Este gobierno nos tiene
acostumbrados a que con cada nuevo decreto legislativo o ley orgánica nos
recuerdo un capítulo de Cuéntame. No
podía ser de otro modo con su reforma del sistema educativo. No estamos
diciendo que nuestro sistema educativo no necesite reformas, pero lo que es
seguro es que no son las que propone la LOMCE cuyas medidas hacen retroceder en
varias décadas al sistema educativo público, entre otras destacamos: hace
estructurales unos recortes que se presuponían coyunturales por el contexto de
la crisis económica; la educación deja de ser un bien
público y se somete a la competencia de los mercados; rompe el principio integrador de un currículo básico, común y obligatorio para
el conjunto de la red educativa (art. 6); establece una preselección del
alumnado entre buenos, regulares y malos a una edad tan temprana como sexto de
primaria (art. 21 y 28); propone un modelo de financiación segregador que
aumenta los recursos para aquellos centros que cuentan con alumnos que obtienen
mejores calificaciones, al tiempo que pretende marginar a los centros con
alumnado más heterogéneo o con problemáticas diversas, ya que éstos tendrán más
dificultades para alcanzar el rendimiento académico que exigirá la
Administración para tener una
financiación adecuada a las necesidades de estos centros (art. 122); y, no por
última, menos importante, se vacía de contenido el Consejo Escolar (Art. 127),
estableciendo una dirección directamente nombrada por la Administración y que
puede contratar a una parte del profesorado para cumplir su proyecto educativo.
El objetivo de todas las
medidas citadas anteriormente no es la mejora de la calidad educativa, sino
aumentar las desigualdades sociales y preservar, de este modo, los, cada vez más escasos recursos, para una
reducida élite económica y social; ya que la mejor garantía de una distribución
más justa y equitativa de éstos es una educación pública y de calidad, contra
la que atenta la LOMCE.
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