Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifestaci%C3%B3n_contra_la_Ley_Mordaza_en_Madrid_20-12-2014_-_14.jpg Data: 14/04/2017
Los dos hechos fundamentales que
definen a una dictadura son, en el interior, el recorte de las libertades y, en
política exterior, la creación de
enemigos que legitimen la mencionada supresión de derechos. En el caso del
franquismo, el enemigo exterior se situaba en la conspiración
judeo-masónica-comunista que acechaba constantemente a la dictadura. Esta llenó
en repetidas ocasiones la Plaza de Oriente, para mostrar los apoyos sociales del
franquismo y situar a Franco como el “faro de Occidente” que seguía guiando a
nuestra nación bajo los históricos designios del nacionalcatolicismo, un modelo
del que, afortunadamente, se habían apartado el resto de países europeos, no
hacía décadas, sino siglos. La creación de un enemigo externo, que en el caso
del franquismo pretendió legitimar la dura represión de la dictadura contra sus
habitantes, se ha repetido caricaturísticamente en los últimos años, situando
el tándem de Venezuela-Maduro como la alternativa a los judíos, masones y
comunistas. En un estudio realizado por El
Diario se concluía que, antes de las elecciones del 26 de junio, Venezuela
apareció en una de cada cinco portadas de los cinco principales periódicos
españoles, mientras que después de las elecciones sólo hay dos breves menciones
en El Mundo y La
Razón[1].
La intención de estos medios de comunicación no por más clara ha sido menos
obvia, el boicotear las posibilidades electores de Podemos, identificando a
este partido y sus dirigentes con el demonizado modelo político y
económico-social heredero del chavismo. Una situación que se repite en la primavera
de este año, justo antes de la elección a secretario general del PSOE en mayo
de 2017. Las opciones se dividen ahora entre una Susana Díaz, contraria a
cualquier negociación con Podemos, y un Pedro Sánchez que quiere dar al
socialismo español un giro a la izquierda y, por tanto, que este sea más
favorable a unos pactos con Podemos necesarios para desbancar al gobierno del
PP. De ahí que la prensa española vuelva a situar a Venezuela y Podemos en sus
cabeceras, para desacreditar a este último y, de paso, también al candidato a
la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez. De lo que también podemos estar
seguros es que después de esta elección interna el interés mediático por
Venezuela decaerá, lo veremos.
En resumen, la derecha mediática
y política de este país, para desviar la atención sobre los problemas que
tenemos y desacreditar a sus legítimos rivales ideológicos, ha creado una nueva
bestia negra imaginaria a la que situar como dardo de todos sus ataques y
mostrarla como la principal culpable de los males que aquejan al conjunto de la
humanidad. Un pequeño país, con escasa presencia internacional, cuya economía
depende de la exportación de petróleo, que en las décadas anteriores al
chavismo fue un ejemplo máximo de corrupción política y desigualdad en la
percepción de los ingresos. Un país, en fin, cuya capacidad de influencia es
mucho más reducido de lo que nos quieren hacer ver, de un modo interesado.
Sin embargo, estos mismos medios
de comunicación apenas prestan atención al rosario de casos que hacen que
España resbale y caiga, día a día, por el camino de la represión de los
derechos individuales de sus ciudadanos. Desde la aprobación el 26 de marzo de
2015 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, la letra de las canciones,
el humor en las redes sociales y la libertad de expresión se han convertido en
un delito en nuestro país. A esta situación de inseguridad jurídica también ha
contribuido la Ley Antiterrorista, que entró en vigor el 4 de enero de 1985, y
que El País de entonces calificó como
un “monstruo legal” que creaba un estado de excepción encubierto[2]. Esta
ley ha sido modificada posteriormente por diferentes gobiernos. Dentro de dicha
ley el elemento más preocupante es la incomunicación de cinco días a la que
pueden verse sometidos los presos, denunciado por el Comité de Tortura de la
ONU en el año 2002, además del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
La respuesta del gobierno español fue la ampliación de los días de
incomunicación a los que somete al preso a trece[3].
La estricta aplicación de estas
dos leyes por parte de los jueces españoles están generando miedo y confusión
entre la ciudadanía sobre sus derechos individuales. Así, se han llevado a cabo
procesos judiciales contra Guillermo Zapata por tuits como: Han
tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene
Villa a por repuestos;
de César Strawberry, líder de Def con Dos, por: Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina;
o la última, de la tuitera Cassandra Vera: El
fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO.
En todos estos procesos las supuestas víctimas, desde Irene Villa a Lucía Carrero
Blanco se han manifestado en contra de estas sentencias y a favor de la
libertad de expresión, al tiempo que periódicos de prestigio internacional,
como The Guardian, han mostrado su preocupación por que
una persona pueda ser juzgada en España por una broma[4].
Estos ciudadanos han recibido sentencias condenatorias que van desde seis meses
a un año de cárcel, además de sufrir multas o sanciones administrativas por
haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y publicar en las redes
sociales frases llenas de humor negro, seguramente de mal gusto, con las que el
que escribe estas líneas no se siente identificado, pero, al fin y al cabo, un
conjunto de palabras que pueden ofender, por supuesto, como tantas otras a las
que dedicamos menos espacio mediático. Además, estas condenas se producen en la
misma sociedad que encumbra al semanario satírico de Charlie Hebdo, que sufrió un atentado terrorista islamista, por
hacer lo mismo que Cassandra, Strawberry o Zapata, ironizar sobre aspectos
sensibles que afectan a la identidad de millones de personas. En este caso la
respuesta es que Charlie Hebdo se
sitúa frente a la cerrazón del Islam, mostrando el alma liberal y crítica de
Occidente y, por tanto, es animado por todos a seguir en su cruzada de humor
negro a favor de la libertad de expresión contra todo tipo de religiones.
A estos pequeños episodios de “humor” hay que sumar las
sentencias de la ley mordaza que alimentan el miedo social, llegándose a
cuestionar nuestro derecho a la protesta colectiva. En este caso desde su
entrada en vigor ha llevado a cabo un total de 40.000 sanciones, más de 6.200
por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por
“desobediencia y resistencia a la autoridad”. Casi 30 personas son multadas
cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden. Las sanciones previstas por la normativa van
de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito[5].
Entre todos estos, destacan casos tan sangrantes como la mujer de Petrel, que
fue multada con 800 euros por subir a Facebook la fotografía de un coche de la
policía local aparcado en una zona reservada para discapacitados; el camionero
de Málaga, que fue multado con 300 euros por llamar “colega” a un Guardia
Civil; el usuario de Facebook de Santa Cruz de Tenerife, que llamó vagos a la
Policía Local de Tenerife y que fue multado con 600 euros; el ciudadano de
Vitoria, multado con 200 euros, por llamar “sinvergüenza” a Joaquín Maroto en
una manifestación callejera y; como ejemplo final, la multa de 300 euros que
sufrió la CGT de Castellón por manifestarse contra la Ley de Seguridad
Ciudadana el 30 de junio de 2016 y sólo haber solicitado permiso para una
concentración. Todos estos son casos ridículos, como tantos otros, que no
merecerían más que, en el peor de los casos, una amonestación verbal, en ningún
caso una multa administrativa[6].
En resumen, determinados medios de comunicación en un
ejercicio de manipulación informativa a la altura del mismísimo Rudolph Herst,
retuercen la realidad internacional para que en España no crezca una opción
política legítimamente constituida, bombardeando constantemente a la población,
sobre todo en época de elecciones sobre la falta de libertad en Venezuela, un
país que está a miles de kilómetros de distancia del nuestro. Esto legitima un
sistema político que, como hemos visto, dista mucho de ser el pretendido
ejemplo de democracia liberal que nos venden. Además, estos mismos medios de
comunicación no informan sobre lo que está sucediendo a la puerta de sus sedes
editoriales y en las calles por las que transitan sus periodistas día a día,
hechos estos que realmente sí afecta a sus lectores. La continua sanción
administrativa y penal a ciudadanos que intentan ejercer su derecho a la
libertad de expresión, ya sea en las redes sociales mediante el humor o por la
defensa colectiva de sus derechos, no es una broma, es algo serio, que hace que
cada día que pasa todos somos menos libres en este país.