingresos de la venta de un millón de viviendas y el trabajo de 2,5 millones de obreros de la construcción. En el 2007 algunos economistas decían que un nuevo modelo económico es una apuesta a medio plazo, que lo inmediato era el déficit, estabilizar la deuda y ganar credibilidad frente a los mercados… Ya hemos perdido cinco años y nunca recuperaremos la credibilidad si no encontramos la senda del crecimiento, porque ¿alguna vez alguien recuperó el dinero de una inversión cuyos resultados de ingresos y beneficios se reducían año a año?

MAREA VERDE

Este artículo trata de por qué es necesario que todos llevemos una camiseta verde.

Como la Marea Verde, la indignación va en aumento. Las noticias que se suceden todos los meses comprometen, cada vez más, la calidad de nuestro sistema educativo y, por extensión, el futuro de nuestro país es, cada vez, más incierto. Porque a diferencia de lo que piensa mucha gente la educación no es un gasto, es la mejor inversión que una sociedad puede hacer. Los recortes en educación siempre son un doble recorte. En el presente porque ponen en riesgo el trabajo de 100.000 docentes en toda España que se sumarán a las listas de paro, dejarán de contribuir al sistema con impuestos y fondos a la seguridad social y se convertirán en un gasto del Estado a través de los seguros de desempleo y otras partidas sociales que se tendrán que gastar. Pero también son un recorte en el futuro, ya que se está comprometiendo la posibilidad de que muchos de nuestros jóvenes tengan la opción de alcanzar un puesto de trabajo acorde a sus capacidades y puedan desarrollarlo en beneficio suyo, de su familia y de todos sus mejores cualidades. Como en tiempos de los que sólo es mejor acordarse a través de los libros de Historia, la educación tiene el riesgo de convertirse en un bien escaso, sólo al alcance de aquellas familias que tengan una desahogada posición económica. Si hasta ahora la frustración se reducía a jóvenes cualificados que no encontraban un empleo adecuado a sus estudios, a ésta, que no desaparecerá, se añadirá la de jóvenes condenados de por vida a trabajos que no les satisfacen, familias destrozadas porque tienen que elegir qué hijo puede ir a la universidad, una austeridad permanente de las cuentas familiares porque al endeudamiento por la compra de vivienda se tendrá que sumar el que se tenga que realizar para que los hijos puedan estudiar…

Nada mejor que unos pocos datos para ilustrar el párrafo anterior, porque pese a lo que piensan algunos compañeros y, lo digo con todo el cariño del mundo, la estadística es verdadera poesía de nuestras sociedades ya que como dice el poema de Keats: la belleza es la verdad, la verdad es belleza, esto es todo… lo que necesitas saber.

Y la verdad sobre el gasto educativo en España es verdad y belleza para los maestros y profesores de este país y mentira y vergüenza para aquellos que esgrimen el recorte en educación como un mal menor. En las últimas décadas nuestros institutos y colegios han hecho de la necesidad virtud y nunca una gestión tan encomiable ha sido tan vilipendiada. Han conseguido situarnos en la tabla medio alta del Informe Pisa (puesto 29 de un total de 65 países) y comunidades como Castilla y León se han situado a la cabeza y esto lo han logrado con uno de los gastos en educación más bajos de la UE y la OCDE. España se gastaba en educación el 4,9% de su PIB, mientras que la UE se gasta de media el 5,5%. Si en este apartado quisiéramos gastarnos, según nuestra riqueza, lo mismo que la media de los países europeos tendríamos que aumentar nuestro gasto en educación en 5.500 millones de euros y no recortar en 3.000 millones. Además los países que se sitúan a la cabeza, como Finlandia, se gastan ya el 7% de su PIB en educación, es decir, tendríamos que incrementar nuestro gasto en cerca de 20.000 millones de euros. Países como Costa Rica, mucho más pobres que nosotros han aprobado una ley que establece el gasto mínimo en educación en el 6% del PIB, porque, como la mayoría de países del mundo, tiene claro que el futuro del trabajo pasa por la formación y la educación. El problema de España es que ya no podemos seguir viviendo de fabricar ladrillos y que tenemos que recolocar a 2,5 millones de trabajadores sin formación que no se podrán volver a emplear en sectores como la construcción. ¿Cómo vamos a poder hacer lo anterior si recortamos más de 3.000 millones de euros en educación y llevamos el gasto del 4,9% al 3,9%, un nivel que sólo es comparable con países subdesarrollados?

En las sociedades no existe una protesta más legítima que la que aquellos que luchan y buscan un futuro mejor que el presente para las generaciones futuras. Para mi es esto lo que significan todas las protestas de educación y la famosa “marea verde”, los miles de docentes, familias y jóvenes que se resisten a que la crisis les robe también el futuro.

LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DE EUROPA: GRECIA Y HOLLANDE

Este fin de semana se han producido dos elecciones claves para Europa, en dos países con un gran significado histórico y actual. No podemos olvidar que fue en Grecia, a finales del siglo VI a.C., cuando un reformista Clístenes creó las bases del sistema institucional que acabaría dando lugar a la primera democracia (sin mujeres, esclavos y extranjeros) de la historia, bajo el principio de la isonomía o igualdad ante la ley. Este mismo principio, la igualdad ante la ley sería lo que animó a los franceses para llevar a cabo una revolución en 1789 y sentar las bases de un nuevo modelo político que dejaba arrinconadas en el cuarto oscuro de la historia, de un modo definitivo, las diferencias entre personas según su nacimiento, es decir, la sociedad estamental. De nuevo, bajo el principio jurídico de “igualdad ante la ley” se creaba un régimen liberal que sería la base sobre la que se construyeron en los siglos posteriores nuestras democracias.

Este principio de la “igualdad ante la ley” siempre ha estado asociado en la conciencia de Occidente a la idea de justicia y, en cierto modo, este es el sentimiento que los ciudadanos creen que se ha vulnerado con esta crisis y que ha generado la pequeña revolución política del 6 de mayo. En esta crisis que se produce bajo democracias consolidadas, sin embargo, la redistribución de los costes no ha sido nada igualitaria. Las instituciones europeas se han preocupado exclusivamente por sanear el balance de los bancos (prestándoles dinero al 1% mientras éstos lo prestan al 5%) y de los Estados (Plan de Estabilidad que quiere acabar con el déficit público), pero hasta ahora no se han preocupado por sanear la economía del hombre de la calle. El paro y la reducción del poder adquisitivo de millones de votantes por primera vez, desde la II Guerra Mundial, no han sido una prioridad en la agenda de nuestros políticos. Y todo esto no ha sido casualidad, ni una cuestión de verse arrastrados por las circunstancias, en todo caso, se han visto arrastrados por su propia ideología. La situación que vivimos es producto de esa nueva conciencia de aristoi que viven las elites económicas en nuestra sociedad y sus representantes políticos, el mal llamado centro–derecha. Como éstos consideran que son mejores gestores económicos que la mayoría, pese a llevarnos a la mayor recesión de Occidente desde el Crack del 29, su política se ha basado en concentrar la riqueza en sus manos a ver si, de ese modo, podían multiplicarla y sacar a las economías de la recesión.

La propuesta anterior no sólo no ha tenido resultado, los países que han recortado más fondos de su economía productiva y que más recursos han concentrado en el sistema financiero han tenido unos resultados desastrosos y la Gran Recesión la han transformado en una Doble Gran Recesión, de modo que a las década perdida que se presuponía para sus economías se le puede ir sumando otra más. Esta situación ha hecho más evidente, si cabe, la sensación de vivir bajo un sistema profundamente injusto con aristoi o ciudadanos de primera que son salvados por el Estado en todos sus errores económicos y una mayoría de demos o pueblo que es dejado a su suerte. Pero los mercados, la Acrópolis o fortaleza moderna de los aristoi, no votan, éstos pueden constreñir nuestras políticas económicas pero no dirigirlas, porque la ciudadanía se puede rebelar y votar, en último término, a un tirano, es decir, a un partido populista que modifique las reglas de juego, incluso, de los mercados. Sin llegar a este extremo esto es lo que ha sucedido en Grecia y Francia.

En Grecia nos acercamos más a la elección del tirano. Un pueblo que lleva durante años sufriendo unos recortes inhumanos y la humillación constante de sus socios europeos ha hundido a los partidos mayoritarios; el PASOK y Nueva Democracia han pasado de contar con el 78% del electorado a sólo el 32%, entre los dos serían incapaces de formar un gobierno con mayoría suficiente. La Coalición de Izquierda Radical (Syriza) ha pasado a ser la segunda fuerza política más votada con un 16,76% de los votos y el Partido Comunista alcanza el 8,5% de los votos y los neonazis de Dorado Amanecer el 6,5%. Con estos resultados el mensaje del pueblo ha sido claro, cualquier opción, incluido el populismo, menos el mantenimiento de unos recortes que eran ya inasumibles. En Grecia la política ha recuperado el cetro frente a la economía, pero a costa de aumentar la incertidumbre respecto del futuro.

Francia, sin embargo, se ha mantenido en el consenso de Posguerra; el Partido Socialista, después de 17 años ha recuperado el poder frente a los gaullistas, liderados en este caso por Sarkozy. Además, ésta imagen del consenso, parece reforzada por el hecho de unos electores que se muestran cansados de las aventuras políticas de Sarkozy y giran hacia un buen contable como Hollande. Sin embargo, aquí las expectativas son mayores que en el caso anterior. Las políticas de austeridad estaban asociadas al tándem Merkozy y Hollande se encuentra en la responsabilidad, como Clístenes en el siglo VI a. C., de dar una salida política a la crisis económica que vuelve a hacer sentir al ciudadano cierta sensación de justicia, de amparo por el Estado que sostiene con sus impuestos y trabajo, y de confianza en el futuro. Un reto, sin lugar a dudas, titánico, que pasa, de nuevo, por una reforma política que haga de Europa un estado y no sólo un mercado.

¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?

Lo bueno de una crisis económica es que hace más evidentes los errores de nuestro funcionamiento diario. Los años de crecimiento económico actuaron como anestesia autocomplaciente de nuestros errores, la corrupción urbanística que gangrenó nuestro sistema político y financiero eran cuestiones menores, el atraso científico de España era algo inherente a nuestra historia ya que, al fin y al cabo, todavía no había frenado nuestro desarrollo económico. Ejemplos todos ellos evidentes, pero que se pueden multiplicar hasta el infinito.

Uno de ellos fue la Jefatura del Estado. En el Artículo 1.3 de la Constitución de 1978 se establece la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. En el Título II se arbitran sus competencias, entre las más importantes destacan las siguientes: “asumir la representación del Estado español en las relaciones internacionales”; “sancionar y promulgar las leyes; convocar elecciones y referéndum”; “ser informado de las cuestiones de Estado”; “proponer y nombrar al Presidente del Gobierno y ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Aunque, claro está, es una representación simbólica, no real y, por tanto, cada función que le atribuye nuestra constitución va acompañada de coletillas como “de acuerdo a la Constitución”, “a propuesta del presidente del Gobierno” o “con arreglo a la Ley”. En resumen, no vivimos bajo un régimen presidencialista donde el Jefe del Estado es considerado un poder moderador del Gobierno y las Cortes, como sucede en Estados Unidos y Francia; sino que nuestra Jefatura del Estado tiene un valor simbólico, representa la continuidad histórica del Estado por encima de la coyuntura parlamentaria o gubernamental, sería el caso de Alemania e Italia. Aunque en estos países, a diferencia del nuestro, esa continuidad histórica no es incompatible con la elección popular y sus presidencias son elegibles.

Este es el principal punto de desencuentro con nuestra Monarquía. Desde un punto de vista teórico, la Monarquía hereditaria es incompatible con el Estado de derecho. Éste se inauguró con la Revolución Francesa y estableció el principio de la igualdad ante la Ley. Frente a una Edad Media y Moderna donde el acceso a una categoría social se determinaba por la sangre, es decir, por el nacimiento, en la sociedad contemporánea todos partimos de las mismas oportunidades jurídicas y es nuestra suerte en la vida de los negocios la que determina nuestra posición social. Como resto medieval, por tanto, se sitúa nuestra Jefatura del Estado: nadie le elige. Lo que es más grave, nadie puede modificar su estatus, a pesar de sus errores. Como en el pasado, aunque su ejercicio del poder ahora sólo sea simbólico, éste sigue siendo irresponsable, es decir, sólo Dios juzgará sus actos y su elección es fruto del nacimiento, que le otorga unos derechos jurídicos diferentes al resto de ciudadanos. Es decir, vivimos en una democracia que obliga a todos menos al Rey; por tanto, el máximo representante de nuestra democracia se sitúa fuera de ella.

Pero desde un punto de vista práctico también es cuestionable nuestra Monarquía. En sus orígenes ésta surgió del franquismo. Fue Franco el que, saltándose incluso las mismas leyes no escritas de las sucesiones reales, situó a Juan Carlos I como su heredero por encima de su padre. Es decir, aquí la legitimidad histórica fue suplantada y todos lo aceptamos como si no hubiese pasado. Pero es que además no se le dio al pueblo la posibilidad de elegir su Jefatura de Estado. Es cierto que la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y aprobada (87,78% de los votos afirmativos del 58,97% de votantes), pero no menos cierto es que la Monarquía entraba dentro de un todo que incluía a la democracia en sí misma. Los españoles votaban la única oferta democrática que la clase política les había dispuesto, es decir, no había alternativa, se elegía entre un todo o nada. Este punto me parece de lo más contradictorio de nuestra clase política: si el Rey es tan popular como dicen todas las encuestas, ¿por qué entonces tenemos tanto miedo de someterlo a un proceso de legitimidad democrática?; ¿o es que entonces situamos al propio Rey por encima de nuestros principios democráticos?. ¿Somos antes una monarquía que una democracia?

En los años posteriores a la Transición surgieron los llamados Juancarlistas, aquellos que dicen no ser monárquicos pero que el papel del Rey el 23-F con un discurso y práctica en apoyo a la democracia cubrió a éste de legitimidad para representarnos como Jefe del Estado. Podemos, por tanto, aceptar una coyuntura histórica favorable al Rey, en todo caso también incompatible con el principio que le otorga una permanencia en el poder absoluta y al margen de sus actos.

En los años 80 y 90 la Transición, como consecuencia del éxito económico, que no democrático, fue vista como un modelo a seguir y, por tanto, la relación entre el Rey y sus gobernados fue espejo de ese sistema “modélico”. Parecía que sólo nos importunaba en Navidad con unos discursos soporíferos que ponían en evidencia a aquel que se había pasado de la cuenta con el champagne… Sus errores eran obviados o tildados de propios de un personaje campechano que hacía gracia con improperios como el ¿Por qué no te callas? Aunque su imagen se iba caricaturizando cada vez más, a fuerza de forzar lo campechano el Rey se estaba convirtiendo en un esperpento de sí mismo. Y a partir de entonces los escándalos se sucedieron: el caso Noos se llevó la palma, el yerno perfecto que utiliza la fama que le otorga la cercanía a la Jefatura del Estado para realizar negocios espurios. La Casa Real es vista por sus súbditos como una Hoguera de las vanidades donde el mismo Tom Wolf parecía haber escrito el guión que interpretaban la Casa Real y sus cercanías. Juan Carlos I está tocado y los errores se suceden, porque después de treinta años, al igual que la Transición, éste ha dejado de ser intocable: una Casa Real que es la única institución que mantiene sus cuentas opacas, un Jefe del Estado que en plena expropiación de YPF se va de cacería a Botswana, actividad de la que nos enteramos porque se ha roto una cadera, una imagen lamentable de un representante de todos los españoles matando a elefantes completamente despreocupado por los problemas del país y podíamos seguir…, pero los ejemplos ya no son importantes.

Esta crisis económica, en el largo plazo, es también la crisis del pacto político y social que se dio este país durante el proceso de Transición democrática. De un modo, cada vez más evidente, se hace necesaria su reforma, renovación o sustitución y, no lo olvidemos, la suerte del Rey de España está íntimamente ligada a este Pacto. Si el modelo de la Transición se muestra incapaz de seguir liderando nuestro país, la figura del Rey como Jefe del Estado es una figura cada vez más anacrónica, carente de sentido y sin legitimidad política alguna. Un elemento que no nos engrandece como nación, sino que nos debilita. El Rey ya no es el mejor representante de España en el extranjero, ya no sirve para sujetar en el pacto constitucional a los partidos nacionalistas, ya no genera un sentido de unidad para todos los españoles independientemente de sus preferencias políticas de derechas o izquierdas.

Por todo lo anterior y como español que vive y cree en la necesidad de los regímenes democráticos como mecanismos de gestión política, no creo conveniente mantener la figura de un Jefe del Estado incapaz de cometer errores. Éste es tan humano como el resto y, por lo tanto, debe estar sujeto a los mismos principios del Estado de derecho donde la disculpa es un instrumento de resarcimiento moral, en ningún caso político. Si considero que las virtudes del Jefe del Estado son menores que sus defectos y éste es un estorbo para el desarrollo del país, tengo que tener el derecho de cesarlo y sustituirlo por una persona más valiosa, como cualquier otro cargo público.

La III República no traerá un mejor sistema político, ni una superación de la crisis económica y social que vivimos, pero, al menos, hará más eficiente y transparente la toma de decisiones del Jefe del Estado, aunque sólo sea por canalizar hacia actividades más útiles la energía que nuestros medios de comunicación y políticos utilizan para reforzar la figura del Rey. En una república el Jefe del Estado no tiene por qué parecer perfecto, si no nos gusta lo podemos cambiar.

LOS PECADOS CAPITALES Y CHIVOS EXPIATORIOS DE LAS CRISIS ECONÓMICAS

Hooverville: casas suburbiales que se extendieron por todo Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión. Llevan el nombre del presidente republicano Hoover que no tomó ninguna medida para salvar la crisis.

Es cierto que todas las sociedades, cuando entran en una crisis tan profunda, suelen cometer errores políticos de calado. Uno de los pecados capitales más comunes son los relacionados con la vuelta a un pasado idealizado que es imposible. Las circunstancias cambian pero, por mucho que se empeñen los manuales de autoayuda, éstas son vistas con recelo por las personas que tienen en su experiencia pasada su mapa de coordenadas personal con el que guiarse por este mundo. El problema es que estos pecados capitales suelen traer acompañados otros más graves, relacionados con la creación de chivos expiatorios que carguen con la frustración acumulada por los años de errores reiterados.

El caso más paradigmático se produjo en la Europa de Entreguerras. La vuelta al pasado se simboliza con unas economías que se dirigieron hacia la Gran Depresión, tras el crack del 29, por mantener una ideología liberal que había servido al mundo en el siglo XIX. La sociedad había cambiado y, en palabras de Keynnes, si dejásemos que la economía recuperase el pulso por sí misma todos acabaríamos calvos y, lo que es más grave, muertos de hambre. También en Entreguerras se reproduce el chivo expiatorio clásico: la Shoah, término hebreo con el que se define al Holocausto. A la frustración de los alemanas que habían perdido la I Guerra Mundial, se suma la humillación de la Paz de Versalles (1919) que la declaró única culpable de la Guerra y la obligó a pagar onerosas indemnizaciones. Por si lo anterior no bastase se suman las consecuencias sociales de la Gran Depresión, que elevó la tasa de paro en Alemania hasta los 7 millones, más del 35% de la población activa. Todo este conjunto de factores coyunturales, junto a la segregación y odio que los cristianos habían acumulado durante siglos contra los judíos, hicieron que aquellos vecinos cultos y cosmopolitas que les habían acompañado durante siglos se tornaran en la causa de todos sus males. La frustración de los alemanes ante la crisis tuvo la trágica consecuencia de 10 millones de judíos asesinados y toda la cultura del judaísmo laico, intelectual y cosmopolita erradicada de Europa. Esa culturan nos había legado a literatos como Thomas Mann, científicos como Einstein, filósofos como Hanah Arendth, políticos como Léon Blum… por situar un personaje prominente en cada rama que hubiera sido exiliado en Estados Unidos o internado en un campo de concentración. En resumen, la frustración de Entreguerras se llevó al infierno a una buena parte de la cultura, sociedad e historia de Europa.

En la actualidad, en España, también vivimos una crisis semejante, en su intensidad. Estamos ante la crisis que ha generado un mayor decrecimiento del PIB, destrucción de empleo y pérdida de poder adquisitivo de toda nuestra historia. Aunque esto no lo notamos tanto como en otras ocasiones porque nuestro punto de partida es mucho más “rico”. Pero, sin lugar a dudas, pone punto y final a esa historia de crecimiento, modernización y paz social que se fundamentó en el “exitoso” pacto de la Transición. Una época de tal éxito en nuestra historia que habría que retrotraerse a la segunda mitad del siglo XV para encontrar algo semejante. Pero el espíritu español no es racional, más bien pasional y, como tal, le gusta recrearse en la agonía de su éxito. De ahí que aquí los pecados capitales de los que hablábamos se extiendan en el tiempo. Por eso los gobiernos del PP, a pesar de lo que digan los titulares de prensa, no está realizando ninguna reforma estructural en lo económico. Los fundamentos de nuestra economía siguen inalterados, turismo de sol y playa, un mercado de trabajo de mano de obra barata para la inversión extranjera y un mercado de consumo interno con suficiente población y cercano a los grandes centros de producción europeos (Alemana y Francia). Pero el respiro del turismo dado en los años anteriores se acabará cuando vuelva la calma al norte de África, el tirón europeo se ha agotado y del ladrillo ni hablemos. En la Historia Económica Mundial de Rondo Cameron el autor sitúa el éxito industrializador de muchos países de Europa a partir de una capitalización inicial, realizada a través de la especialización en un producto que penetró en los mercados internacionales y permitió el ahorro necesario para desarrollar productos de una tecnología más avanzada. Así Suiza inició su andadura con la leche y las cintas suizas, Dinamarca con la mantequilla, Finlandia con el papel… El problema es que España, que había podido ser la Prusia del Sur y haber pasado de la arena a un futuro mejor, decide repetir una y otra vez la misma canción: “arena y mano de obra barata, arena y mano de obra barata” y…, así hasta el infinito.

El PSOE fue tímido con el nuevo modelo productivo, el Plan E, necesario ante una caída de la demanda privada, se tenía que haber dedicado a potenciar más nuestra tecnología en trenes de alta velocidad, en energías renovables y en biotecnología. Nos hemos gastados decenas de miles de millones de euros en potenciar estas nuevas industrias y, cuando más necesarias eran para renovar nuestro aparato productivo, el PP ha frenado en seco su desarrollo. Personalmente creo que los españoles estarían dispuestos a hacer un sacrificio coyuntural si tuvieran la certeza de estar sentando las bases de su bienestar futuro. Por eso, cuando hacemos recortes no hay que tener en cuenta el gasto, sino el coste. Pongamos un ejemplo, hace unos años España se dedicaba a financiar energías renovables, ahora el gobierno del PP ha puesto el contador a cero. ¿Realmente nos hemos ahorrado esos 300 millones de euros al año o el gasto a largo plazo será mayor? Por cada millón de euros invertido en energías renovables se crean 10 puestos de trabajo, el doble que en las energías fósiles, habiendo llegado a generar en el sector industrial 200.000 puestos de trabajo que ahora peligran. Además nuestro déficit exterior se debe, en su mayoría, a la importación de energías fósiles, por las que pagamos cada año 60.000 millones de euros. En la actualidad las energías renovables se estima que ya permiten ahorrar 2.347 millones de euros al año en la compra de energías fósiles; además, las energías renovables habían desarrollado una industria, sobre todo, de instalaciones eólicas que el año pasado alcanzaron los 3.027 millones de euros en exportaciones, por último, nos han permitido ahorrar 374,3 millones de euros en CO2, por el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

En cuanto a los chivos expiatorios, por ahora, se concentran en los servicios públicos. Es increíble cómo la crisis está poniendo en cuestión un modelo de gestión que, hasta el momento había sido de éxito. Si España podía estar orgullosa de algo es que siendo la 13ª potencia económica del mundo y la 50ª en innovación empresarial sea la 3ª en su servicio público de salud. España se gasta el 8,4% de su PIB en sanidad, mientras que países como Alemania y Francia que llevan años de copago sanitario tienen peores servicios y se gastan el 10,6 y 11,1% de su PIB. La media de la UE está en el 9,6% y en Estados Unidos, el país que deja a 50 millones de ciudadanos sin servicios sanitarios, su gasto se eleva al 15,9% del PIB (datos EUROSTAT). Lo mismo podíamos decir de la educación, donde España ha pasado a ser de los países de la OCDE que menos se gasta en enseñanza, pese a lo cual no tenemos tan malos resultados. Así, hay comunidades autónomas como Castilla y León, Navarra o el País Vasco que se sitúan a la cabeza en el Informe Pisa. Si analizamos el fracaso escolar, que está diez puntos por encima de la media, este desfase se centra en la población escolar masculina, estando la femenina en la media. En España nos gastamos el 4,3% del PIB en educación, mientras que la media de la UE se sitúa en el 5% y la de los países nórdicos es ya próxima al 7%. Cuando Finlandia a principios de los noventa entró en una crisis financiera similar a la nuestra, también llevó a cabo una reflexión ciudadana que le condujo a apostar simple y llanamente por la educación; en pocos años salvó la crisis, se encaramó a la cabeza del Informe Pisa y conquistó el mundo con Nokia.

El chivo expiatorio del funcionario hará que desaparezca parte de lo mejor de nuestra economía y sociedad, nuestros servicios públicos. Estos son universales y gratuitos y, al mismo tiempo, de los más baratos del mundo desarrollado. No es bueno negarse a los cambios, pero tomar como modelo ejemplos que funcionan peor que el nuestro es algo cercano a la demencia. Estados Unidos no es la primera potencia por su sistema sanitario, que además quieren reformar hacia un sistema parecido al nuestro, sino porque es el país que más gasto público dedica a la I+D, tecnología que luego filtra a la sociedad a través de su sistema empresarial.

El discurso político actual es tan absurdo que llega a hacernos pensar que un país puede prescindir de la sanidad y educación. Cuando el modelo se privatice, ¿cuánto creen ustedes que le costará a nuestro sistema empresarial y a nuestros ciudadanos? Enriquecerá a unos pocos y será una rémora para el desarrollo del resto. En cuanto a los pecados capitales, estos están haciendo que no germine nuestro futuro económico. ¿Cómo va a emprender en nuestro país alguien que se tiene que enfrentar a un futuro laboral incierto? La inseguridad laboral, los bajos ingresos, el alto coste de los estudios superiores, la escasa capacidad de financiación, la baja inversión en innovación, etc. son todos ellos factores que imposibilitan el crecimiento de nuevas empresas que regeneren nuestro tejido productivo. Lo único seguro de las medidas económicas de Rajoy en el futuro es que éstas repetirán nuestras taras y harán desaparecer lo poco bueno que teníamos. No estamos ante un problema de gasto, sino de coste, es decir, en qué invertimos para producir al día siguiente.