domingo, 17 de noviembre de 2013

CONFERENCIAS POLÍTICAS SIN NUEVAS IDEAS


Del 8 al 10 de noviembre de 2013 el PSOE realizó su conferencia política y lo que se anunciaba como el resurgir del principal partido de la oposición se quedó en el conocido “parto de los montes”. Los medios de comunicación contribuyeron también a que la conferencia política se situara en el ámbito del espectáculo y no en el de las ideas. Lo que nos ha quedado de esta conferencia política una frase que pronunció Rubalcaba al finalizar el Congreso: El socialismo ha vuelto, y una idea: reducir los impuestos a las rentas más bajas. Y esta es la constatación práctica de que el socialismo ni ha vuelto ni los ciudadanos le esperan. La clave está en su “falta de credibilidad”. Los votantes están cansados de partidos políticos que se construyen bajo los focos del marketing y que están vacíos de contenidos; la historia reciente del PSOE bien podría haber sido la de sus eslóganes: Por el cambio, En positivo y ahora El socialismo ha vuelto. ¿Qué quieren decir estar frases? Todo y nada, porque dentro de ellas cabe cualquier proyecto político, para que los ciudadanos no puedan pedirles cuantas cuando gobiernen. Su medida concreta, rebajar impuestos a las clases más bajas, constituye, de nuevo, una medida que no ofende a nadie y no soluciona nada. ¿Quién va a estar en desacuerdo con una medida que, en teoría, mejoraría los ingresos de las clases bajas y, al tiempo, no perjudicaría a nadie? Estamos, de nuevo, ante el populismo de los últimos años de Zapatero, un discurso fácil que sitúa cheques bebés en todos los hogares y una devolución en las nóminas de 400€ que sería mejor no recordar.
En la semana siguiente, del 15 al 17 de noviembre, el PCE celebraba su XIX Congreso. También bajo los focos mediáticos, aunque estos fueron menos y los grandes medios, defensores del estatu quo bipartidista, se olvidaron, de nuevo, del derecho de los ciudadanos a la información. A parte de esto, se produjo la reelección de Centella y dos ideas fuerza: la llegada de la III República y la salida del euro. Dos ideas que viene sobrevolando el PCE desde su refundación en 1986, tras el referéndum de la OTAN y su conversión en el partido mayoritario dentro de una coalición de izquierdas que conocemos como IU. El problema de esta organización parece sempiterno: situarnos en un discurso más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Es cierto que parece que la Historia de España está todavía enfrascada en problemas del siglo XIX y que estos no pueden ser obviados, pero junto a lo anterior  hay que definir y dar respuesta, desde la izquierda, a los problemas que definirán nuestro futuro como sociedad. Además la llegada de la III República será un mérito de los borbones y no de esta organización política.
El aumento de la abstención y que el peor gobierno de nuestra historia siga siendo la opción política más votada en las últimas encuestas, también es responsabilidad de unas organizaciones que deberían de dar respuesta a la pregunta fundamental de nuestro tiempo en España. ¿Cómo va a ser sostenible en nuestro  país el modelo neoliberal de privatización de servicios públicos con una devaluación salarial para recuperar competitividad? El modelo de Estados Unidos, que es el que defiende Rajoy, se lleva a cabo con unos ingresos medios per cápita de 40.200 euros al año frente a los 22.300 de España, un SMI en Estados Unidos en 971,22 euros, frente a los 748,30 de España (Datos del Banco Mundial para 2012). Además en Estados Unidos la tasa de paro se ha situado en el 7,2% y cuando alcanza el 10% estamos ante una emergencia nacional. Sin embargo, en España, la tasa de paro se sitúa en el 26,7% de la población activa y se asume como algo estructural y necesario para ganar en competitividad. Aun así en Estados Unidos se intentan reforzar los servicios públicos (reforma sanitaria de Obama), porque el gasto sanitario se sitúa en el 12% del PIB, mientras que en España es del 8%, y deja al margen a 50 millones de ciudadanos, al tiempo que siete de cada diez quiebras en el país de las oportunidades se debe a que la persona ha caído en una enfermedad grave como el cáncer o ha tenido un accidente.
Si no conseguimos hacer frente a un proyecto alternativo al PP, ¿se imaginan en una España sin servicios públicos? ¿Cómo será posible que la gente tenga asistencia sanitaria o servicios educativos, cuando cerca de un 1/3 de la población activa no tiene trabajo y de las 2/3 partes restantes, el 60% gana menos de 1000 euros al mes? ¿Qué posibilidades de consumo tendrá una familia que tenga que cargar a su escaso salario mensual, 250 euros de seguro médico y 150 de cheque familiar para que un hijo estudie? Estos son los problemas que se tendrían que estar discutiendo y que los periódicos tendrían que situar en portada y así, tal vez, nuestras opciones políticas ganasen un poco de credibilidad, el otro poco lo ganarían con una alternativa razonada y creíble que reforzase los servicios públicos y la capacidad de negociación laboral de los trabajadores y, por último, recuperarían el puesto que han tenido en el pasado cuando esto lo llevasen a cabo.

Los anteriores son los tres pasos que hay que dar y olvidarse, unos,  del marketing que deja vacíos de contenido a los partidos políticos y, otros, de un discurso que tuvo éxito, pero en el pasado. Las ideas fuerza tienen que ser respuestas concretas a los problemas concretos de los ciudadanos como han hecho la PAH y otros movimiento sociales que pese al bipartidismo y lo tendencioso de la mayoría de los medios de comunicación, sí han tendido éxito.

martes, 8 de octubre de 2013

¿DEBERÍA SER JUZGADO EL VOTANTE POR SU VOTO?



Decía Montesquieu en el Espíritu de las leyes (1748) que: el poder tiene que contener al poder, es decir, el poder no puede ser absoluto; los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser autónomos y enfrentados, vigilándose los unos a los otros en relación con la parcela de actuación que se les ha asignado, la de hacer las leyes, poner los medios para su desarrollo o juzgar a los ciudadanos de acuerdo a ellas. El conjunto de regímenes políticos modernos que se han venido desarrollando desde entonces buscan su legitimación mostrando dicho equilibrio de poderes, sobre todo nuestros regímenes parlamentarios o democracias occidentales. En la práctica la preeminencia del ejecutivo suele someter al resto de poderes y la soberanía nacional, concepto acuñado por otro ilustrado francés, se restringe al voto que los ciudadanos depositan en las urnas cada cuatro años en las elecciones. Al menos éste es el sistema que rige en nuestro país. Un poder ejecutivo tan omnímodo que cuando disfruta, por delegación ciudadana, de una mayoría absoluta en el Congreso extiende sus tentáculos a la Fiscalía General del Estado,  al Tribunal Constitucional y otras instituciones en cuya función originaria estaría precisamente la defensa de los ciudadanos frente a esa mayoría absoluta, que actualmente  convierte al PP en una especie de monarquía absoluta de origen divino durante, al menos, cuatro años. Esta disfunción en nuestra democracia sería suficiente para que los españoles nos replanteásemos el equilibrio de poderes que nos dimos con la Constitución de 1978 y que, vista su aplicación práctica ha favorecido el desarrollo de la corrupción en nuestro país de un modo desolador. Sustantivos como Bárcenas, Noós, Gurtel, EREs, Malaya, etc. han convertido  el discurso de nuestra democracia en un auténtico dramón castizo que, cada día, se acerca más a una película de terror para el ciudadano, sobre todo porque no parece tener fin.

¿Cómo finalizar con este modelo político que ha saqueado en beneficio de unos pocos nuestro crédito público y privado? La respuesta sería sencilla si estuviese solo en la reforma constitucional que hiciese efectivo el equilibrio de poderes, algo que, por  otro lado, considero necesario. Los jueces tendrían una mayor independencia de criterio, algo siempre deseable en democracia, lo mismo que el Parlamento, y ambos podrían moderar, como sucede en Inglaterra, los excesos del ejecutivo. Un ejemplo sería la dimisión del ministro inglés de energía Chris Huhne  por ocultar una multa de tráfico por exceso de velocidad. No me puedo ni imaginar la cara de incredulidad de muchos políticos españoles al leer esta noticia en la prensa hace ya cerca de un año. Tampoco me puedo imaginar la impotencia de los parlamentarios españoles cuando se enteraron de que el parlamento británico, donde tiene mayoría el gobierno conservador, rechazó por 285 votos a favor (entre ellos diputados tories del primer ministro Cameron) frente a 272 en contra una rápida intervención militar en Siria a finales de agosto de este año. En resumen, una democracia más madura, con instituciones independientes unas de otras, sin lugar a dudas mejoraría nuestra salud democrática. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene la intuición de que ni siquiera bajo ese supuesto se hubieran evitado muchas formas de corrupción en nuestro país? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos con su voto, una vez y otra vez, validan con mayorías absolutas un gobierno de corruptos? En Valencia en las elecciones autonómicas de 2011 el PP obtuvo 55 escaños frente a los 54 que había conquistado en 2007, estando la mayoría absoluta en 50. Es decir, por acción u omisión, los votantes expresaron su acuerdo con la corrupción que les gobernaba. Su connivencia fue absoluta con un Carlos Fabra que llegó a decir que un tribunal popular le había absuelto en las elecciones, y también con el presidente Camps, por no nombrar al Bigotes y toda la fauna que apareció en los medios de comunicación  a raíz del caso Gürtel. ¿Qué reforma constitucional deberíamos hacer para aquellos que consideran que al frente del espacio público deben estar políticos corruptos? ¿Debemos dejar que la democracia, expresión máxima de la soberanía nacional, se arrope bajo la bandera de una libertad que todo lo permite y aprueba? ¿O tal vez, deberíamos recordarles lo que dice nuestro Código Penal? Este en su artículo 176 establece: El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años. ¿Hasta qué punto un votante debería ser considerado cómplice de la misma corrupción al permitir con su voto que cargos públicos sigan delinquiendo? Recordemos la definición del Delito de Comisión Por Omisión: hacer lo que no se debe, dejando de hacer lo que se debe (…)alcanza resultado mediante una abstención. Obviamente para que nuestra democracia no se corrompa más de lo que está necesita que el voto sea secreto y salvaguardar el anonimato de quien lo ejerce o no, además de ser una necesidad de la democracia y de la libertad misma el que podamos elegir cualquier opción política que se nos presente; pero el ejercicio o no del derecho al voto entraña una responsabilidad individual que, aunque no pueda ser juzgado por el código penal, debería ser, al menos, consultado a nuestra más íntima conciencia y bajo un constante ejercicio de responsabilidad. No esperemos que otros resuelvan lo que podemos hacer nosotros. 

lunes, 23 de septiembre de 2013

MERKEL Y EL SUFRAGIO CENSITARIO


Tras la Revolución Gloriosa de 1689 en Inglaterra se estableció la Monarquía Parlamentaria, es decir, el Rey quedaba limitado en su poder absoluto y tendría que gobernar con el Parlamento. Éste se dividió en dos cámaras, la Cámara Alta donde estaba representada la nobleza y las altas jerarquías del clero anglicano y la Cámara Baja expresión de la soberanía nacional. Pero para que esta soberanía representase los intereses de los propietarios se estableció el sufragio censitario. El utilitarismo y el liberalismo salieron en defensa de este modelo político que establecía que sólo los propietarios (individuos con determinado nivel de renta) eran un cuerpo útil para la nación; sólo ellos, un total de 200.000 para 16 millones de habitantes con que contaba Inglaterra, tenían la dignidad suficiente para representar los intereses colectivos de la nación. El resto de la población, pobre de solemnidad, debería esforzarse por mejorar su condición, promover la riqueza del país y, de este modo, alcanzar la dignidad de la representación política. En 1928, y tras décadas de lucha de los movimientos sociales, el Reino Unido establecía el sufragio universal y la Inglaterra de Charles Dickens se empezaba a abandonar en el pasado.

Pero la clase económica, desde la autosuficiencia que le ha dado su posición, aunque ésta sea heredada, siempre ha querido recuperar su hegemonía política, como corresponde a la parte útil, emprendedora y productiva de la nación. Pero la democracia, sobre todo tras el hundimiento de los fascismos en la II Guerra Mundial, se había prestigiado sobremanera y, ante todo, había que mantener la ficción democrática y constitucional, que era lo políticamente correcto para hombres de tan grandes miras. Así que tuvieron que montar un escenario democrático bajo el que se escondiera un gobierno censitario. Se inventaron, de este modo, la UE y el euro en el año 2002. En el centro Alemania, un país profundamente conservador y apegado a sus tradiciones, una de ellas el ser el principal centro financiero e industrial de Europa. Desde su hegemonía económica e ideológica (más lo segundo que lo primero, ya que su PIB es sólo el 24,5% del de la UE) impone el austericidio al conjunto de Europa. Este modelo continuará, porque como en Europa no existe una verdadera democracia, la política económica sólo debe tener éxito para 13 millones de votantes, frente a los más de 500 millones de ciudadanos con derecho a voto en las elecciones europeas. Es decir, en la actualidad, el sufragio censitario se establece para el 2,6% de la población. El mecanismo es más refinado que en el siglo XIX, los votantes no tienen por qué ser ricos, pero los resultados son los mismos: una mayoría de población que debido a la ausencia de derechos políticos sufren las consecuencias de las políticas económicas que sólo benefician a la gente que tiene el control del sistema político.

domingo, 23 de junio de 2013

LAS RECETAS DEL FMI Y LA REINA DE CORAZONES



El FMI es una institución creada en 1945 a partir de los acuerdos de Bretton Woods. La función de este organismo era estabilizar el mercado de divisas internacional y asegurar, de este modo, la posibilidad del libre comercio y el flujo internacional de capitales, algo que se había desestabilizado en Entreguerras al mostrarse imposible el mecanismo del patrón oro. En la actualidad dispone de 1 billón de dólares para llevar a cabo su labor y evitar las crisis financieras y los problemas derivados del exceso de endeudamiento entre los países que pertenecen a este organismo internacional. Esta cantidad de dinero es aportado por sus 188 países miembro, según su riqueza del PIB, externealización de su economía, volumen de reservas internacionales en sus bancos centrales y otras variables. El país que más dona a este fondo y, por tanto, tiene mayor capacidad de decisión es Estados Unidos (16,78%), al que siguen Japón (6,02%), Alemania (5,88%), Gran Bretaña y Francia (4,86%), China (3,66%), etc. A España le corresponde el 1,63% de los votos.
Una vez analizada su compleja estructura y determinada la cuota de poder que le toca a cada país en la institución que gobierna y dirige la internacionalización del capitalismo, la pregunta es: ¿en qué nos estamos gastando 1 billón de dólares? En una institución que no tiene un control democrático y que no responde de las nefastas consecuencias de sus actos y consejos. En su gestión de la crisis asiática de 1997 llevó a países como Indonesia a perder el 13,5% de su PIB y elevó en 20 millones el número de pobres del país; el único país que se recuperó de un modo rápido y sin grandes traumas fue Malasia, que mantuvo los controles de capitales y elevó el gasto social, es decir, no hizo caso de sus consejos. Sobre este caso recientemente el FMI tuvo que pedir perdón por sus políticas, lo mismo que en Grecia donde esperaban que el PIB sólo cayese el 5,5% y la tasa de paro el 15%, datos éstos desmentidos por la “cruda” realidad que ha mostrado una caída del PIB del 17%, de momento, y una tasa de paro que ya supera el 25%. Las recetas del FMI han arrasado la economía griega y éste pide disculpas, al tiempo que receta nueva austeridad para el conjunto de las economías de la UE. Es como si estuviéramos ante una irritante versión de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carrol, donde la reina de corazones presa de su locura gritaba una y otra vez: ¡¡Que le corten la cabeza!!, ¡¡Que le corte la cabeza!! Su locura era tal que se mostraba evidente en el surrealista y mágico mundo que describió este autor inglés del siglo XIX. En este mundo loco de la crisis y el capitalismo global hay una institución que, cada día, parece más disonante en sus gritos: ¡¡Qué reduzcan el gasto público!! , ¡¡Que flexibilicen el mercado laboral!! Desde su sede central en Washington D. C. hace décadas que sólo se oyen estas palabras, intentando ahuyentar al fantasma de Keynnes.  
¿Por qué le hacemos caso si hasta ellos reconocen que sus políticas son equivocadas? ¿Por qué si la evidencia histórica ha demostrado que una y otra vez sólo generan recesión, pobreza e inestabilidad política y social? ¿Por qué subvencionamos a economistas que sólo saben decir la misma cosa?

domingo, 9 de junio de 2013

EL SIGNIFICADO DE LA LOMCE

Este gobierno nos tiene acostumbrados a que con cada nuevo decreto legislativo o ley orgánica nos recuerdo un capítulo de Cuéntame. No podía ser de otro modo con su reforma del sistema educativo. No estamos diciendo que nuestro sistema educativo no necesite reformas, pero lo que es seguro es que no son las que propone la LOMCE cuyas medidas hacen retroceder en varias décadas al sistema educativo público, entre otras destacamos: hace estructurales unos recortes que se presuponían coyunturales por el contexto de la crisis económica; la educación deja de ser un bien público y se somete a la competencia de los mercados; rompe el principio integrador de un currículo básico, común y obligatorio para el conjunto de la red educativa (art. 6); establece una preselección del alumnado entre buenos, regulares y malos a una edad tan temprana como sexto de primaria (art. 21 y 28); propone un modelo de financiación segregador que aumenta los recursos para aquellos centros que cuentan con alumnos que obtienen mejores calificaciones, al tiempo que pretende marginar a los centros con alumnado más heterogéneo o con problemáticas diversas, ya que éstos tendrán más dificultades para alcanzar el rendimiento académico que exigirá la Administración  para tener una financiación adecuada a las necesidades de estos centros (art. 122); y, no por última, menos importante, se vacía de contenido el Consejo Escolar (Art. 127), estableciendo una dirección directamente nombrada por la Administración y que puede contratar a una parte del profesorado para cumplir su proyecto educativo.

El objetivo de todas las medidas citadas anteriormente no es la mejora de la calidad educativa, sino aumentar las desigualdades sociales y preservar, de este modo,  los, cada vez más escasos recursos, para una reducida élite económica y social; ya que la mejor garantía de una distribución más justa y equitativa de éstos es una educación pública y de calidad, contra la que atenta la LOMCE. 

domingo, 20 de enero de 2013

TODO ESTÁ RELACIONADO: CRISIS ECONÓMICA Y CORRUPCIÓN


Todo estaba relacionado, la crisis económica y la corrupción política. El modelo de crecimiento que generó el PP y que el PSOE de Zapatero no supo o quiso remodelar se basó en la ley de suelo de 1997. Esta liberalizó el sector de la construcción y convirtió la recalificación de suelo de los ayuntamientos en el principal negocio de nuestro país, alcanzando la construcción el 12% de nuestro PIB, cuando nunca debería haber superado el 5%. La población activa se disparó hasta los 18 millones y la tasa de paro alcanzó su punto más bajo en el 8,5%, justo antes de estallar la crisis de 2007. Se superó la crisis coyuntural de 1992–1994 que había elevado la tasa de paro hasta el 23,9%, se atrajo emigración para compensar nuestra envejecida pirámide poblacional y se generaron ingresos atípicos (venta de viviendas y recalificación de suelo) para producir pequeños brotes verdes en nuestro raquítico Estado del Bienestar.
El coste de todo esto lo estamos ahora descubriendo, el situar debajo de nuestra alfombra política y social ese modo de hacer país heredado del franquismo y que la pátina de modernidad de los ochenta no consiguió quitarnos de encima: el amiguismo. En España el principal negocio era y es tener un amigo con influencia política para situar en nuestras manos los recursos del Estado. Las privatizaciones de empresas públicas están en manos de amigos de… (Alierta presidente de Telefónica llegó  desde Altadis, antigua tabacalera, durante el mandato de Aznar y, claro está, ahora es también refugio de Rodrigo Rato; Endesa estuvo en manos de Pizarro y Martín Villa; etc.). Las privatizaciones de servicios públicos están cayendo en manos de amigos de… (Caso Güemes, etc.). Todo el modelo de corrupción entre constructores y ayuntamientos se ha desarrollado entre amigos de… Y, por último, la financiación ilegal del partido en el gobierno que alcanza las dimensiones de un drama épico rajoniano: un hombre que mandaba sin decidir y enterarse de lo que pasaba a su alrededor y, enfrente, una mujer llena de un veneno liberal que mata a quien muerde y, tal vez, a ella misma por su ansias de poder. No es una película, si no sería divertido; es la realidad política española, un sainete de nuevos ricos y España cañí.
¿Cómo va a salir de la crisis un país cuyo modelo de negocio es capturar los recursos del Estado para beneficiar a una minoría? ¿Cómo va a evolucionar una sociedad que tiene en las relaciones subjetivas del amiguismo y compadreo el modelo básico para situar a sus individuos en la sociedad? ¿Cómo es posible que este modelo finalice si los corruptos no pagan por sus delitos y los corruptores ni siquiera aparecen en las noticias?
¿Todavía alguien cree que el modelo creado en este país en la Transición, tanto en lo político como en lo económico,  puede sobrevivir un minuto más sin un cambio revolucionario que devuelva a los ciudadanos la confianza en el sistema del que forman parte?