lunes, 22 de octubre de 2012

¿SON SÓLO UNOS RESULTADOS ELECTORALES EN GALICIA Y EUSKADI?


Ellas siempre votan

En estas elecciones se ha demostrado que la izquierda, últimamente, siempre tiene las de perder. En primer lugar porque entre la ciudadanía pesa más el voto identitario que el social. No importa que una mayoría de la población sufra por los recortes, que una de cada cuatro personas esté en el paro o que más de un millón de familias tengan que acudir al servicio de emergencia de la Cruz Roja o Cáritas. Para el elector es más importante que agiten una bandera, algo que fácilmente hacen aquellos para quien ésta no representa nada y, por lo tanto, puedan manipular a sus seguidores hacia sus oscuras intenciones. ¿Es que alguien piensa que el PNV o CIU son diferentes al PP? ¿Acaso cuando gobiernan en minoría no buscan sus apoyos para recortar en derechos sociales? Pero que fácil es creer que las circunstancias de una economía globalizada y de un neoliberalismo que siguen con fervor todas las élites económicas y empresariales del mundo van a modificarse con un estado propio. ¿Por qué vemos necesaria la creación de nuevos estados–nación cuando fallan los viejos, si es el concepto decimonónico de nación el que es incapaz de enfrentarse a la globalización económica? No nos engañemos, Islandia no está creciendo porque sea un estado pequeño de cerca de 200.000 habitantes, ni porque se haya convertido en un paraíso fiscal (que no lo es), único modelo económico por el que sobreviven los microestados a costa del resto de la población mundial. Islandia ha crecido porque ha dicho que no va a pagar una deuda que han creado sus bancos privados, es decir, no va a hacer públicas las pérdidas y a privatizar los beneficios. Y este “no” de la ciudadanía, llevando al poder a un partido de izquierdas, es lo que le lleva a ser el país de Europa que mejor ha salido de la crisis económica.
Lo anterior es un análisis válido para el País  Vasco, pero en Galicia ha sido peor. Hemos vivido la derrota de la identidad de la izquierda. Esa izquierda posibilista que ha sido la más castigada por la crisis económica, porque ha sido incapaz de articular una alternativa creíble a la crisis económica, porque ella estaba en el poder cuando precarizó el empleo de la juventud, cuando irrumpió la quimera del mileurismo en nuestras vidas, cuando encontrar un trabajo fijo se convirtió en un desideratum para los jóvenes. El PSOE no deja de ser visto por éstos como el que colaboró en el recorte de los derechos sociales que él mismo había construido para nuestro país. El PSOE tiene que reconstruir esta imagen y no esperar a que el Gobierno le caiga como fruta madura del árbol, esperando a que el desgaste del PP haga su camino hacia el Gobierno. Este partido tiene que regenerarse por completo, soltar lastres con su pasado inmediato y ofrecer nuevas caras a un electorado hastiado de que la política en España suene como el bolero de Ravel, siempre la misma música. Pero la izquierda antisistema también ha salido derrotada en estas elecciones, porque después de ellas, en Galicia, sólo habrá una dirección política, la del “recorte”. Es decir, un 47% de participación electoral o menos, si se diera el caso, no va a hacer que el Gobierno que surja con una mayoría parlamentaria deje de implementar su política, una política neoliberal, que redistribuya los ingresos de los gallegos hacia las rentas más altas y el resto se quede en la miseria y sin unos servicios públicos que les asistan. Porque esta ha sido la gran victoria del neoliberalismo, hacernos pensar que nuestro voto no vale nada, entonces sólo valdrá su dinero, porque, además, a ellos el idealismo, la ética, el prestigio, etc. no les importa nada. Sólo les importan unos hechos que beneficien sus, ya de por si, abultadas cuentas corrientes, con la fuerza incontestada de la mayoría absoluta. Y cuando por la mañana los gallegos se levanten a protestar y manifestarse, desde el Palacio de Rajoy (irónico nombre para la sede de la Presidencia de la Junta de Galicia) se tendrá la legitimidad suficiente para seguir concertando servicios públicos que aumenten la deuda pública y recorten los derechos de los ciudadanos. Para que los ciudadanos conscientes sigan en la calle defendiendo los derechos de la mayoría y una mayoría parlamentaria, gestionada con el voto inconsciente de la abstención, siga manejando los hilos del poder en su beneficio.
La izquierda del siglo XX tuvo algunas victorias significativas, como el Estado del Bienestar, cuando se dio cuenta de que junto a la presión social (algo imprescindible para el crecimiento de nuestras sociedades), tiene que existir una acción de gobierno que transforme sus aspiraciones en ley, para que las reivindicaciones del movimiento social se conviertan en un derecho. No perdamos estas prácticas tan valiosas: ni nos desmovilicemos, ni dejemos de votar. 

miércoles, 26 de septiembre de 2012

EL 25 DE SEPTIEMBRE




Lo que aquí se está planteando es un problema de representatividad, el primero en nuestra joven democracia que cuenta sólo con casi 35 años de edad. Lejos queda aquel 23 de febrero cuando la población, radio en mano, salía a la calle a arropar a los congresistas que eran secuestrados y, con ellos, nuestra democracia, por un bigotudo coronel de la Guardia Civil. Pero la crisis económica y su salida, que han generado la mayor desigualdad social de la democracia, hacen que esa imagen sea ya puro objeto de la Historia. La desafección de la población con la clase política sigue creciendo, al ritmo del incremento de la tasa de desempleo y de los recortes sobre nuestro, ya mal llamado, Estado del Bienestar. En España podía surgir una nueva categoría social: el Estado del Malestar.
Esto se ha producido por la respuesta a la crisis económica que ha generado nuestra clase política. Una respuesta neoliberal que ha obviado los aspectos sociales, aumentando de este modo las desigualdades de tal modo que están haciendo desaparecer a la clase media. Lo que algunos sociólogos han definido como latinoamericanización de la sociedad, es decir, una sociedad dividida por los extremos (la mayoría de población en un proceso de pauperización constante y una minoría con los ingresos más altos del mundo). Esta teoría se está confirmando a partir de los datos que han publicado recientemente instituciones como Cáritas y la Cruz Roja. La primera organización ha pasado de atender por sus servicios de acogida y asistencia a 370.000 personas en el año 2007 y ha superado el millón en 2011. La segunda, en su Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social, afirma que el 58,6% de los hogares no llega a fin de mes y el 20,5% de la población (cerca de 10 millones de personas) se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
Esta situación y la frustración ante un futuro que no somos capaces de vislumbrar mejor que el presente, hacen que vivamos en este otoño un problema de representatividad democrática, como han puesto de manifiesto y, por sorpresa, la manifestación nacionalista de Cataluña y el movimiento de ocupación del Congreso del 25 de septiembre. Si estos dos movimientos presentan cierto déficit de legitimidad democrática, ya que la que Hobsbawm definiera como la democracia de los pies no tiene mayor representatividad que la conocida como mayoría silenciosa, es decir, los millones de ciudadanos que se quedan en sus casas, sí ponen de manifiesto que nuestro sistema político está perdiendo, a pasos agigantados, su credibilidad. La llegada al poder de nuevos partidos políticos se produce por el desgaste, casi instantáneo, del Gobierno, así como el aumento de la abstención o el voto en blanco y la contestación social en la calle. Por tanto, los parlamentarios, si quieren que la democracia española continúe bajo los parámetros de consenso y concordia que la sociedad se dio con la Constitución de 1978, deberían, de un modo inmediato, dar una respuesta a los graves problemas de una ciudadanía a la que se supone representan.
La ocupación del 25 de septiembre es una respuesta nihilista, no se vislumbra ninguna opción clara de gestión por parte de los ciudadanos que rodean el Congreso. Como en las revoluciones del siglo XIX y XX no hay un proyecto político detrás de ellos, tal vez porque la política a inicios del siglo XXI decidió sacrificar a los ciudadanos a los mercados. Pues bien, ésta es la respuesta ciudadana a su sacrificio, el rechazo tajante y absoluto a las élites políticas. Este divorcio, entre los representados y sus representantes, augura un negro futuro para nuestro país. Si la gestión del bien público está tan desacreditada, ¿quién se encargará de él?, ¿hacia dónde se dirigirán los mejores esfuerzos de nuestra sociedad?
Las élites económicas deberían tomar nota de lo que está pasando, aquellos que representan sus intereses (la clase política) ya no pueden sostener mucho más un sistema que les beneficia por completo. Por lo tanto, o se inicia un nuevo proyecto político que demuestre el esfuerzo compartido para salir de la crisis económica o, no les quepa la menor duda, el descontento social modificará vía populismo u otra alternativa peor el sistema de convivencia y de regulación política, y esto afectará incluso a aquellos que se consideran intocables (mercados, banqueros y grandes empresarios). Mal empezamos con un presidente que se encuentra ausente siempre que hay un problema en nuestro país. El pueblo en Neptuno y Rajoy en New York. No es una comedia romántica, sino una tragedia castiza.

sábado, 22 de septiembre de 2012

LA CRISIS ECONÓMICA NOS HA VUELTO LOCOS




En situaciones desesperadas los seres humanos y, por extensión, las sociedades pierden parte de su integridad personal. La situación de tensión permanente nos hace perder los nervios y, algo más peligroso, la capacidad de razonar con perspectiva. Esta última cualidad sólo puede darse en entornos seguros y propensos a la calma y la tranquilidad.
Por desgracia, España se ha situado en los últimos años bajo una tensión permanente, individual y colectiva, fruto de la crisis económica más larga de nuestra historia. Nuestros nervios se ven disparados por la prima de riesgo, los recortes sociales, unos índices de desempleos inaceptables y un decrecimiento del PIB que se sucede trimestre tras trimestre. Pero, no nos engañemos, lo peor es que en nuestro “universo mental”, aquel que hemos construido en el pasado no es capaz de vislumbrar una salida rápida y sin traumas de esta depresión “económica”. Como máximo ejemplo de este enclaustramiento mental que padecemos, al menos como sociedad, las decisiones que han tomado nuestras élites gobernantes en los últimos días:
1.      Si a algún consenso se había llegado en este país es que el responsable de nuestra mala situación económica era la burbuja inmobiliaria, por lo tanto, ¿cómo puede ser que el único proyecto de futuro que se nos plantea sea la construcción de Eurovegas? Un proyecto que sólo va a beneficiar a aquellos que tengan suelo que recalificar. ¿Alguien entiende que algo más perverso todavía que la burbuja inmobiliaria sea objeto de disputa? Es como si Cataluña y Madrid se peleasen por ubicar en su territorio las centrales de Chernobil y Fukushima, cuya reconstrucción también generaría empleo. Además, dicho proyecto nos ilustra sobre las aspiraciones que nuestras élites tienen respecto de nuestro futuro. El futuro creado, en el mejor de los casos, será para los camareros, crupiers y seguridad privada, eso sí, contratados a tiempo parcial, por 800 euros al mes y sin ningún derecho laboral. Éstos serán los afortunados, los perdedores se relacionarán con el dinero negro, la corrupción, el crimen organizado, la prostitución, los proxenetas y toda clase de patologías asociadas al juego. ¿Tan negro ven nuestro futuro que sitúan una cloaca del juego como nuestra mejor alternativa laboral?
2.      La otra locura está relacionada con el sempiterno, y cansino, problema español de su identidad. Esto ha generado que, ¡sorpresa!, en Cataluña ya no se hable de la crisis, aunque por desgracia ésta no se ha esfumado, sino que sus líderes han agitado la bandera del nacionalismo. ¿Cómo es posible que a estas alturas del guion una mayoría ciudadana se haya dejado engañar por tamaña y burda operación mediática de distracción pública? Ésta sí es una cortina de humo y no la película dirigida por Barry Levinson, película que, por cierto, tampoco recomiendo. Después de aplicar unos recortes en sanidad y educación más duros que los del gobierno central, después de pelearse por Madrid por el mismo proyecto de futuro, el ya comentado Eurovegas, después de fracasar, como Rajoy, en la defensa de sus mismas políticas liberales y de ataque al Estado del Bienestar, ahora nos dicen que son diferentes y que reclaman el instrumento decimonónico del Estado, como si eso le sirviese a Rajoy para relajar nuestra prima de riesgo. Se pide un estado–nación para resolver los problemas generados por un capitalismo financiero global que es capaz de vender a su familia por medio punto más de interés en sus inversiones. Eso sí, Artur Mas y Rajoy encantados de haberse conocido; tras la tensión de la escalera en el recibimiento de Moncloa seguro que fuera de las cámaras se reían de todos nosotros y planificaban cuándo y dónde sacar la bandera roja y amarilla, cada uno la suya, claro, para que no se hable del paro, la desigualdad en la distribución de la renta, el hundimiento de los servicios públicos, el empobrecimiento general de los asalariados y la clase media, etc. Esto ya no es importante si hay un sentimiento nacional enfrente. Mi única incertidumbre es que todavía no sé a qué sentimiento responde el juego que los medios de comunicación están dando ha esta teatralización nacionalista. En resumen, después de esta alocada semana sólo me queda decir: ¡Viva las Vegas! Y arriba lo que sea… 

domingo, 2 de septiembre de 2012

LA SINRAZÓN DE LA CRISIS: EL FIN DEL DERECHO SANITARIO


El 1 de septiembre, el gobierno del Partido Popular aplica, como siempre vía decreto, saltándose la legitimidad parlamentaria, una serie de medidas para cumplir con un imposible objetivo de déficit (en julio la Administración Central situó su déficit en el 4,65% cuando su objetivo era el 4,5% para todo el año). Entre estas medidas no voy a destacar la irracionalidad de la subida del IVA, que vuelve a cargar sobre el consumo interno (responsable de tres cuartas partes de nuestro PIB) y las rentas más desfavorecidas, dado que es un impuesto regresivo, los costes de la crisis. Lo voy a hacer sobre algo que me parece más grave, la pérdida de universalidad de nuestro sistema sanitario.

El Sistema Nacional de Salud en España se creó durante el franquismo, siguiendo el modelo alemán y francés de seguros laborales, es decir, la financiación y el derecho sanitario estaban vinculados a una nómina. Esto sólo tenía cierto sentido cuando los estados se hacían responsables del pleno empleo y éste nunca superaba el 5%, una realidad para toda Europa desde el final de la II Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo de 1973. Como desde la crisis del petróleo de los años 70 España adquiere un paro estructural que en épocas recesivas le lleva a superar el 20% (principios de los ochenta, crisis del 92 – 93 y la actualidad), el gobierno socialista de Felipe González desvinculó la financiación de nuestro sistema sanitario de los seguros laborales y universalizó esta prestación, incorporando al sistema al 17% de la población (becarios, jóvenes sin trabajo, trabajadores agrarios que no habían cotizado, indigentes, inmigrantes, etc.). Es decir, desde la Ley General de Sanidad de 1990, la sanidad en España se financia a través del IRPF y su acceso es universal, depende del derecho de ciudadanía y no de la condición laboral del individuo. Esta situación se ha mantenido hasta el 1 de septiembre de 2012 en que el gobierno de Rajoy mercantiliza el derecho sanitario para una parte de la población, los inmigrantes irregulares.

Desde cualquier punto de vista esto es una auténtica aberración que hace que el Gobierno de Rajoy firme una de las páginas más negras de nuestra historia. Esta decisión parece agravarse al constatar que sus objetivos no son económicos o de racionalización del sistema sanitario, sino que son puramente racistas, con el objetivo de airear un tema controvertido (una España asediada por los inmigrantes que cruzan el Estrecho) y recuperar parte de los votos perdidos por su mala gestión económica. El PP se defiende diciendo que afecta a un número reducido de personas, pero la exclusión del sistema sanitario no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, no por ser sólo 150.000 personas, según sus datos, es menos grave. La existencia de una sola persona a la que es negado el cuidado y la atención sanitaria en caso de enfermedad o accidente es una auténtica tragedia para el individuo y su entorno, así como una vergüenza para la sociedad que lo permite. Además, la reubicación de esas personas en el servicio de urgencias no racionaliza el gasto sanitario. En épocas pasadas se hacían campañas para que la gente no colapsara las urgencias con afecciones que podían ser tratadas por la Atención Primaria, ya que el tratamiento de urgencia con personal hospitalario haciendo horas extra es mucho más costoso. Tras décadas concienciando a la gente de lo importante que es no abusar del Servicio de Urgencias, la Administración reubica a 150.000 personas desde la Atención Primaria hacia éste, ¿qué objetivo persigue?, ¿colapsar otro servicio público que funcionaba razonablemente? Por lo tanto, la motivación de esta medida se acerca a la ingeniería social más perversa, aquella que se aplica en países que generan la exclusión sistemática (Israel, el Apartheid en Sudáfrica en el pasado, los estados fascistas y totalitarios en Entreguerras…). El gobierno del PP está jugando con la exclusión social, con la determinación de clases y categorías de ciudadanos, aquella minoría que está destinada a ser explotada en el mercado laboral (cuidadoras de ancianos y niños de la clase media y alta que no paga seguridad social o trabajadores del campo que son empleados temporalmente sin contrato y por unos salarios de subsistencia) y que no es receptora de ningún derecho. En momentos de crisis hay que generar una mayor plusvalía para recapitalizar a la banca y los empresarios, que diría un liberal. Pero además el PP está realizando la primera prueba para excluir a parte de la población de servicios esenciales, luego llegarán otros sectores sociales y otros derechos.

Esta medida se ha tomado el mismo día en que se aprobó la sociedad anónima que se va a hacer con los activos tóxicos de la banca española (suelo y viviendas), sociedad que tendrá quince años para acumular pérdidas por valor de 120.000 millones de dólares. Para esto si tenemos dinero, pero para asistir a un trabajador o a una persona con problemas sanitarios no tenemos recursos. Para asegurar el derecho sanitario sólo tenemos recortes y si éste ha dejado de ser universal, para todos independientemente de su condición, deja de ser un derecho y pasa a convertirse en un privilegio; por lo tanto, desde el 1 de septiembre yo pediría un minuto de silencio porque un derecho a muerto en nuestro país, el derecho a la sanidad universal y gratuita.

sábado, 28 de julio de 2012

EL NEOLIBERALISMO Y LA TEORÍA DE LA TERMITA


El neoliberalismo es la única ideología con capacidad de acción en Occidente, después de la caída del Muro de Berlín. Como toda ideología, ésta se sitúa por encima de la realidad, sus presupuestos ideológicos generarán el mejor de los mundos posibles, pero siempre en el largo plazo. En el corto y medio plazo hay que seguir eliminando aquellos obstáculos que hacen imposible el paraíso en la Tierra, aunque esto suponga el sufrimiento de millones de personas en el presente; como dirían los halcones del Pentágono son “daños colaterales”.

Esta realidad a un nivel práctico la encontramos de un modo paradigmático en el FMI, el guardián de la ortodoxia neoliberal de los estados en dificultades. Lo malo de endeudarse en este mundo no es el hecho en sí, sino la posibilidad de que esto te lleve a pedir prestado dinero al FMI y, asociado a ello, tengas que seguir las recetas económicas de sus economistas, unos hombres llenos de ideología que desconocen la realidad económica de los países sobre los que actúan. Esta combinación explosiva ha demostrado, a lo largo de la historia, que los países con problemas de deuda tardan más en recuperarse de las medidas económicas impuestas por los economistas jefe del FMI que de la propia deuda. Hasta esta crisis éstos se hallaban lejos de nuestro país, entretenidos en robarle una década a América Latina, pero los latinoamericanos se cansaron de ellos y tuvieron que situar sus ojos al otro lado del Atlántico. Para España, uno de los países más afectados por el problema de la deuda, propusieron lo que siempre proponen bajo cualquier circunstancia y momento, subir los impuestos indirectos y liberalizar el mercado laboral. Como siempre y por enésima vez nuestros gobernantes agachan la cabeza y decretan lo que el Fondo les dicta; las consecuencias, como siempre, son las mismas: más recesión y aumento de la tasa de paro. La respuesta del FMI también es siempre la misma, en dos años se crecerá (en 2010 anunciaban un crecimiento para España del 2,5% del PIB en 2012) y si no se crea empleo es que el mercado laboral necesita otra reforma liberalizadora (El País, 27–07–2012). ¿Cómo es posible que gente que dedica toda una vida a la economía siempre dé las mismas recetas económicas?

Esta realidad que está llevando nuestra economía al desastre se impone al resto de ciudadanos, aquellos que no disfrutamos de los paraísos mentales que genera el neoliberalismo, mediante lo que he denominado la Teoría de la Termita. Como bajo el neoliberalismo los enemigos a batir siguen siendo el Estado y los ineficaces servicios públicos, la gente tiene que “ver” que una gestión pública es tremendamente ineficaz y costosa, para llevar a cabo la teatralización los neoliberales montan partidos políticos que representan este esquema mental. Estos gestores públicos, elegidos legítimamente por el pueblo, se encargan de destrozar la gestión pública. Esto es lo ocurrido con las cajas de ahorro. Las convierten en instrumentos financieros al servicio de sus amigos (financiación de parques temáticos, empresas insolventes, etc.), al servicio de sus megalómanas ilusiones constructivas (aeropuertos, trenes de alta velocidad, etc.) e, incluso, de sus cuentas corrientes (pensiones multimillonarias, dietas no justificadas, etc.) Al cabo de unos años de gestión las cajas de ahorro se declaran insolventes, pero el gestor “neoliberal” consigue todavía un objetivo mayor y mejor para sus intereses, el ahorro de los ciudadanos. Porque los medios de comunicación y la sociedad no se levantarán contra unos gestores que han robado y vaciado de contenido sus cajas de ahorro, sino que se levantarán contra un sistema que no funciona. En los próximos años España tendrá que sustituir 1.500 millones de euros que las cajas de ahorro destinaban a proyectos sociales, culturales o medio ambientales; tendrá que sustituir el crédito para proyectos empresariales en medios, como el rural, nada atractivos para el capitalismo financiero; y los usuarios tendrán que pagar más en comisiones porque los bancos gestionen sus ahorros. Por cierto, unos bancos cuyos consejos de administración destinarán más dinero en dietas y pensiones que las cajas de ahorro, pero esto ya no es criticable porque entra dentro del esquema neoliberal. En los siguientes años la Táctica de la Termita se extenderá al resto de servicios públicos, una sanidad y educación públicas con los recursos diezmados perderán capacidad de gestión, prestarán peores servicios a los ciudadanos y, entonces, volveremos a exculpar a los gestores y centrar nuestras acusaciones en un sistema público ineficaz que es mejor que privaticen.

Que fácil es el mundo para un neoliberal, en el futuro un paraíso de mercados privados sin trabas estatales generarán un crecimiento económico virtuoso e indefinido. En el pasado el ineficaz y malvado Estado con sus regulaciones y servicios públicos ataba las posibilidades del enriquecimiento personal… por muchas liberalizaciones y desregularizaciones que se hiciesen. En fin… Un bonito cuento para quien se lo crea.

jueves, 19 de julio de 2012

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: UN BOLERO DE RAVEL ANGUSTIOSO

España parece instalada en un bolero de Ravel económico, en los últimos cinco años sólo escuchamos la misma canción: recesión económica que provoca la caída de ingresos del Estado, que genera un déficit público inasumible y que el Gobierno intenta solucionar con un recorte de gastos que a su vez impiden la recuperación. Esto, a su vez, genera más desempleo y recesión, impidiendo un aumento de los ingresos del Estado. Esta realidad económica mantiene elevado nuestro déficit público, cual espada de Damocles que es sostenida sobre nuestras cabezas por los mercados financieros… Lo más sorprendente de todo es que el responsable de la partitura, el Gobierno, no ha modificado una sola nota en los últimos años. Llevamos cinco años con un modelo económico y de Estado que no funciona y que se empeñan en que no tenga alternativa.

Creo que ni el Gobierno, ni Europa, ni los mercados, ni siquiera los ciudadanos son conscientes de lo irresponsables y equivocadas que han sido las medidas que ha tomado el PP en los últimos seis meses. En mayo de 2010 José Luis Rodríguez Zapatero contribuyó a que los famosos “brotes verdes” amarilleasen rápidamente y España se convirtiera en el único gran país de Europa que no conocía los beneficios de la recuperación económica. La medida que tomó fue un recorte de 10.000 millones de euros que nos ha mantenido convalecientes durante dos años. ¿Se imaginan hacia donde llevará la economía un recorte de 10.000 + 30.000 + 65.000 millones de euros? Esos 95.000 millones de euros no son un dinero que se redistribuya dentro de la economía, que pierda el sector público y sea recuperado por el privado. Es un dinero que desaparece de nuestra economía, que se sitúa en las manos de los mercados financieros vía tipos de interés o pago de la deuda. Es un dinero con el que los españoles dejarán de consumir, lo que destruirá cientos de miles de puestos de trabajo y miles de empresas y, por lo tanto, hará que el Estado vuelva a incumplir sus objetivos de ingresos. Sólo un ejemplo, el recorte de 5.500 millones de euros a los funcionarios en su paga extra, no es como plantea el Gobierno un recorte en términos absolutos, no se reducen automáticamente los 5.500 millones de euros. De esos 5.500 millones aproximadamente un 18% son retenciones de IRPF (990 millones de euros), un 14% son ingresos en IVA (770 millones de euros), un 12% son ingresos de la Seguridad Social (660 millones de euros) y dos terceras partes del resto se destina al consumo, es decir, a la generación de ingresos y empleo en el sector privado. Se estima que los españoles ahorramos el 9% de nuestros ingresos, por lo tanto, el ahorro final Estado se reduce a unos 500 millones de euros, dinero que tendríamos en cuentas de ahorro bancarias y que ahora es el Estado el que directamente sitúa en los bancos.

Esto quiere decir, y lo veremos en las siguientes previsiones económicas del Gobierno, que el déficit público seguirá alto, así como el acoso de los mercados sobre nuestra prima de riesgo. Entonces, ¿seguirá el Gobierno podando hasta que el árbol de nuestra economía se muera del todo? El objetivo de un Gobierno nunca puede ser la reducción del déficit público; éste, como cualquier otro indicador económico, no es un fin en sí mismo, sólo indica que los ingresos no llegan. Este es el verdadero problema del Gobierno y la sociedad española, necesitamos un modelo económico alternativo a la construcción, que regenere los ingresos que se perdieron con el estallido de su burbuja. El problema es que los ayuntamientos no se podrán volver a financiar con la recalificación de suelo, que el Estado no volverá a recibir los ingresos de la venta de un millón de viviendas y el trabajo de 2,5 millones de obreros de la construcción. En el 2007 algunos economistas decían que un nuevo modelo económico es una apuesta a medio plazo, que lo inmediato era el déficit, estabilizar la deuda y ganar credibilidad frente a los mercados… Ya hemos perdido cinco años y nunca recuperaremos la credibilidad si no encontramos la senda del crecimiento, porque ¿alguna vez alguien recuperó el dinero de una inversión cuyos resultados de ingresos y beneficios se reducían año a año?



domingo, 3 de junio de 2012

MAREA VERDE


Este artículo trata de por qué es necesario que todos llevemos una camiseta verde.

Como la Marea Verde, la indignación va en aumento. Las noticias que se suceden todos los meses comprometen, cada vez más, la calidad de nuestro sistema educativo y, por extensión, el futuro de nuestro país es, cada vez, más incierto. Porque a diferencia de lo que piensa mucha gente la educación no es un gasto, es la mejor inversión que una sociedad puede hacer. Los recortes en educación siempre son un doble recorte. En el presente porque ponen en riesgo el trabajo de 100.000 docentes en toda España que se sumarán a las listas de paro, dejarán de contribuir al sistema con impuestos y fondos a la seguridad social y se convertirán en un gasto del Estado a través de los seguros de desempleo y otras partidas sociales que se tendrán que gastar. Pero también son un recorte en el futuro, ya que se está comprometiendo la posibilidad de que muchos de nuestros jóvenes tengan la opción de alcanzar un puesto de trabajo acorde a sus capacidades y puedan desarrollarlo en beneficio suyo, de su familia y de todos sus mejores cualidades. Como en tiempos de los que sólo es mejor acordarse a través de los libros de Historia, la educación tiene el riesgo de convertirse en un bien escaso, sólo al alcance de aquellas familias que tengan una desahogada posición económica. Si hasta ahora la frustración se reducía a jóvenes cualificados que no encontraban un empleo adecuado a sus estudios, a ésta, que no desaparecerá, se añadirá la de jóvenes condenados de por vida a trabajos que no les satisfacen, familias destrozadas porque tienen que elegir qué hijo puede ir a la universidad, una austeridad permanente de las cuentas familiares porque al endeudamiento por la compra de vivienda se tendrá que sumar el que se tenga que realizar para que los hijos puedan estudiar…

Nada mejor que unos pocos datos para ilustrar el párrafo anterior, porque pese a lo que piensan algunos compañeros y, lo digo con todo el cariño del mundo, la estadística es verdadera poesía de nuestras sociedades ya que como dice el poema de Keats: la belleza es la verdad, la verdad es belleza, esto es todo… lo que necesitas saber.

Y la verdad sobre el gasto educativo en España es verdad y belleza para los maestros y profesores de este país y mentira y vergüenza para aquellos que esgrimen el recorte en educación como un mal menor. En las últimas décadas nuestros institutos y colegios han hecho de la necesidad virtud y nunca una gestión tan encomiable ha sido tan vilipendiada. Han conseguido situarnos en la tabla medio alta del Informe Pisa (puesto 29 de un total de 65 países) y comunidades como Castilla y León se han situado a la cabeza y esto lo han logrado con uno de los gastos en educación más bajos de la UE y la OCDE. España se gastaba en educación el 4,9% de su PIB, mientras que la UE se gasta de media el 5,5%. Si en este apartado quisiéramos gastarnos, según nuestra riqueza, lo mismo que la media de los países europeos tendríamos que aumentar nuestro gasto en educación en 5.500 millones de euros y no recortar en 3.000 millones. Además los países que se sitúan a la cabeza, como Finlandia, se gastan ya el 7% de su PIB en educación, es decir, tendríamos que incrementar nuestro gasto en cerca de 20.000 millones de euros. Países como Costa Rica, mucho más pobres que nosotros han aprobado una ley que establece el gasto mínimo en educación en el 6% del PIB, porque, como la mayoría de países del mundo, tiene claro que el futuro del trabajo pasa por la formación y la educación. El problema de España es que ya no podemos seguir viviendo de fabricar ladrillos y que tenemos que recolocar a 2,5 millones de trabajadores sin formación que no se podrán volver a emplear en sectores como la construcción. ¿Cómo vamos a poder hacer lo anterior si recortamos más de 3.000 millones de euros en educación y llevamos el gasto del 4,9% al 3,9%, un nivel que sólo es comparable con países subdesarrollados?

En las sociedades no existe una protesta más legítima que la que aquellos que luchan y buscan un futuro mejor que el presente para las generaciones futuras. Para mi es esto lo que significan todas las protestas de educación y la famosa “marea verde”, los miles de docentes, familias y jóvenes que se resisten a que la crisis les robe también el futuro.

martes, 8 de mayo de 2012

LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DE EUROPA: GRECIA Y HOLLANDE


Este fin de semana se han producido dos elecciones claves para Europa, en dos países con un gran significado histórico y actual. No podemos olvidar que fue en Grecia, a finales del siglo VI a.C., cuando un reformista Clístenes creó las bases del sistema institucional que acabaría dando lugar a la primera democracia (sin mujeres, esclavos y extranjeros) de la historia, bajo el principio de la isonomía o igualdad ante la ley. Este mismo principio, la igualdad ante la ley sería lo que animó a los franceses para llevar a cabo una revolución en 1789 y sentar las bases de un nuevo modelo político que dejaba arrinconadas en el cuarto oscuro de la historia, de un modo definitivo, las diferencias entre personas según su nacimiento, es decir, la sociedad estamental. De nuevo, bajo el principio jurídico de “igualdad ante la ley” se creaba un régimen liberal que sería la base sobre la que se construyeron en los siglos posteriores nuestras democracias.

Este principio de la “igualdad ante la ley” siempre ha estado asociado en la conciencia de Occidente a la idea de justicia y, en cierto modo, este es el sentimiento que los ciudadanos creen que se ha vulnerado con esta crisis y que ha generado la pequeña revolución política del 6 de mayo. En esta crisis que se produce bajo democracias consolidadas, sin embargo, la redistribución de los costes no ha sido nada igualitaria. Las instituciones europeas se han preocupado exclusivamente por sanear el balance de los bancos (prestándoles dinero al 1% mientras éstos lo prestan al 5%) y de los Estados (Plan de Estabilidad que quiere acabar con el déficit público), pero hasta ahora no se han preocupado por sanear la economía del hombre de la calle. El paro y la reducción del poder adquisitivo de millones de votantes por primera vez, desde la II Guerra Mundial, no han sido una prioridad en la agenda de nuestros políticos. Y todo esto no ha sido casualidad, ni una cuestión de verse arrastrados por las circunstancias, en todo caso, se han visto arrastrados por su propia ideología. La situación que vivimos es producto de esa nueva conciencia de aristoi que viven las elites económicas en nuestra sociedad y sus representantes políticos, el mal llamado centro–derecha. Como éstos consideran que son mejores gestores económicos que la mayoría, pese a llevarnos a la mayor recesión de Occidente desde el Crack del 29, su política se ha basado en concentrar la riqueza en sus manos a ver si, de ese modo, podían multiplicarla y sacar a las economías de la recesión.

La propuesta anterior no sólo no ha tenido resultado, los países que han recortado más fondos de su economía productiva y que más recursos han concentrado en el sistema financiero han tenido unos resultados desastrosos y la Gran Recesión la han transformado en una Doble Gran Recesión, de modo que a las década perdida que se presuponía para sus economías se le puede ir sumando otra más. Esta situación ha hecho más evidente, si cabe, la sensación de vivir bajo un sistema profundamente injusto con aristoi o ciudadanos de primera que son salvados por el Estado en todos sus errores económicos y una mayoría de demos o pueblo que es dejado a su suerte. Pero los mercados, la Acrópolis o fortaleza moderna de los aristoi, no votan, éstos pueden constreñir nuestras políticas económicas pero no dirigirlas, porque la ciudadanía se puede rebelar y votar, en último término, a un tirano, es decir, a un partido populista que modifique las reglas de juego, incluso, de los mercados. Sin llegar a este extremo esto es lo que ha sucedido en Grecia y Francia.

En Grecia nos acercamos más a la elección del tirano. Un pueblo que lleva durante años sufriendo unos recortes inhumanos y la humillación constante de sus socios europeos ha hundido a los partidos mayoritarios; el PASOK y Nueva Democracia han pasado de contar con el 78% del electorado a sólo el 32%, entre los dos serían incapaces de formar un gobierno con mayoría suficiente. La Coalición de Izquierda Radical (Syriza) ha pasado a ser la segunda fuerza política más votada con un 16,76% de los votos y el Partido Comunista alcanza el 8,5% de los votos y los neonazis de Dorado Amanecer el 6,5%. Con estos resultados el mensaje del pueblo ha sido claro, cualquier opción, incluido el populismo, menos el mantenimiento de unos recortes que eran ya inasumibles. En Grecia la política ha recuperado el cetro frente a la economía, pero a costa de aumentar la incertidumbre respecto del futuro.

Francia, sin embargo, se ha mantenido en el consenso de Posguerra; el Partido Socialista, después de 17 años ha recuperado el poder frente a los gaullistas, liderados en este caso por Sarkozy. Además, ésta imagen del consenso, parece reforzada por el hecho de unos electores que se muestran cansados de las aventuras políticas de Sarkozy y giran hacia un buen contable como Hollande. Sin embargo, aquí las expectativas son mayores que en el caso anterior. Las políticas de austeridad estaban asociadas al tándem Merkozy y Hollande se encuentra en la responsabilidad, como Clístenes en el siglo VI a. C., de dar una salida política a la crisis económica que vuelve a hacer sentir al ciudadano cierta sensación de justicia, de amparo por el Estado que sostiene con sus impuestos y trabajo, y de confianza en el futuro. Un reto, sin lugar a dudas, titánico, que pasa, de nuevo, por una reforma política que haga de Europa un estado y no sólo un mercado.

domingo, 22 de abril de 2012

¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?


Lo bueno de una crisis económica es que hace más evidentes los errores de nuestro funcionamiento diario. Los años de crecimiento económico actuaron como anestesia autocomplaciente de nuestros errores, la corrupción urbanística que gangrenó nuestro sistema político y financiero eran cuestiones menores, el atraso científico de España era algo inherente a nuestra historia ya que, al fin y al cabo, todavía no había frenado nuestro desarrollo económico. Ejemplos todos ellos evidentes, pero que se pueden multiplicar hasta el infinito.

Uno de ellos fue la Jefatura del Estado. En el Artículo 1.3 de la Constitución de 1978 se establece la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. En el Título II se arbitran sus competencias, entre las más importantes destacan las siguientes: “asumir la representación del Estado español en las relaciones internacionales”; “sancionar y promulgar las leyes; convocar elecciones y referéndum”; “ser informado de las cuestiones de Estado”; “proponer y nombrar al Presidente del Gobierno y ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Aunque, claro está, es una representación simbólica, no real y, por tanto, cada función que le atribuye nuestra constitución va acompañada de coletillas como “de acuerdo a la Constitución”, “a propuesta del presidente del Gobierno” o “con arreglo a la Ley”. En resumen, no vivimos bajo un régimen presidencialista donde el Jefe del Estado es considerado un poder moderador del Gobierno y las Cortes, como sucede en Estados Unidos y Francia; sino que nuestra Jefatura del Estado tiene un valor simbólico, representa la continuidad histórica del Estado por encima de la coyuntura parlamentaria o gubernamental, sería el caso de Alemania e Italia. Aunque en estos países, a diferencia del nuestro, esa continuidad histórica no es incompatible con la elección popular y sus presidencias son elegibles.

Este es el principal punto de desencuentro con nuestra Monarquía. Desde un punto de vista teórico, la Monarquía hereditaria es incompatible con el Estado de derecho. Éste se inauguró con la Revolución Francesa y estableció el principio de la igualdad ante la Ley. Frente a una Edad Media y Moderna donde el acceso a una categoría social se determinaba por la sangre, es decir, por el nacimiento, en la sociedad contemporánea todos partimos de las mismas oportunidades jurídicas y es nuestra suerte en la vida de los negocios la que determina nuestra posición social. Como resto medieval, por tanto, se sitúa nuestra Jefatura del Estado: nadie le elige. Lo que es más grave, nadie puede modificar su estatus, a pesar de sus errores. Como en el pasado, aunque su ejercicio del poder ahora sólo sea simbólico, éste sigue siendo irresponsable, es decir, sólo Dios juzgará sus actos y su elección es fruto del nacimiento, que le otorga unos derechos jurídicos diferentes al resto de ciudadanos. Es decir, vivimos en una democracia que obliga a todos menos al Rey; por tanto, el máximo representante de nuestra democracia se sitúa fuera de ella.

Pero desde un punto de vista práctico también es cuestionable nuestra Monarquía. En sus orígenes ésta surgió del franquismo. Fue Franco el que, saltándose incluso las mismas leyes no escritas de las sucesiones reales, situó a Juan Carlos I como su heredero por encima de su padre. Es decir, aquí la legitimidad histórica fue suplantada y todos lo aceptamos como si no hubiese pasado. Pero es que además no se le dio al pueblo la posibilidad de elegir su Jefatura de Estado. Es cierto que la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y aprobada (87,78% de los votos afirmativos del 58,97% de votantes), pero no menos cierto es que la Monarquía entraba dentro de un todo que incluía a la democracia en sí misma. Los españoles votaban la única oferta democrática que la clase política les había dispuesto, es decir, no había alternativa, se elegía entre un todo o nada. Este punto me parece de lo más contradictorio de nuestra clase política: si el Rey es tan popular como dicen todas las encuestas, ¿por qué entonces tenemos tanto miedo de someterlo a un proceso de legitimidad democrática?; ¿o es que entonces situamos al propio Rey por encima de nuestros principios democráticos?. ¿Somos antes una monarquía que una democracia?

En los años posteriores a la Transición surgieron los llamados Juancarlistas, aquellos que dicen no ser monárquicos pero que el papel del Rey el 23-F con un discurso y práctica en apoyo a la democracia cubrió a éste de legitimidad para representarnos como Jefe del Estado. Podemos, por tanto, aceptar una coyuntura histórica favorable al Rey, en todo caso también incompatible con el principio que le otorga una permanencia en el poder absoluta y al margen de sus actos.

En los años 80 y 90 la Transición, como consecuencia del éxito económico, que no democrático, fue vista como un modelo a seguir y, por tanto, la relación entre el Rey y sus gobernados fue espejo de ese sistema “modélico”. Parecía que sólo nos importunaba en Navidad con unos discursos soporíferos que ponían en evidencia a aquel que se había pasado de la cuenta con el champagne… Sus errores eran obviados o tildados de propios de un personaje campechano que hacía gracia con improperios como el ¿Por qué no te callas? Aunque su imagen se iba caricaturizando cada vez más, a fuerza de forzar lo campechano el Rey se estaba convirtiendo en un esperpento de sí mismo. Y a partir de entonces los escándalos se sucedieron: el caso Noos se llevó la palma, el yerno perfecto que utiliza la fama que le otorga la cercanía a la Jefatura del Estado para realizar negocios espurios. La Casa Real es vista por sus súbditos como una Hoguera de las vanidades donde el mismo Tom Wolf parecía haber escrito el guión que interpretaban la Casa Real y sus cercanías. Juan Carlos I está tocado y los errores se suceden, porque después de treinta años, al igual que la Transición, éste ha dejado de ser intocable: una Casa Real que es la única institución que mantiene sus cuentas opacas, un Jefe del Estado que en plena expropiación de YPF se va de cacería a Botswana, actividad de la que nos enteramos porque se ha roto una cadera, una imagen lamentable de un representante de todos los españoles matando a elefantes completamente despreocupado por los problemas del país y podíamos seguir…, pero los ejemplos ya no son importantes.

Esta crisis económica, en el largo plazo, es también la crisis del pacto político y social que se dio este país durante el proceso de Transición democrática. De un modo, cada vez más evidente, se hace necesaria su reforma, renovación o sustitución y, no lo olvidemos, la suerte del Rey de España está íntimamente ligada a este Pacto. Si el modelo de la Transición se muestra incapaz de seguir liderando nuestro país, la figura del Rey como Jefe del Estado es una figura cada vez más anacrónica, carente de sentido y sin legitimidad política alguna. Un elemento que no nos engrandece como nación, sino que nos debilita. El Rey ya no es el mejor representante de España en el extranjero, ya no sirve para sujetar en el pacto constitucional a los partidos nacionalistas, ya no genera un sentido de unidad para todos los españoles independientemente de sus preferencias políticas de derechas o izquierdas.

Por todo lo anterior y como español que vive y cree en la necesidad de los regímenes democráticos como mecanismos de gestión política, no creo conveniente mantener la figura de un Jefe del Estado incapaz de cometer errores. Éste es tan humano como el resto y, por lo tanto, debe estar sujeto a los mismos principios del Estado de derecho donde la disculpa es un instrumento de resarcimiento moral, en ningún caso político. Si considero que las virtudes del Jefe del Estado son menores que sus defectos y éste es un estorbo para el desarrollo del país, tengo que tener el derecho de cesarlo y sustituirlo por una persona más valiosa, como cualquier otro cargo público.

La III República no traerá un mejor sistema político, ni una superación de la crisis económica y social que vivimos, pero, al menos, hará más eficiente y transparente la toma de decisiones del Jefe del Estado, aunque sólo sea por canalizar hacia actividades más útiles la energía que nuestros medios de comunicación y políticos utilizan para reforzar la figura del Rey. En una república el Jefe del Estado no tiene por qué parecer perfecto, si no nos gusta lo podemos cambiar.

miércoles, 11 de abril de 2012

LOS PECADOS CAPITALES Y CHIVOS EXPIATORIOS DE LAS CRISIS ECONÓMICAS

Hooverville: casas suburbiales que se extendieron por todo Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión. Llevan el nombre del presidente republicano Hoover que no tomó ninguna medida para salvar la crisis.

Es cierto que todas las sociedades, cuando entran en una crisis tan profunda, suelen cometer errores políticos de calado. Uno de los pecados capitales más comunes son los relacionados con la vuelta a un pasado idealizado que es imposible. Las circunstancias cambian pero, por mucho que se empeñen los manuales de autoayuda, éstas son vistas con recelo por las personas que tienen en su experiencia pasada su mapa de coordenadas personal con el que guiarse por este mundo. El problema es que estos pecados capitales suelen traer acompañados otros más graves, relacionados con la creación de chivos expiatorios que carguen con la frustración acumulada por los años de errores reiterados.

El caso más paradigmático se produjo en la Europa de Entreguerras. La vuelta al pasado se simboliza con unas economías que se dirigieron hacia la Gran Depresión, tras el crack del 29, por mantener una ideología liberal que había servido al mundo en el siglo XIX. La sociedad había cambiado y, en palabras de Keynnes, si dejásemos que la economía recuperase el pulso por sí misma todos acabaríamos calvos y, lo que es más grave, muertos de hambre. También en Entreguerras se reproduce el chivo expiatorio clásico: la Shoah, término hebreo con el que se define al Holocausto. A la frustración de los alemanas que habían perdido la I Guerra Mundial, se suma la humillación de la Paz de Versalles (1919) que la declaró única culpable de la Guerra y la obligó a pagar onerosas indemnizaciones. Por si lo anterior no bastase se suman las consecuencias sociales de la Gran Depresión, que elevó la tasa de paro en Alemania hasta los 7 millones, más del 35% de la población activa. Todo este conjunto de factores coyunturales, junto a la segregación y odio que los cristianos habían acumulado durante siglos contra los judíos, hicieron que aquellos vecinos cultos y cosmopolitas que les habían acompañado durante siglos se tornaran en la causa de todos sus males. La frustración de los alemanes ante la crisis tuvo la trágica consecuencia de 10 millones de judíos asesinados y toda la cultura del judaísmo laico, intelectual y cosmopolita erradicada de Europa. Esa culturan nos había legado a literatos como Thomas Mann, científicos como Einstein, filósofos como Hanah Arendth, políticos como Léon Blum… por situar un personaje prominente en cada rama que hubiera sido exiliado en Estados Unidos o internado en un campo de concentración. En resumen, la frustración de Entreguerras se llevó al infierno a una buena parte de la cultura, sociedad e historia de Europa.

En la actualidad, en España, también vivimos una crisis semejante, en su intensidad. Estamos ante la crisis que ha generado un mayor decrecimiento del PIB, destrucción de empleo y pérdida de poder adquisitivo de toda nuestra historia. Aunque esto no lo notamos tanto como en otras ocasiones porque nuestro punto de partida es mucho más “rico”. Pero, sin lugar a dudas, pone punto y final a esa historia de crecimiento, modernización y paz social que se fundamentó en el “exitoso” pacto de la Transición. Una época de tal éxito en nuestra historia que habría que retrotraerse a la segunda mitad del siglo XV para encontrar algo semejante. Pero el espíritu español no es racional, más bien pasional y, como tal, le gusta recrearse en la agonía de su éxito. De ahí que aquí los pecados capitales de los que hablábamos se extiendan en el tiempo. Por eso los gobiernos del PP, a pesar de lo que digan los titulares de prensa, no está realizando ninguna reforma estructural en lo económico. Los fundamentos de nuestra economía siguen inalterados, turismo de sol y playa, un mercado de trabajo de mano de obra barata para la inversión extranjera y un mercado de consumo interno con suficiente población y cercano a los grandes centros de producción europeos (Alemana y Francia). Pero el respiro del turismo dado en los años anteriores se acabará cuando vuelva la calma al norte de África, el tirón europeo se ha agotado y del ladrillo ni hablemos. En la Historia Económica Mundial de Rondo Cameron el autor sitúa el éxito industrializador de muchos países de Europa a partir de una capitalización inicial, realizada a través de la especialización en un producto que penetró en los mercados internacionales y permitió el ahorro necesario para desarrollar productos de una tecnología más avanzada. Así Suiza inició su andadura con la leche y las cintas suizas, Dinamarca con la mantequilla, Finlandia con el papel… El problema es que España, que había podido ser la Prusia del Sur y haber pasado de la arena a un futuro mejor, decide repetir una y otra vez la misma canción: “arena y mano de obra barata, arena y mano de obra barata” y…, así hasta el infinito.

El PSOE fue tímido con el nuevo modelo productivo, el Plan E, necesario ante una caída de la demanda privada, se tenía que haber dedicado a potenciar más nuestra tecnología en trenes de alta velocidad, en energías renovables y en biotecnología. Nos hemos gastados decenas de miles de millones de euros en potenciar estas nuevas industrias y, cuando más necesarias eran para renovar nuestro aparato productivo, el PP ha frenado en seco su desarrollo. Personalmente creo que los españoles estarían dispuestos a hacer un sacrificio coyuntural si tuvieran la certeza de estar sentando las bases de su bienestar futuro. Por eso, cuando hacemos recortes no hay que tener en cuenta el gasto, sino el coste. Pongamos un ejemplo, hace unos años España se dedicaba a financiar energías renovables, ahora el gobierno del PP ha puesto el contador a cero. ¿Realmente nos hemos ahorrado esos 300 millones de euros al año o el gasto a largo plazo será mayor? Por cada millón de euros invertido en energías renovables se crean 10 puestos de trabajo, el doble que en las energías fósiles, habiendo llegado a generar en el sector industrial 200.000 puestos de trabajo que ahora peligran. Además nuestro déficit exterior se debe, en su mayoría, a la importación de energías fósiles, por las que pagamos cada año 60.000 millones de euros. En la actualidad las energías renovables se estima que ya permiten ahorrar 2.347 millones de euros al año en la compra de energías fósiles; además, las energías renovables habían desarrollado una industria, sobre todo, de instalaciones eólicas que el año pasado alcanzaron los 3.027 millones de euros en exportaciones, por último, nos han permitido ahorrar 374,3 millones de euros en CO2, por el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

En cuanto a los chivos expiatorios, por ahora, se concentran en los servicios públicos. Es increíble cómo la crisis está poniendo en cuestión un modelo de gestión que, hasta el momento había sido de éxito. Si España podía estar orgullosa de algo es que siendo la 13ª potencia económica del mundo y la 50ª en innovación empresarial sea la 3ª en su servicio público de salud. España se gasta el 8,4% de su PIB en sanidad, mientras que países como Alemania y Francia que llevan años de copago sanitario tienen peores servicios y se gastan el 10,6 y 11,1% de su PIB. La media de la UE está en el 9,6% y en Estados Unidos, el país que deja a 50 millones de ciudadanos sin servicios sanitarios, su gasto se eleva al 15,9% del PIB (datos EUROSTAT). Lo mismo podíamos decir de la educación, donde España ha pasado a ser de los países de la OCDE que menos se gasta en enseñanza, pese a lo cual no tenemos tan malos resultados. Así, hay comunidades autónomas como Castilla y León, Navarra o el País Vasco que se sitúan a la cabeza en el Informe Pisa. Si analizamos el fracaso escolar, que está diez puntos por encima de la media, este desfase se centra en la población escolar masculina, estando la femenina en la media. En España nos gastamos el 4,3% del PIB en educación, mientras que la media de la UE se sitúa en el 5% y la de los países nórdicos es ya próxima al 7%. Cuando Finlandia a principios de los noventa entró en una crisis financiera similar a la nuestra, también llevó a cabo una reflexión ciudadana que le condujo a apostar simple y llanamente por la educación; en pocos años salvó la crisis, se encaramó a la cabeza del Informe Pisa y conquistó el mundo con Nokia.

El chivo expiatorio del funcionario hará que desaparezca parte de lo mejor de nuestra economía y sociedad, nuestros servicios públicos. Estos son universales y gratuitos y, al mismo tiempo, de los más baratos del mundo desarrollado. No es bueno negarse a los cambios, pero tomar como modelo ejemplos que funcionan peor que el nuestro es algo cercano a la demencia. Estados Unidos no es la primera potencia por su sistema sanitario, que además quieren reformar hacia un sistema parecido al nuestro, sino porque es el país que más gasto público dedica a la I+D, tecnología que luego filtra a la sociedad a través de su sistema empresarial.

El discurso político actual es tan absurdo que llega a hacernos pensar que un país puede prescindir de la sanidad y educación. Cuando el modelo se privatice, ¿cuánto creen ustedes que le costará a nuestro sistema empresarial y a nuestros ciudadanos? Enriquecerá a unos pocos y será una rémora para el desarrollo del resto. En cuanto a los pecados capitales, estos están haciendo que no germine nuestro futuro económico. ¿Cómo va a emprender en nuestro país alguien que se tiene que enfrentar a un futuro laboral incierto? La inseguridad laboral, los bajos ingresos, el alto coste de los estudios superiores, la escasa capacidad de financiación, la baja inversión en innovación, etc. son todos ellos factores que imposibilitan el crecimiento de nuevas empresas que regeneren nuestro tejido productivo. Lo único seguro de las medidas económicas de Rajoy en el futuro es que éstas repetirán nuestras taras y harán desaparecer lo poco bueno que teníamos. No estamos ante un problema de gasto, sino de coste, es decir, en qué invertimos para producir al día siguiente.

lunes, 2 de abril de 2012

LOS PEORES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DEMOCRACIA


Los Presupuestos Generales del Estado, al fin y al cabo, son la decisión más importante que toman el Gobierno y el Parlamento Español cada año. Su labor es la administración de los ingresos del Estado, recaudados vía fiscal, y su redistribución a través de la inversión del Estado y los servicios públicos.

Es en el equilibrio entre ingresos y gastos donde realmente se ve la condición política del Gobierno, es decir, si realmente estamos ante un gobierno de derechas que con sus decisiones beneficia a las rentas más altas o es de izquierdas y centra su gestión en la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Su importancia no escapa a los principales partidos políticos que han ocupado el poder en España desde la Transición. La estabilidad del ministerio de economía ha sido similar a la de la presidencia del gobierno. Felipe González sólo contó en sus cuatro gobiernos con tres ministros de economía (Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes); José María Aznar asoció el éxito de sus ocho años de gobierno a la gestión en la vicepresidencia económica de Rodrigo Rato; Zapatero situó a Pedro Solbes al frente del ministerio, cuando éste ya había sido ministro de economía durante el último gobierno de Felipe González; por último, Mariano Rajoy sitúa a Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, cargo que ya había ocupado bajo el gobierno de José María Aznar. Podríamos decir que los gobiernos se suceden, pero los ministros de economía y las políticas económicas permanecen.

Sin embargo, la crisis económica también puede haber dado al traste con la máxima anterior. En primer lugar el PP ha sacrificado, en su beneficio electoral, el ritual de los presupuestos. Por primera vez en la historia de España, un gobierno no ha presentado las cuentas públicas en diciembre. Ha roto, por tanto, el pacto implícito que tenían los partidos políticos de situar los Presupuestos fuera del ciclo político. Esto además generará un trastorno de calado, ya que el recorte se tendrá que realizar en ocho meses y no en los preceptivos doce, lo que dificulta en extremo el cumplimiento de las cuentas propuestas, con todos los inconvenientes para la “prima de riesgo” que sabemos acarrea.

En segundo lugar, analicemos la vía de los ingresos:

1. La amnistía fiscal valorada en 50.000 millones de euros. Es decir, el PP está haciendo legal retroactivamente lo que era ilegal. Esto nos sitúa en la senda de los gobiernos de Berlusconi, el único presidente del mundo que ha tomado una medida semejante. La crítica a esta acción se justifica por si misma: ¿en qué posición quedan todos aquellos que, con sacrificios, han cumplido la legalidad fiscal? ¿Qué incentivo tendrán a partir de ahora los empresarios para cumplir con la legalidad vigente? En resumen, una medida que nos sitúa como un país de tercera, ya que el cumplimiento estricto de la ley es fundamental a la hora de legitimar el proceso de toma de decisiones políticas.

2. El mayor aumento de la presión fiscal en la democracia, valorado en 12.573 millones de euros, a lo que abría que sumar los más de 5.000 millones de euros que subió en enero con el aumento del IRPF. El partido que hizo oposición al Gobierno anterior y tenía como seña de identidad la no subida de impuestos, que proclamaba que la bajada de los mismos como algo absolutamente necesario para reactivar el consumo, la actividad empresarial y la economía, lleva a cabo la mayor subida fiscal de la Historia. Esto desacredita cualquier discurso posterior que realice el Gobierno, porque las circunstancias no han cambiado en cien días y mintieron a su electorado, hicieron más difícil el camino del Gobierno anterior cuando éste propuso medidas similares, mostrando muy poca responsabilidad de Estado. Por tanto, la credibilidad que tenían se va con los cerca de 18.000 millones de euros que tendremos que pagar todos, en un contexto recesivo de menos empleo, menos salarios, menos servicios públicos y más impuestos.

3. En un escenario recesivo como el nuestro, donde el propio gobierno prevé que la economía se contraiga en 1,7 puntos y el paro aumente en 600.000 personas más, lo que está claro es que cualquier modificación del gasto público reduciendo gastos e incrementando los ingresos sólo traerá un escenario recesivo mayor y, por tanto, una caída de los ingresos que no compensará estos aumentos.

En tercer lugar, analizamos los gastos:

1. El Estado, por término medio, establece un recorte del -9,6%, pasando de 134.983 millones de euros a 122.083 millones de gasto. Esto es el mayor recorte del Estado en nuestra historia, lo que, por sí sólo, hará que la economía española en los próximos meses entre, de nuevo, en barrena, ya que es imposible que el sector privado, con un problema de deuda mayor que la del Estado (2,8 billones frente a 0,7), compense esta caída de la demanda.

2. De nuevo, además, el señor Rajoy, al igual que con la elevación de los impuestos, ha vuelto a mentir a la ciudadanía. Dijo que las partidas de sanidad y educación eran intocables, y éstas sufren un recorte de 365 y 830 millones de euros. Es tan imposible que en el año 2007 Zapatero no viera lo que se nos avecinaba, como que Rajoy vaya de sorpresa en sorpresa respecto de nuestras cuentas y situación económica.

3. Es una evidencia lo poco sociales que son estos presupuestos. La ayuda en cooperación internacional se reduce en más de un 50%, se suspende el fondo para integración de inmigrantes y la ayuda del Gobierno Central a la dependencia. Ya hemos visto qué pasa con sanidad y educación… Los datos se comentan por sí solos.

4. En ningún momento se plantea el generar un modelo económico que garantice nuestro crecimiento económico en el futuro. Se rehabilitan las ayudas a la compra de vivienda, por tanto, se están situando 4.000 millones de euros a engordar el modelo económico que nos ha llevado a esta crítica situación y además el gasto del Ministerio de Industria se reduce en un 31,9%, las ayudas a la generación de energías renovables se suprimen y también se reducen las bonificaciones empresariales por invertir en I + D. Comparen esto con la actuación alemana, que parece el nuevo espejo económico en el que toda Europa se mira. Cuando Schröder aprobó la Agenda 2010, que está en la base de los recortes laborales de Alemania, al mismo tiempo, generó un fondo de 1.500 millones de euros para la Instituto Max Planck de Innovación Tecnológica. Es decir, hay que saber recortar y saber que ciertos gastos hay que mantenerlo o expandirlos porque están en la base de nuestro crecimiento futuro.

5. Como estos presupuestos son inasumibles por la ciudadanía los ministerios que menos recortes sufren son Interior (-4,3%) y Defensa (-6,8%). ¿Cómo es posible que estos ministerios sufran un recorte menor que Sanidad, Educación o Industria?

Estos presupuestos, se analicen desde el lado de los ingresos o de los gastos, imposibilitan la recuperación económica de España y ¿alguien cree que se puede solucionar el problema de la deuda haciéndonos más pequeños?

En resumen, estos presupuestos han sido un ejercicio dialéctico donde el PP ha puesto a prueba su influencia mediática, para vender una mentira (su programa electoral), varias pleitesías (Merkel y los mercados) y el sacrificio del Estado del Bienestar español.

lunes, 19 de marzo de 2012

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO?


Una Huelga General es algo muy costoso para la clase trabajadora. Es un último recurso y siempre se ha empleado con responsabilidad por los trabajadores. Los trabajadores se significan en sus centros de trabajo y pierden un día salarial bruto de su sueldo; por otro lado, las centrales sindicales echan un pulso al gobierno y hacen una demostración de fuerza ante la sociedad; a este respecto tienen mucho más que perder de lo que pueden ganar, ya que de no tener un éxito rotundo los sindicatos volverán a mostrar su vulnerabilidad ante la sociedad. Estos no cuentan con el apoyo de los medios de comunicación de masas y en una sociedad mediática y mediatizada como la nuestra esto resulta imprescindible, sus defectos se engrandecen y sus virtudes se menoscaban.

De este modo, en estos días se les está atacando de un modo diría que incluso burdo.

Por parte del PP diciendo que los sindicatos han convocado antes de los 100 días de gobierno la huelga (claro, como si ellos hubieran tardado cien días en realizar la mayor agresión a los trabajadores de un gobierno desde la Transición). Todo el mundo es consciente de que si los sindicatos, pese a sus disminuidas fuerzas, no reaccionan, su legitimidad sería puesta en entredicho. Porque realmente esta reforma laboral sitúa en el lado del capital toda la responsabilidad de la contratación y el despido, un hecho este que decapita de un plumazo varias décadas de concertación social.

Por otro lado, los medios de comunicación se muestran contrarios a reconocer el papel de los sindicatos en la sociedad; no hemos de olvidar que son grupos empresariales y ya se sabe el refrán, es muy difícil morder la mano que te alimenta.

Pero al margen de estos presupuestos los diferentes artículos de esta reforma laboral son, todos y cada uno de ellos, causa objetiva de una huelga general:

1. Se suprime la autorización administrativa en caso de un despido colectivo, lo que conocemos como un ERE (Art. 51). La crisis actual es consecuencia directa de la falta de regulación sobre el sistema financiero y esa misma práctica nefasta se extiende ahora a las relaciones laborales. ¿Cómo es posible que la administración no tenga nada que decir? Máxime si tenemos en cuenta que se trata, en su mayoría, de grandes empresas que han recibido subvenciones públicas por su establecimiento y el mantenimiento de plantillas; o de despidos que afectan al pago que la Administración tiene que realizar en seguros de desempleo, así como, en muchos casos, recortes de plantilla que acaban en jubilaciones y prejubilaciones que paga el Estado.

2. Aplicación del despido colectivo y objetivo en el Sector Público (Disposición Adicional 20). Como en el caso de Irlanda, Gran Bretaña y Grecia se abre la espita al despido de funcionarios en caso de que la Administración encuentre insuficiencia financiera durante tres trimestres seguidos. Esto abre el camino hacia el desmantelamiento de los servicios públicos, y de la estabilidad administrativa que había encontrado nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es posible hablar de insuficiencia financiera en un servicio público cuando es el gobierno el que determina los flujos financieros? Si hubiera un sector público que se movilice demasiado o la crisis hiciera que los recursos se redujeran hasta tal punto que el empleo público se conviertiera en un bien extraordinario, el político de turno sólo tiene que reducir ingresos (suprimir algún impuesto) y generar déficit público durante tres trimestres consecutivos para luego colocar a sus “amigos”. Esto, además, iniciaría un proceso de inestabilidad administrativa que retrotraería el Estado a una incertidumbre decimonónica.

3. Reducción drástica de los derechos de los trabajadores en caso de despido procedente. Como sabemos se pasaría de un contrato fijo con una indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a otro de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades. Este sistema de contratación hace casi inviable que un trabajador que haya dedicado 28 años de su vida al crecimiento de una empresa obtenga una seguridad vital “razonable” si se ve envuelto en una reducción de plantilla a la edad de 50 años, ya que es poco probable que vuelva a encontrar un trabajo. Esto supone que antes obtendría, para un salario medio de 1.500 euros al mes, 63.000 euros, que junto con los dos años de paro le permitiría sobrevivir hasta la jubilación e, incluso, tener un colchón financiero suficiente para aventurarse en la construcción de una PYME. Sin embargo, el nuevo decreto le está “robando” su futuro y, en términos contables, 27.000 euros, para quedarse en tan sólo 36.000 euros, una persona que ha dedicado toda su vida a una empresa y al enriquecimiento de otros. El abaratamiento del despido en un 40% supondrá facilitar el despido de los trabajadores que más años llevan en la empresas, que más difícil tienen su ubicación en el mercado de trabajo, a largo plazo supondrá para la empresa la pérdida de experiencia, productividad y capital humano y, al final, para el Estado un problema social de difícil solución.

4. Se vuelve a hacer más vulnerables a los trabajadores que inician su andadura en el mercado laboral. Si la anterior medida perjudica, sobre todo, a los trabajadores cercanos a la salida del mercado laboral, la medida que establece que una empresa de menos de 50 trabajadores puede hacer contratos de aprendizaje (Art. 14), es decir, con menos derechos laborales y salariales, durante un año, incide directamente sobre los derechos de los trabajadores que se han incorporado recientemente al mercado laboral. ¿Cómo una persona puede estar en una empresa a prueba durante un año, si no es para aprovecharse de su rendimiento a un menor coste? Además esto no asegura que lo contraten después de finalizar el año de prueba, sino que contratarán a otro joven aprendiz al que exprimir.

5. Se borra de un plumazo 90 años de concertación social en España. En los art. 82 a 91 se permiten el descuelgue de la empresa de los convenios colectivos sectoriales en materia salarial y cualquier otra causa que afecte a las condiciones de trabajo. Se está negando la capacidad de negociación que tienen los representantes de los trabajadores y sitúan ésta directamente entre patrono y obrero. No es difícil explicar que ésta no es una condición entre iguales, que sitúa al trabajador en una condición cercana a la servidumbre. Sólo baste recordar que el sindicalismo de los años 30, de Largo Caballero y la CNT centró su lucha en hacer de los sindicatos la parte negociadora de los trabajadores con los empresarios. Es en ésta época, cerca de 100 años atrás, donde nos sitúa esta reforma laboral.

6. Descausalización en la movilidad geográfica (art. 40). La empresa no necesita ninguna motivación para establecer la movilidad geográfica de sus empleados, esto cosifica al trabajador. En la época romana a los esclavos se les llamaba instrumentum vocalis, es decir, herramienta que habla. Aquí, por tanto, la reforma laboral sitúa al trabajador en condiciones cercanas a la esclavitud y no exagero, ya que el trabajador no tiene el derecho a exigir una “razón” justa a la hora de elegir entre el sustento de su familia y ésta. ¿Cómo es posible que se le puede negar una razón a alguien que va a tener que abandonar su familia, círculos sociales, vida, etc.?

Sólo estas seis causas serían suficientes para justificar una revolución social, de momento espero que los 17 millones de trabajadores que hay en este país, las tengan en cuenta para salir en defensa de sus derechos. Un trabajador orgulloso de su labor y función dentro de la sociedad no puede ver, sin hacer nada, como vejan de este modo la dignidad de su trabajo.

domingo, 11 de marzo de 2012

LA POLÍTICA DEL DISFRAZ






El político que acabó con la Guerra de Argelia fue Charles de Gaulle, este es el ejemplo histórico que siempre se cita para demostrar cómo en nuestras sociedades el político que más legitimidad tiene para actuar es aquel que en la oposición se muestra más frontalmente en contra de una situación dada. De Gaulle era un general, el líder de la resistencia francesa en Argelia durante la II Guerra Mundial, y su legitimidad era tal, que la actual derecha francesa todavía se articula en torno a su figura, en Francia derecha democrática y gaullismo son la misma cosa. Pues bien, fue él el que con mayor firmeza encarnaba los valores de la grandeza francesa, el que firmó la paz con la guerrilla argelina y favoreció la independencia de ésta en 1958.

Esto se produce por el miedo secular de las sociedades divididas políticamente a que sean engañadas por el contrario. Y esto es algo que se ha dado invariablemente en todas las sociedades y, por supuesto, también en la nuestra. El ejemplo más claro, diría incluso clásico, de nuestra democracia, es la política antiterrorista. El PP y PSOE en todas sus legislaturas, cuando han gobernado, han abierto negociaciones políticas para resolver este problema; felizmente la actuación de los dos partidos ha tenido un excelente resultado para nuestra democracia, la derrota mediante la legalidad democrática de un grupo que utilizaba la extorsión que genera la violencia para conseguir sus fines políticos. Pues bien, aún a pesar de producirse su derrota durante la última legislatura del PSOE, éste nunca pudo decir que el problema de ETA tenía un “final político”. La sociedad española considera menos “patriota” a la izquierda y, por lo tanto, cualquier relación fuera de lo estrictamente policial con el nacionalismo independentista es visto por ciertos sectores de la derecha española como algo parecido al colaboracionismo. Sin embargo, cuando el PP gobierna, el ministro del interior tiene la seguridad de poder decir que el final de ETA es político y que se está replanteando la estrategia del acercamiento de presos.

En resumen, el PSOE se tiene que ganar la confianza de los “patriotas” respecto a su relación con ETA y el PP tiene “patente de corso” para hacer o decir lo que quiera en gobierno o en oposición. Por dos razones, la primera es la creencia de que el PP es de los nuestros y no nos va a engañar y la segunda es que al considerar esto, el PSOE, como una política razonable y de Estado no la va a utilizar en contra del partido que gobierna.

Lo mismo se puede decir de la economía. El PSOE, al ser considerado defensor de los derechos sociales, del Estado y la burocracia y, a veces incluso, de ir en contra de la iniciativa empresarial, tenía que tener mucho cuidado a la hora de defender políticas keynesianas de expansión del gasto público. Zapatero, Rubalcaba o cualquier otro líder o simpatizante del PSOE tenía ciertas dificultades para una defensa pública de las políticas keynesianas en esta recesión. Estas políticas no son sólo necesarias para no perder determinados derechos sociales, sino también porque así estás condenando las posibilidades de una recuperación económica en el futuro. En cuanto Rajoy gana las elecciones la presión mediática de la derecha sobre el déficit se reduce, las relaciones con Merkel y los mercados son más fluidas (es uno de los nuestros) y es el primer presidente de un país europeo que abiertamente justifica una reducción más lenta del déficit público que el exigido por la troika europea, algo que a los socialistas les estaba vetado incluso en su pensamiento. Como en la política antiterrorista a este cambio del escenario en las políticas económicas también contribuye una oposición que está de acuerdo, también a nivel teórico, con una reducción más moderada del déficit público. Por lo tanto, el PSOE está condenado a situarse en un segundo plano a la hora de criticar el cambio en la política económica del PP, poniéndose, en este caso, el disfraz de la oposición responsable y constructiva. Este análisis también es válido respecto a la reciente subida de impuestos, cuando el PP en la oposición defendían el mantra de que sólo su reducción conduciría al crecimiento económico; la limitación del sueldo a los banqueros que han recibido una subvención pública, es decir, la intervención pública en la libertad de empresa y así, … un largo etcétera.

Pero al cambio en la política de un país no contribuye un único factor, también hay que tener en cuenta un gobierno que goza de mayoría absoluta y tiene las manos libres para implementar reformas “reales” o “ficticias” que den sensación de estar al frente de algo y, cómo no, un PSOE que, en el fondo, creo que había empatizado demasiado con aquellos que en el pasado eran sus rivales políticos, si no que se lo pregunten a Alfredo Sanz.

domingo, 4 de marzo de 2012

LA TEORÍA DEL VOTANTE ADICTO


En el fondo, la política no es sino la expresión de la estructura de pensamiento dominante. En palabras de Marx sería la superestructura, que es fiel reflejo del poder económico. Por eso en épocas de crisis como la actual, cuando se resquebraja el soporte que la sostiene, ésta se tambalea ante nosotros sin dirigirnos con firmeza hacia una nueva estación.

Tal vez no pueda ser de otro modo. ¿Qué sistema es capaz de sostener una dirección contraria a la mayoría? ¿Puede en una democracia una minoría ser elegida por una mayoría? Para no cargar las tintas sobre el modelo, sino sobre el sistema, me haría también la siguiente pregunta ¿Puede una dictadura ser financiada con recursos militares y financieros minoritarios? Creo que la respuesta se hace evidente. De ahí que la desorientación del sistema político ante la crisis económica sea la misma desorientación que vive la mayoría social que en su día impulsó un proyecto político de “éxito”.

En la Tierra todo el mundo tiene claro que la crisis económica es fruto de una globalización desregularizada y de los excesos de un liberalismo que ha sido aplicado con éxito durante décadas y que ha aumentando las desigualdades sociales y horadado el poder de los estados. A la altura del año 2012, tras tres décadas de políticas neoliberales, todavía algunos se atreven a relatar que el problema son el Estado, los funcionarios, sindicatos, trabajadores perezosos, etc. Como si estos elementos sociales hubieran podido frenar las ambiciones económicas de los mal llamados “emprendedores” o “ingenieros” financieros. Señores, no estamos en el año 1973 con un mundo dominado por el comunismo, la socialdemocracia y los sindicatos de clase; ¡qué más quisiéramos! Ya no se puede seguir echando la culpa de la resaca a unos comensales que ya no están en la mesa.

Pero no voy a profundizar en un relato que es “hijo de la razón Ilustrada”, trufado de categorías universales. Una Ilustración suicidada por esa Postmodernidad financiada por los liberales, aquellos que no querían vivir bajo un relato colectivo, sino disfrutar de sus hazañas individuales. Por tanto, a la sociedad sólo le queda un discurso presentista y atomizado que en épocas de crisis se presenta bajo las etiquetas del “miedo” y el “sálvese quien pueda”. Por tanto, la crítica se dirigirá hacia los sectores más débiles de la sociedad, aunque sean los menos responsables de la crisis, para ver si todavía podemos beneficiarnos del mismo perro famélico y lleno de pulgas que ya ha sido explotado durante décadas, pero que todavía vive, aunque sólo sea su recuerdo. El miedo a perder lo poco que nos queda o la imposibilidad de imaginarnos un futuro colectivo mejor nos hace postrarnos ante el poder vigente, aunque sepamos que éste es el responsable de nuestra situación y que continuará en su descenso decadente arrastrando todo a su paso (empleo, sanidad, educación, futuro…), porque si en el descenso nos situamos encima de otros, tal vez, estaremos un poco más cómodos.

Todo esto es una explicación suficiente para entender cómo los políticos y partidos que mantienen el modelo que nos sitúa en la crisis han triunfado y cómo a pesar de tomar medidas que nos empobrecen (reforma laboral) los seguimos apoyando. Aun así, creo que hay otra explicación más profunda y psicológica, la teoría conceptualizada como el “votante adicto”. Éste tiene miedo a salir de la decadente vida en que se ha convertido su entorno, desoye las llamadas de ayuda del exterior y considera que son enemigos todos aquellos que critican la situación en la que viven, es decir, los analistas objetivos se convierten en conspiradores. A esta situación se añaden las consecuencias de la convivencia con estas políticas durante largos periodos de tiempo, lo que comúnmente se denomina el “mono”. Los heroinómanos coinciden en que siguen drogándose porque buscaban experimentar la sensación irrepetible del primer chute, pues bien, eso creo que hace la sociedad española en crisis, intentar volver a experimentar el chute de la construcción de 1996. A pesar de que el culpable de la crisis económica en España ha sido la sobredimensión del sector de la construcción, llamamos al poder a aquellos que la provocaron por ver si vuelve al experiencia de 1996, millones de puestos de trabajo sin cualificación y bien remunerados.

A ello también se suma la política del miedo que imposibilita a uno imaginarse un mundo diferente, algo que siempre conviene a los que detentan un poder cuestionado, pero eso es un tema para otro artículo. De momento, sólo espero que algún día toquemos fondo y busquemos un despertar sin todo aquello que nos ha condenado a una vida en la oscuridad (crédito fácil, neoliberalismo económico, construcción, corrupción, etc.).


sábado, 11 de febrero de 2012

INSIDIAS: DÉFICIT PÚBLICO Y REFORMA LABORAL


Generalmente a un gobierno se le asignan cien días de beatitud, es decir, cien días donde aceptamos su éxito electoral, presuponemos sus buenas intenciones y no le culpamos de los desarreglos políticos. Pero la emergencia de la crisis económica hace prácticamente imposible mantener esta tradición, nuestra proximidad a los seis millones de parados lleva al gobierno a multiplicar sus acciones y reconfigurar nuestro espacio económico, social y, en último término, político.

Sus políticas económicas se iniciaron con las insidias del déficit público. En primer lugar porque, como el resto de partidos neoliberales, usan la demagogia de que el problema en España y, por extensión, en la economía europea es el déficit público. La gente tiene poca memoria histórica y suele confundir causas con consecuencias. La causa de nuestro déficit público no fue el exceso de gasto y lo manirroto de nuestras decisiones políticas. El déficit se creó para que la actividad del sector privado no se frenase, se creó porque nuestro sistema financiero recibió una transferencia de rentas valorada en 200.000 millones de euros para que no quebrase. Además la propia crisis económica gesta en el sistema financiero generó una caída de ingresos del 30%, que es lo que el Estado todavía no ha logrado compensar, ni lo logrará si sigue fomentando políticas que activen la recesión, ya que por cada 0,67 puntos que se reduce gasto público la economía se contrae en 0,55 puntos. Además el problema del crédito en España no está relacionado con la deuda pública, sino con la privada. Si en España la deuda pública se sitúa en el 67% del PIB la privada alcanzó el 292% con un monto total de más de 3 billones de euros. Al tener las empresas un nivel de endeudamiento tan alto no pueden invertir y generan destrucción de empleo y de actividad económica, entrando en un círculo autodestructivo que sólo podría detener la acción del Estado generando una actividad económica inducida por la deuda pública.

Pero la insidia política del PP no se produce respecto de sus presupuestos ideológicos equivocados, que la historia reconducirá, eso sí, a través del sufrimiento de una o dos generaciones, sino porque utiliza el arma política de la mentira reiterativa…. En el año 2010 España contaba con un déficit público del 11,1% y reducirlo al 8% en un contexto económico plano, la economía sólo creció el 0,7%, me parece toda una proeza económica del último gobierno. Además la desviación de 2 puntos del PIB se sitúa en un 75% por el desfase de las comunidades autónomas, por tanto, ¿cómo es posible que el PP utilice políticamente una desviación que ha sigo generada mayoritariamente por ellos? ¿Cómo es posible que a uno le sorprendan e inculpe a otros de sus propios actos? Además, el Gobierno está negociando en Bruselas relajar unos objetivos del déficit público que le parecen excesivamente draconianos para nuestra economía, por tanto, no está de acuerdo en que se produjera un ajuste fiscal tan alto, por tanto, está de acuerdo con la política económica llevada a cabo en los últimos meses por su antecesor.

El otro campo de insidias es el del mercado laboral. Es cierto que España heredó un mercado laboral rígido del franquismo, lo que se puso de manifiesto durante la otra gran crisis de nuestra economía, la que frenó los “felices años del 600 y la emigración hacia Alemania”. Aquella se conoció como el crack del petróleo de 1973, aunque en España la transición política retardó los ajustes y las consecuencias de la crisis hasta 1977. El régimen de Franco impedía las libertades sindicales y mantenía unos salarios bajos respecto de los trabajadores de su entorno, para fomentar su “paz social”. Esto hizo que durante esta crisis la mayoría de los 900.000 puestos de trabajo que se perdieron fuesen debidos a cierres patronales, ya que estas empresas no podían trasladar los costes a sus trabajadores, disminuyendo el salario o reduciendo sus plantillas. El enfrentamiento exitoso de esta crisis por parte de los agentes sociales y políticos fueron los Pactos de La Moncloa. Estos ya produjeron una flexibilización del mercado laboral, bonificaron las nuevas contrataciones reduciendo en un 50% el pago que tenían que hacer las empresas a la seguridad social y permitieron la contratación eventual.

Desde entonces se han sucedido, una tras otra, medidas tendentes a flexibilizar el mercado laboral. Aquí esbozaremos un resumen sucinto y poco exhaustivo, ya que ésta ha sido la única receta económica que han aplicado nuestros gobiernos, tanto del PSOE como del PP, en democracia, de ahí la extensión del relato si tradujéramos al detalle los decretos y reformas que han flexibilizado nuestro mercado laboral. En 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores que redujo de 48 a 42 las mensualidades que recibía un trabajador por despido improcedente. El Acuerdo Interconfederal de 1983 estableció los contratos en prácticas, de aprendizaje y a tiempo parcial. La Reforma del Estatuto del Trabajo de 1984 amplía la contratación laboral en catorce nuevas modalidades, entre ellas los famosos “contratos basura”. En 1988 la temporalidad afecta ya al 25% de los asalariados y al 57% de los contratos en menores de 30 años. La Reforma Laboral de 1994 introduce la contratación a través de empresas de trabajo temporal y convierte el desempleo en un negocio. En 1997 el PP introduce el contrato con indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El gobierno de Zapatero también llevó a cabo reformas laborales tendentes a la liberalización y el despido, como la introducción del despido procedente por causas económicas futuras. Ahora se aprueba una nueva reforma laboral, porque nuestro mercado laboral es dual y rígido.

Llevamos 30 años de reformas de flexibilización del mercado laboral que sólo han conseguido el objetivo que se proponía, reducir el poder de los trabajadores frente al empresario (un liberal diría sindicatos, como si esto fuera algo ajeno a los derechos de los trabajadores), así como aumentar nuestras diferencias sociales y de renta. ¿Cómo se puede decir que estamos ante un mercado laboral rígido después de 30 años flexibilizandolo? Para los trabajadores, lo único que se ha conseguido es que la temporalidad se sitúe en el 34% y que el trabajo ya no sea sinónimo de calidad de vida en Occidente. Por cierto, tampoco han conseguido repartir el trabajo y reducir el desempleo, ya que este, cuando sufrimos una crisis económica en España, siempre se sitúa entre el 18 y el 25% sea cual sea la regulación de nuestro mercado de trabajo. Esta es la mayor insidia de todas ¿cómo es posible que los liberales sean capaces de argumentar que es necesario reducir la dualidad de nuestro mercado laboral cuando han sido ellos los que la han creado? ¿Se soluciona la temporalidad laboral haciéndonos a todos temporales?

Otra gran insidia es que nuestra ventaja comparativa en lo económico no es el coste laboral, sino la tecnología, infraestructuras y nuestros recursos humanos (formación de nuestros trabajadores), aspectos estos que necesitan de la financiación del Estado. Estamos perdiendo productividad y mercados al renunciar a nuestros puntos fuertes en economía y quieren ponernos a trabajar “como chinos” para competir globalmente en un ámbito donde tenemos la partida perdida de antemano.

Esta reforma no solucionará el problema del desempleo, facilitará el despido y ya hemos visto que nuestro problema en la última crisis era que las empresas no tenían ningún impedimento para despedir y realizaban el ajuste por esta vía. En España tenemos los salarios más bajos de Europa, y la reforma actual permite la vinculación de los salarios a la productividad. La pregunta es cuánto más podrán estos ajustarse en España. ya que por debajo del salario mínimimo interprofesional, será más rentable cobrar un subsidio social que llevar a cabo el desempeño de un trabajo semanal de 40 horas. ¿Este gobierno se cree que la gente trabaja por gusto? ¿Cómo va a solucionar la crisis económica, en un país que era capaz de expulsar del mercado laboral a 200.000 personas al mes, el despido de 33 días por año trabajado en vez de 45 y la generalización del despido procedente (20 días por año trabajado)?. La única respuesta posible es que nos convertirá en un país más pobre e injusto, con menor capacidad emprendedora y un mercado laboral cercano a la tiranía, donde el único incentivo del trabajador será el miedo. Esto es lo que tiene la nueva religión… digo el liberalismo que sus premisas no tiene por qué ser llevadas ante el tribunal de la historia y los hechos, nunca se equivocan.

En fin, otra insidia más, que no resiste la comparación de los datos ni el pensamiento racional, pero una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Esto lo decía Goebbels, el político que tenía que vender a través de los medios de comunicación el nazismo, y que situó a la entrada de Austwicht un cartel con las palabras el trabajo os hará libres, tal vez porque también en los campos de concentración el marketing tenía la misión de estimular la productividad.