LA VENGANZA CONTRA LA PREPOTENCIA

El título del artículo es toda una declaración de intenciones que recojo de una reflexión que hace sobre las elecciones del domingo Emilio Lledó. La democracia introducida en el siglo VI a. C. por Clístenes en Grecia se basa en el principio de isonomía, es decir, que tiene en la igualdad de todos los ciudadanos su valor esencial, frente a la aristocracia que defiende como virtud la herencia familiar o la timocracia que defiende la riqueza. La pregunta, por tanto, que nos tendríamos que hacer antes de votar el domingo es: ¿para qué somos iguales? Para mí la respuesta es que somos iguales para crear un nuevo escenario que dé lugar a nuevas posibilidades en los municipios y comunidades autónomas en los próximos cuatro años. En las anteriores votamos un escenario que ha permitido la corrupción y el incremento de la desigualdad, una redistribución de la renta a favor de las clases más pudientes, el deterioro de servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad, etc. Pero lo peor de todo es que el inmovilismo del voto y de nuestra clase política, ha permitido que se empoderen aquellos que deberían estar avergonzados con la España que sale de la crisis económica; lo digo porque el mayor problema de nuestra sociedad y democracia es que nadie asume responsabilidad por lo que sucede a su alrededor.

La UE, la Troika, los mercados internacionales se han convertido en la coartada perfecta de la irresponsabilidad, por lo tanto, el sistema se perpetúa en sus vicios hasta que otra crisis lo ponga en evidencia. Tenemos, por tanto, la posibilidad el domingo de hacer justicia con el pasado y virtud con el futuro. La corrupción no puede ser el ámbito habitual en el que se desenvuelva nuestra clase política, ni los recortes en servicios públicos y la devaluación salarial los instrumentos con que sigamos construyendo nuestro futuro económico. Por tanto, reflexionemos con los datos que hemos recogido en la inmediata experiencia pasada y ordenemos nuestras ideas proyectando nuestras propias aspiraciones en un futuro diferente al presente. El resultado de esta ecuación el domingo tiene que ser la venganza contra aquellos prepotentes que mientras pudrían el sistema desde dentro nos hacían creer que éste era el único camino posible; demostrémosles el domingo que no es verdad. 

GANÓ LA ESPERANZA

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En las elecciones de Grecia del 25 de enero de 2015 ganó algo más que el descontento de los griegos. En el mundo en el que vivimos es importante tener todavía la esperanza de que el mundo programado que Fukuyama sintetizó en su obra El fin de la historia no deja de ser otra ucronía más, que no tiene cabida en la  maravillosa indeterminación del ser humano. El autor norteamericano nos proponía un mundo donde la economía de mercado y la democracia se convertían en los únicos modelos posibles a los que podía aspirar el ser humano y uno de sus bastardos serían las políticas de austeridad que Merkel ha implementado en Europa, sobre todo, en los Estados del Sur, como medio para salir de la Gran Recesión iniciada en el año 2007. Pues bien, los griegos, en un ejercicio de soberanía nacional, no exento de injerencias extranjeras, han dicho que su único camino no puede ser el que Churchill propuso a los ingleses para ganar la II Guerra Mundial, un camino marcado por la sangre, el sudor y las lágrimas, y que en el caso griego ha supuesto la pérdida del 20,1% de su riqueza nacional en cinco años, para los trabajadores esta pérdida se eleva al 30% de su poder adquisitivo y 3,5  millones de griegos viven hoy bajo el umbral de pobreza, según una entrevista de El Mundo a Christos Emmanoulidis, profesor de la Universidad de Salónica (3-11-2013).

Pues bien, en las elecciones de ayer, los griegos han dicho que éste no es su camino, que un sacrificio que no sirve siquiera para reducir la deuda pública -ésta se mantiene en el 175% del PIB- no es un camino inteligente. La victoria de Alexis Tsipras, líder de Syriza, que se ha quedado al borde de la mayoría absoluta, es positiva por entender que los mercados globalizados y los fondos de capital no son las nuevas parcas del siglo XXI que manejan los hilos del destino de los hombres al margen de sus decisiones. Hoy Grecia ha recuperado la dignidad como pueblo porque ninguna amenaza le ha impedido hacer lo que considera que es mejor y más justo para su futuro.

Como elemento final, desde España, reconocer que la victoria de Syriza parece una entelequia, porque Tsipras no ha renunciado a considerarse un líder de izquierda, situando la austeridad dentro del neoliberalismo que nos invade y condena a un futuro más injusto. Pero éste será tema de otro debate, ahora sólo quiero regocijarme en la incertidumbre que nos han devuelto los griegos con su voto. 

LA NECESIDAD DE UN NUEVO DEBATE PÚBLICO

Uno de los aspectos más preocupantes de nuestra realidad política y ciudadana y que, además, parece que empeora año tras año es la ausencia de un espacio público abierto a la crítica y al debate constructivo. Esto se ha evidenciado, sobre todo, tras la irrupción electoral de Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014, donde dicha formación política irrumpió con fuerza obteniendo 5 eurodiputados. Este acontecimiento hizo saltar las alarmas del bipartidismo, hecho éste que se ha reforzado en las últimas encuestas electorales que le sitúan en torno al 20% del voto y a escasos puntos del PSOE.

Me parece normal que ante esta situación, aquellos que sienten amenazada su hegemonía política contraataquen al proyecto político de Podemos. Pero este ataque se debería centrar en mostrar que ellos representan una alternativa ciudadana mejor; como esto no parece posible inician una lluvia torrencial de descalificación que, en realidad, no significa nada. Así, el PP y, con menor intensidad el PSOE, empiezan a vincular sutilmente a los líderes de Podemos con el terrorismo de ETA, internacionalmente con el chavismo y en política interior con la demagogia y el populismo, pero ninguno de ellos se atreve a confrontar públicamente sus programas electorales con el de Podemos.

Si esta táctica es algo que una ciudadanía crítica y responsable debería castigar en las urnas, no menos preocupante es la actitud de los medios de comunicación. Éstos deberían generar un debate sereno e imparcial en torno a lo que la nueva formación política ofrece a la sociedad, sin embargo sólo se hacen eco de la cacofonía del bipartidismo. Por ejemplo, ¿por qué se acusa de populista la propuesta de renta básica ciudadana cuando ésta está presente en prácticamente el conjunto de países de Occidente y también se han desarrollado planes similares en nuestras comunidades autónomas (aunque ésta es de muy baja cuantía y no cubre al conjunto de la población)?. Lo mismo podríamos decir de la medida experimental llevada a cabo en un ayuntamiento de Suecia de reducir a 6 horas diarias la jornada laboral, ¿son también los dirigentes de la socialdemocracia sueca que han gobernado dicho país durante ochenta años unos populistas? ¿Están llevando a este país a un desastre que veremos llegar dentro de quizá unos siglos? Sin embargo nadie cuestiona unas políticas económicas, las implementadas por Merkel, Bruselas y el FMI, que hunden trimestre a trimestre en la recesión a los países que se les aplica, ¿por qué aquí es razonable no tener en cuenta la evidencia empírica y seguimos defiendo algo que no funciona?

Este deterioro del debate público que vivimos en España puede tener consecuencias trágicas, como el desaforamiento de fiscales y jueces que ha propuesto el ministro Gallardón y que también es responsabilidad de unos medios de comunicación que han abandonado la tradicional pedagogía y educación política de la ciudadanía que antes se les presuponía. La gente en la calle se congratula de la reducción de aforamientos, porque entiende que esto está relacionado con la impunidad de la clase política. Personalmente creo que esto será todo lo contrario. El aforamiento de jueces y fiscales supone que éstos sólo pueden ser juzgados por el tribunal supremo, para evitar denuncias y procesos largos y perjudiciales para la justicia de aquellos que pretenden poner trabas en el curso de un juicio. Por tanto, el próximo Fabra, al eliminar el aforamiento, tendrá más tiempo para delinquir mientras está siendo juzgado. El Tribunal Supremo de Valencia tardó años en decidir su causa y, mientras tanto, seguía en su cargo en la Diputación de Castellón. Cuando éste deje de estar aforado serán décadas lo que tardemos en resolver su juicio, primero tendrá que resolver el juzgado en primera instancia y luego el Supremo de Valencia, mientras tanto podrá acusar a aquellos que lo encausan y enredarles en otro proceso judicial para que éste siga cometiendo sus fechorías al frente de un cargo público.

En resumen, no podemos seguir teniendo un debate público sometido al titular que remueve nuestra vísceras, similar al que realizamos en la cafetería con los compañeros de trabajo en un tono distendido y poco reflexivo. Necesitamos un debate sereno, razonado, calmado y consecuente para poder ejercitar la ciudadanía de modo que tomemos las mejores decisiones posibles, sólo de este modo saldremos de una crisis que también es nuestra responsabilidad, señalando, en la medida de nuestras posibilidades, el camino futuro que debamos tomar. 

NO ES ECONOMÍA, ES FANATISMO

En Europa nos encaminamos hacia una tercera caída generalizada de la economía, dentro de lo que se ha venido a denominar la Gran Recesión. Éste sería su séptimo año y, para muchos países de Europa, como España, esta es la época de su historia donde durante más tiempo se ha convivido con tasas negativas de crecimiento. Una recesión o crisis económica es la constatación empírica de que no se están asignando de una manera adecuada los recursos económicos, tanto públicos como privados. En una economía desarrollada los primeros suelen suponer más de un tercio y los segundos menos de dos tercios. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer es modificar la asignación de recursos que nos ha llevado a esta situación, es decir, cambiar las políticas económicas impuestas desde el Banco Central Europeo, tanto públicas como privadas. Como Shakespeare hubiera dicho hoy, algo podrido huele en Berlín, pero lo peor es que sigue oliendo y nada hace pensar que dejará de hacerlo en un futuro próximo.

Las políticas económicas que se han aplicado en el mundo desde la última recesión, el crack del petróleo de 1973, han sido las neoliberales, reforzadas por el hundimiento de la alternativa soviética en 1991. Como dijera Fukuyama en su ensayo El fin de la historia, sólo existe el camino de la democracia liberal y la economía de mercado para las sociedades del siglo XXI. El problema es que este camino se muestra, cada año, más angosto y sombrío para una mayoría de la población, en Europa y en el resto del mundo. Pero si sabemos, si constatamos estadísticamente todos los trimestres, que estas políticas son un error, entonces, ¿por qué seguimos aplicándolas?, ¿por qué seguimos errando año tras año…? Unas políticas que, además, pese a su fracaso empírico, ganan más y más gobiernos; el último el de Hollande, que precisamente se alzó con el poder con un discurso contrario a las mismas, e iba a ser la “última esperanza socialdemócrata” que derrotase a Merkel. Sin embargo, su combate contra el neoliberalismo no ha durado ni un asalto.

Siguiendo con el relato principal, ¿por qué se mantiene en la agenda política la implementación de unas políticas económicas que están destinadas al fracaso, que pueden incluso destruir el sistema político que las ampara? La respuesta es que éstas tienen mayor fuerza que la realidad, la de la religión. Las élites económicas y políticas de Europa, sobre todo en el norte, llevan durante siglos, desde el XVI, conviviendo con una práctica moral que vincula gracia divina y beneficio económico, que considera la ganancia comercial como un presente de Dios. Una moral económica que es optimista para los que triunfan y despiadada para los que fracasan, que es indiferente a las estadísticas y resultados empíricos, porque sus agentes políticos y económicos están llevando a cabo un plan divino, donde el objetivo de las políticas de austeridad es castigar a una clase trabajadora cuya falta moral (escasa competitividad) es causante de la actual crisis económica y sólo una mejora de las exportaciones (gracia divina) será capaz de restaurar nuestras economías, de ahí que el país con más exportaciones del Mundo (Alemania) sea el representante en la tierra de las políticas económicas divinas. En palabras de Bill Clinton: no es economía estúpidos, es fanatismo. 

¿QUÉ LEGITIMIDAD TIENE FELIPE VI COMO REY DE ESPAÑA?

La escasa legitimidad de Felipe VI se debe a que, como pasó con su padre, éste se muestra heredero de un régimen decrépito que está siendo superado por los acontecimientos de la calle. La sociedad que surge de la crisis de 2007 es una sociedad más pobre y desigual que la que se vivió en los años anteriores y ha hecho culpable, por igual, a aquellos partidos políticos que vienen construyendo el modelo económico y social desde la Transición, una historia de éxito que ha sido quebrada y nadie acierta a reconstruir.

En los Seis libros de la República  (1576) Bodín justificaba la monarquía al ser los reyes los lugartenientes de Dios en la tierra. En un mundo, la Edad Moderna, donde el pensamiento religioso todavía dominaba el discurso intelectual de la época, la monarquía encontraba su espacio teórico. También lo encontraba en el sentido práctico, las monarquías eran fuente de centralidad y desarrollo del estado moderno, frente a los poderes medievales intermedios (nobleza e Iglesia) que fracturaban la soberanía de los estados. Pero la Edad Moderna, un período de transición entre esos poderes universales del medievo (Iglesia y el Imperio) y la afirmación de los Estados a través de las monarquías absolutas, también justificó este modelo político desde el punto de vista de la razón. Thomas Hobbes en el Leviatán (1651) justifica la monarquía absoluta como la mejor forma de gobierno porque el “hombre es lobo para el hombre”, es decir, porque si no existe una autoridad incontestada la sociedad deviene en guerras y conflictos sociales. Hobbes era hijo de una Europa arrasada por las guerras de religión, en la propia Inglaterra los súbditos anglicanos se habían levantado contra el autoritarismo católico de Jacobo I y habían acabado con su cabeza.

La obra de Bodín, Hobbes, las guerras de religión, la necesidad de contener a los poderes intermedios medievales, etc. crearon un contexto histórico donde la monarquía era la forma de gobierno incontestado en toda Europa, excepto en Suiza. Es de este contexto de donde viene la legitimidad de gobierno de la casa de Borbón en España, ganada a través de la la Guerra de Sucesión (1704 – 1713), pero nadie que legitime a Felipe VI puede buscar en estos principios el porqué de su coronación como Jefe del Estado en España. Entonces la pregunta sería, ¿qué legitimidad tiene? Su padre Juan Carlos I heredó la jefatura del Estado de Franco que en 1969 modificó la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado (1947) para declararlo heredero a su muerte. Es decir, la monarquía en España se empezó a construir sobre la legitimidad que había construido la dictadura de Franco a partir de su victoria en la Guerra Civil. Ésta, en la Transición, y con el acuerdo de la mayoría de partidos políticos que participaron en el proceso, se intentó revestir del oropel de la democracia. Su jefatura del Estado se incluyó en la Constitución de 1978 y ésta fue aprobada en referéndum por el 58,97% del censo electoral y el 87,78% de los votantes. Es decir, Juan Carlos I había ganado un hueco en nuestra Constitución y su papel en el 23 de febrero de 1981 hizo que se ganara a la opinión pública.

Pero tal vez deberíamos preguntarnos como Cadalso en sus Cartas Marruecas (1789) que nobleza hereditaria es la vanidad que yo fundo en que, ochocientos años antes de mi nacimiento, muriese otro que se llamó como yo, y fue hombre de provecho, aunque yo sea inútil para todo. Si acordamos que Felipe VI no puede legitimarse en la guerra que ganó Felipe de Anjou a principios del siglo XVIII, tampoco debería fundarse en lo que hizo su padre y en el proceso de Transición. Dicho proceso es lo que están utilizando aquellos partidos encumbrados hace cuatro décadas y que no quieren perder sus parcelas de poder. ¿Hasta cuándo llega la legitimidad de la Transición? Una generación, dos, tres o, como ya dijera Cadalso, ochocientos años. Pero, volvamos a los clásicos, al Contrato Social (1762) de Rousseau donde nos dice: toda ley que el pueblo no ratifica, es nula y no es ley. No se puede ser un demócrata a medias o confiar en la soberanía nacional sólo cuando nos interesa, porque ésta hasta el momento es la única legitimidad que funda nuestras democracias y Estados y Felipe VI reinará, pero no convencerá. 

CONFERENCIAS POLÍTICAS SIN NUEVAS IDEAS

Del 8 al 10 de noviembre de 2013 el PSOE realizó su conferencia política y lo que se anunciaba como el resurgir del principal partido de la oposición se quedó en el conocido “parto de los montes”. Los medios de comunicación contribuyeron también a que la conferencia política se situara en el ámbito del espectáculo y no en el de las ideas. Lo que nos ha quedado de esta conferencia política una frase que pronunció Rubalcaba al finalizar el Congreso: El socialismo ha vuelto, y una idea: reducir los impuestos a las rentas más bajas. Y esta es la constatación práctica de que el socialismo ni ha vuelto ni los ciudadanos le esperan. La clave está en su “falta de credibilidad”. Los votantes están cansados de partidos políticos que se construyen bajo los focos del marketing y que están vacíos de contenidos; la historia reciente del PSOE bien podría haber sido la de sus eslóganes: Por el cambio, En positivo y ahora El socialismo ha vuelto. ¿Qué quieren decir estar frases? Todo y nada, porque dentro de ellas cabe cualquier proyecto político, para que los ciudadanos no puedan pedirles cuantas cuando gobiernen. Su medida concreta, rebajar impuestos a las clases más bajas, constituye, de nuevo, una medida que no ofende a nadie y no soluciona nada. ¿Quién va a estar en desacuerdo con una medida que, en teoría, mejoraría los ingresos de las clases bajas y, al tiempo, no perjudicaría a nadie? Estamos, de nuevo, ante el populismo de los últimos años de Zapatero, un discurso fácil que sitúa cheques bebés en todos los hogares y una devolución en las nóminas de 400€ que sería mejor no recordar.

En la semana siguiente, del 15 al 17 de noviembre, el PCE celebraba su XIX Congreso. También bajo los focos mediáticos, aunque estos fueron menos y los grandes medios, defensores del estatu quo bipartidista, se olvidaron, de nuevo, del derecho de los ciudadanos a la información. A parte de esto, se produjo la reelección de Centella y dos ideas fuerza: la llegada de la III República y la salida del euro. Dos ideas que viene sobrevolando el PCE desde su refundación en 1986, tras el referéndum de la OTAN y su conversión en el partido mayoritario dentro de una coalición de izquierdas que conocemos como IU. El problema de esta organización parece sempiterno: situarnos en un discurso más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Es cierto que parece que la Historia de España está todavía enfrascada en problemas del siglo XIX y que estos no pueden ser obviados, pero junto a lo anterior  hay que definir y dar respuesta, desde la izquierda, a los problemas que definirán nuestro futuro como sociedad. Además la llegada de la III República será un mérito de los borbones y no de esta organización política.

El aumento de la abstención y que el peor gobierno de nuestra historia siga siendo la opción política más votada en las últimas encuestas, también es responsabilidad de unas organizaciones que deberían de dar respuesta a la pregunta fundamental de nuestro tiempo en España. ¿Cómo va a ser sostenible en nuestro  país el modelo neoliberal de privatización de servicios públicos con una devaluación salarial para recuperar competitividad? El modelo de Estados Unidos, que es el que defiende Rajoy, se lleva a cabo con unos ingresos medios per cápita de 40.200 euros al año frente a los 22.300 de España, un SMI en Estados Unidos en 971,22 euros, frente a los 748,30 de España (Datos del Banco Mundial para 2012). Además en Estados Unidos la tasa de paro se ha situado en el 7,2% y cuando alcanza el 10% estamos ante una emergencia nacional. Sin embargo, en España, la tasa de paro se sitúa en el 26,7% de la población activa y se asume como algo estructural y necesario para ganar en competitividad. Aun así en Estados Unidos se intentan reforzar los servicios públicos (reforma sanitaria de Obama), porque el gasto sanitario se sitúa en el 12% del PIB, mientras que en España es del 8%, y deja al margen a 50 millones de ciudadanos, al tiempo que siete de cada diez quiebras en el país de las oportunidades se debe a que la persona ha caído en una enfermedad grave como el cáncer o ha tenido un accidente.

Si no conseguimos hacer frente a un proyecto alternativo al PP, ¿se imaginan en una España sin servicios públicos? ¿Cómo será posible que la gente tenga asistencia sanitaria o servicios educativos, cuando cerca de un 1/3 de la población activa no tiene trabajo y de las 2/3 partes restantes, el 60% gana menos de 1000 euros al mes? ¿Qué posibilidades de consumo tendrá una familia que tenga que cargar a su escaso salario mensual, 250 euros de seguro médico y 150 de cheque familiar para que un hijo estudie? Estos son los problemas que se tendrían que estar discutiendo y que los periódicos tendrían que situar en portada y así, tal vez, nuestras opciones políticas ganasen un poco de credibilidad, el otro poco lo ganarían con una alternativa razonada y creíble que reforzase los servicios públicos y la capacidad de negociación laboral de los trabajadores y, por último, recuperarían el puesto que han tenido en el pasado cuando esto lo llevasen a cabo.

Los anteriores son los tres pasos que hay que dar y olvidarse, unos,  del marketing que deja vacíos de contenido a los partidos políticos y, otros, de un discurso que tuvo éxito, pero en el pasado. Las ideas fuerza tienen que ser respuestas concretas a los problemas concretos de los ciudadanos como han hecho la PAH y otros movimiento sociales que pese al bipartidismo y lo tendencioso de la mayoría de los medios de comunicación, sí han tendido éxito.

¿DEBERÍA SER JUZGADO EL VOTANTE POR SU VOTO?

Decía Montesquieu en el Espíritu de las leyes (1748) que: el poder tiene que contener al poder, es decir, el poder no puede ser absoluto; los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser autónomos y enfrentados, vigilándose los unos a los otros en relación con la parcela de actuación que se les ha asignado, la de hacer las leyes, poner los medios para su desarrollo o juzgar a los ciudadanos de acuerdo a ellas. El conjunto de regímenes políticos modernos que se han venido desarrollando desde entonces buscan su legitimación mostrando dicho equilibrio de poderes, sobre todo nuestros regímenes parlamentarios o democracias occidentales. En la práctica la preeminencia del ejecutivo suele someter al resto de poderes y la soberanía nacional, concepto acuñado por otro ilustrado francés, se restringe al voto que los ciudadanos depositan en las urnas cada cuatro años en las elecciones. Al menos éste es el sistema que rige en nuestro país. Un poder ejecutivo tan omnímodo que cuando disfruta, por delegación ciudadana, de una mayoría absoluta en el Congreso extiende sus tentáculos a la Fiscalía General del Estado,  al Tribunal Constitucional y otras instituciones en cuya función originaria estaría precisamente la defensa de los ciudadanos frente a esa mayoría absoluta, que actualmente  convierte al PP en una especie de monarquía absoluta de origen divino durante, al menos, cuatro años. Esta disfunción en nuestra democracia sería suficiente para que los españoles nos replanteásemos el equilibrio de poderes que nos dimos con la Constitución de 1978 y que, vista su aplicación práctica ha favorecido el desarrollo de la corrupción en nuestro país de un modo desolador. Sustantivos como Bárcenas, Noós, Gurtel, EREs, Malaya, etc. han convertido  el discurso de nuestra democracia en un auténtico dramón castizo que, cada día, se acerca más a una película de terror para el ciudadano, sobre todo porque no parece tener fin.

¿Cómo finalizar con este modelo político que ha saqueado en beneficio de unos pocos nuestro crédito público y privado? La respuesta sería sencilla si estuviese solo en la reforma constitucional que hiciese efectivo el equilibrio de poderes, algo que, por  otro lado, considero necesario. Los jueces tendrían una mayor independencia de criterio, algo siempre deseable en democracia, lo mismo que el Parlamento, y ambos podrían moderar, como sucede en Inglaterra, los excesos del ejecutivo. Un ejemplo sería la dimisión del ministro inglés de energía Chris Huhne  por ocultar una multa de tráfico por exceso de velocidad. No me puedo ni imaginar la cara de incredulidad de muchos políticos españoles al leer esta noticia en la prensa hace ya cerca de un año. Tampoco me puedo imaginar la impotencia de los parlamentarios españoles cuando se enteraron de que el parlamento británico, donde tiene mayoría el gobierno conservador, rechazó por 285 votos a favor (entre ellos diputados tories del primer ministro Cameron) frente a 272 en contra una rápida intervención militar en Siria a finales de agosto de este año. En resumen, una democracia más madura, con instituciones independientes unas de otras, sin lugar a dudas mejoraría nuestra salud democrática. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene la intuición de que ni siquiera bajo ese supuesto se hubieran evitado muchas formas de corrupción en nuestro país? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos con su voto, una vez y otra vez, validan con mayorías absolutas un gobierno de corruptos? En Valencia en las elecciones autonómicas de 2011 el PP obtuvo 55 escaños frente a los 54 que había conquistado en 2007, estando la mayoría absoluta en 50. Es decir, por acción u omisión, los votantes expresaron su acuerdo con la corrupción que les gobernaba. Su connivencia fue absoluta con un Carlos Fabra que llegó a decir que un tribunal popular le había absuelto en las elecciones, y también con el presidente Camps, por no nombrar al Bigotes y toda la fauna que apareció en los medios de comunicación  a raíz del caso Gürtel. ¿Qué reforma constitucional deberíamos hacer para aquellos que consideran que al frente del espacio público deben estar políticos corruptos? ¿Debemos dejar que la democracia, expresión máxima de la soberanía nacional, se arrope bajo la bandera de una libertad que todo lo permite y aprueba? ¿O tal vez, deberíamos recordarles lo que dice nuestro Código Penal? Este en su artículo 176 establece: El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años. ¿Hasta qué punto un votante debería ser considerado cómplice de la misma corrupción al permitir con su voto que cargos públicos sigan delinquiendo? Recordemos la definición del Delito de Comisión Por Omisión: hacer lo que no se debe, dejando de hacer lo que se debe (…)alcanza resultado mediante una abstención. Obviamente para que nuestra democracia no se corrompa más de lo que está necesita que el voto sea secreto y salvaguardar el anonimato de quien lo ejerce o no, además de ser una necesidad de la democracia y de la libertad misma el que podamos elegir cualquier opción política que se nos presente; pero el ejercicio o no del derecho al voto entraña una responsabilidad individual que, aunque no pueda ser juzgado por el código penal, debería ser, al menos, consultado a nuestra más íntima conciencia y bajo un constante ejercicio de responsabilidad. No esperemos que otros resuelvan lo que podemos hacer nosotros.