miércoles, 26 de septiembre de 2012

EL 25 DE SEPTIEMBRE




Lo que aquí se está planteando es un problema de representatividad, el primero en nuestra joven democracia que cuenta sólo con casi 35 años de edad. Lejos queda aquel 23 de febrero cuando la población, radio en mano, salía a la calle a arropar a los congresistas que eran secuestrados y, con ellos, nuestra democracia, por un bigotudo coronel de la Guardia Civil. Pero la crisis económica y su salida, que han generado la mayor desigualdad social de la democracia, hacen que esa imagen sea ya puro objeto de la Historia. La desafección de la población con la clase política sigue creciendo, al ritmo del incremento de la tasa de desempleo y de los recortes sobre nuestro, ya mal llamado, Estado del Bienestar. En España podía surgir una nueva categoría social: el Estado del Malestar.
Esto se ha producido por la respuesta a la crisis económica que ha generado nuestra clase política. Una respuesta neoliberal que ha obviado los aspectos sociales, aumentando de este modo las desigualdades de tal modo que están haciendo desaparecer a la clase media. Lo que algunos sociólogos han definido como latinoamericanización de la sociedad, es decir, una sociedad dividida por los extremos (la mayoría de población en un proceso de pauperización constante y una minoría con los ingresos más altos del mundo). Esta teoría se está confirmando a partir de los datos que han publicado recientemente instituciones como Cáritas y la Cruz Roja. La primera organización ha pasado de atender por sus servicios de acogida y asistencia a 370.000 personas en el año 2007 y ha superado el millón en 2011. La segunda, en su Informe Anual sobre Vulnerabilidad Social, afirma que el 58,6% de los hogares no llega a fin de mes y el 20,5% de la población (cerca de 10 millones de personas) se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
Esta situación y la frustración ante un futuro que no somos capaces de vislumbrar mejor que el presente, hacen que vivamos en este otoño un problema de representatividad democrática, como han puesto de manifiesto y, por sorpresa, la manifestación nacionalista de Cataluña y el movimiento de ocupación del Congreso del 25 de septiembre. Si estos dos movimientos presentan cierto déficit de legitimidad democrática, ya que la que Hobsbawm definiera como la democracia de los pies no tiene mayor representatividad que la conocida como mayoría silenciosa, es decir, los millones de ciudadanos que se quedan en sus casas, sí ponen de manifiesto que nuestro sistema político está perdiendo, a pasos agigantados, su credibilidad. La llegada al poder de nuevos partidos políticos se produce por el desgaste, casi instantáneo, del Gobierno, así como el aumento de la abstención o el voto en blanco y la contestación social en la calle. Por tanto, los parlamentarios, si quieren que la democracia española continúe bajo los parámetros de consenso y concordia que la sociedad se dio con la Constitución de 1978, deberían, de un modo inmediato, dar una respuesta a los graves problemas de una ciudadanía a la que se supone representan.
La ocupación del 25 de septiembre es una respuesta nihilista, no se vislumbra ninguna opción clara de gestión por parte de los ciudadanos que rodean el Congreso. Como en las revoluciones del siglo XIX y XX no hay un proyecto político detrás de ellos, tal vez porque la política a inicios del siglo XXI decidió sacrificar a los ciudadanos a los mercados. Pues bien, ésta es la respuesta ciudadana a su sacrificio, el rechazo tajante y absoluto a las élites políticas. Este divorcio, entre los representados y sus representantes, augura un negro futuro para nuestro país. Si la gestión del bien público está tan desacreditada, ¿quién se encargará de él?, ¿hacia dónde se dirigirán los mejores esfuerzos de nuestra sociedad?
Las élites económicas deberían tomar nota de lo que está pasando, aquellos que representan sus intereses (la clase política) ya no pueden sostener mucho más un sistema que les beneficia por completo. Por lo tanto, o se inicia un nuevo proyecto político que demuestre el esfuerzo compartido para salir de la crisis económica o, no les quepa la menor duda, el descontento social modificará vía populismo u otra alternativa peor el sistema de convivencia y de regulación política, y esto afectará incluso a aquellos que se consideran intocables (mercados, banqueros y grandes empresarios). Mal empezamos con un presidente que se encuentra ausente siempre que hay un problema en nuestro país. El pueblo en Neptuno y Rajoy en New York. No es una comedia romántica, sino una tragedia castiza.

sábado, 22 de septiembre de 2012

LA CRISIS ECONÓMICA NOS HA VUELTO LOCOS




En situaciones desesperadas los seres humanos y, por extensión, las sociedades pierden parte de su integridad personal. La situación de tensión permanente nos hace perder los nervios y, algo más peligroso, la capacidad de razonar con perspectiva. Esta última cualidad sólo puede darse en entornos seguros y propensos a la calma y la tranquilidad.
Por desgracia, España se ha situado en los últimos años bajo una tensión permanente, individual y colectiva, fruto de la crisis económica más larga de nuestra historia. Nuestros nervios se ven disparados por la prima de riesgo, los recortes sociales, unos índices de desempleos inaceptables y un decrecimiento del PIB que se sucede trimestre tras trimestre. Pero, no nos engañemos, lo peor es que en nuestro “universo mental”, aquel que hemos construido en el pasado no es capaz de vislumbrar una salida rápida y sin traumas de esta depresión “económica”. Como máximo ejemplo de este enclaustramiento mental que padecemos, al menos como sociedad, las decisiones que han tomado nuestras élites gobernantes en los últimos días:
1.      Si a algún consenso se había llegado en este país es que el responsable de nuestra mala situación económica era la burbuja inmobiliaria, por lo tanto, ¿cómo puede ser que el único proyecto de futuro que se nos plantea sea la construcción de Eurovegas? Un proyecto que sólo va a beneficiar a aquellos que tengan suelo que recalificar. ¿Alguien entiende que algo más perverso todavía que la burbuja inmobiliaria sea objeto de disputa? Es como si Cataluña y Madrid se peleasen por ubicar en su territorio las centrales de Chernobil y Fukushima, cuya reconstrucción también generaría empleo. Además, dicho proyecto nos ilustra sobre las aspiraciones que nuestras élites tienen respecto de nuestro futuro. El futuro creado, en el mejor de los casos, será para los camareros, crupiers y seguridad privada, eso sí, contratados a tiempo parcial, por 800 euros al mes y sin ningún derecho laboral. Éstos serán los afortunados, los perdedores se relacionarán con el dinero negro, la corrupción, el crimen organizado, la prostitución, los proxenetas y toda clase de patologías asociadas al juego. ¿Tan negro ven nuestro futuro que sitúan una cloaca del juego como nuestra mejor alternativa laboral?
2.      La otra locura está relacionada con el sempiterno, y cansino, problema español de su identidad. Esto ha generado que, ¡sorpresa!, en Cataluña ya no se hable de la crisis, aunque por desgracia ésta no se ha esfumado, sino que sus líderes han agitado la bandera del nacionalismo. ¿Cómo es posible que a estas alturas del guion una mayoría ciudadana se haya dejado engañar por tamaña y burda operación mediática de distracción pública? Ésta sí es una cortina de humo y no la película dirigida por Barry Levinson, película que, por cierto, tampoco recomiendo. Después de aplicar unos recortes en sanidad y educación más duros que los del gobierno central, después de pelearse por Madrid por el mismo proyecto de futuro, el ya comentado Eurovegas, después de fracasar, como Rajoy, en la defensa de sus mismas políticas liberales y de ataque al Estado del Bienestar, ahora nos dicen que son diferentes y que reclaman el instrumento decimonónico del Estado, como si eso le sirviese a Rajoy para relajar nuestra prima de riesgo. Se pide un estado–nación para resolver los problemas generados por un capitalismo financiero global que es capaz de vender a su familia por medio punto más de interés en sus inversiones. Eso sí, Artur Mas y Rajoy encantados de haberse conocido; tras la tensión de la escalera en el recibimiento de Moncloa seguro que fuera de las cámaras se reían de todos nosotros y planificaban cuándo y dónde sacar la bandera roja y amarilla, cada uno la suya, claro, para que no se hable del paro, la desigualdad en la distribución de la renta, el hundimiento de los servicios públicos, el empobrecimiento general de los asalariados y la clase media, etc. Esto ya no es importante si hay un sentimiento nacional enfrente. Mi única incertidumbre es que todavía no sé a qué sentimiento responde el juego que los medios de comunicación están dando ha esta teatralización nacionalista. En resumen, después de esta alocada semana sólo me queda decir: ¡Viva las Vegas! Y arriba lo que sea… 

domingo, 2 de septiembre de 2012

LA SINRAZÓN DE LA CRISIS: EL FIN DEL DERECHO SANITARIO


El 1 de septiembre, el gobierno del Partido Popular aplica, como siempre vía decreto, saltándose la legitimidad parlamentaria, una serie de medidas para cumplir con un imposible objetivo de déficit (en julio la Administración Central situó su déficit en el 4,65% cuando su objetivo era el 4,5% para todo el año). Entre estas medidas no voy a destacar la irracionalidad de la subida del IVA, que vuelve a cargar sobre el consumo interno (responsable de tres cuartas partes de nuestro PIB) y las rentas más desfavorecidas, dado que es un impuesto regresivo, los costes de la crisis. Lo voy a hacer sobre algo que me parece más grave, la pérdida de universalidad de nuestro sistema sanitario.

El Sistema Nacional de Salud en España se creó durante el franquismo, siguiendo el modelo alemán y francés de seguros laborales, es decir, la financiación y el derecho sanitario estaban vinculados a una nómina. Esto sólo tenía cierto sentido cuando los estados se hacían responsables del pleno empleo y éste nunca superaba el 5%, una realidad para toda Europa desde el final de la II Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo de 1973. Como desde la crisis del petróleo de los años 70 España adquiere un paro estructural que en épocas recesivas le lleva a superar el 20% (principios de los ochenta, crisis del 92 – 93 y la actualidad), el gobierno socialista de Felipe González desvinculó la financiación de nuestro sistema sanitario de los seguros laborales y universalizó esta prestación, incorporando al sistema al 17% de la población (becarios, jóvenes sin trabajo, trabajadores agrarios que no habían cotizado, indigentes, inmigrantes, etc.). Es decir, desde la Ley General de Sanidad de 1990, la sanidad en España se financia a través del IRPF y su acceso es universal, depende del derecho de ciudadanía y no de la condición laboral del individuo. Esta situación se ha mantenido hasta el 1 de septiembre de 2012 en que el gobierno de Rajoy mercantiliza el derecho sanitario para una parte de la población, los inmigrantes irregulares.

Desde cualquier punto de vista esto es una auténtica aberración que hace que el Gobierno de Rajoy firme una de las páginas más negras de nuestra historia. Esta decisión parece agravarse al constatar que sus objetivos no son económicos o de racionalización del sistema sanitario, sino que son puramente racistas, con el objetivo de airear un tema controvertido (una España asediada por los inmigrantes que cruzan el Estrecho) y recuperar parte de los votos perdidos por su mala gestión económica. El PP se defiende diciendo que afecta a un número reducido de personas, pero la exclusión del sistema sanitario no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, no por ser sólo 150.000 personas, según sus datos, es menos grave. La existencia de una sola persona a la que es negado el cuidado y la atención sanitaria en caso de enfermedad o accidente es una auténtica tragedia para el individuo y su entorno, así como una vergüenza para la sociedad que lo permite. Además, la reubicación de esas personas en el servicio de urgencias no racionaliza el gasto sanitario. En épocas pasadas se hacían campañas para que la gente no colapsara las urgencias con afecciones que podían ser tratadas por la Atención Primaria, ya que el tratamiento de urgencia con personal hospitalario haciendo horas extra es mucho más costoso. Tras décadas concienciando a la gente de lo importante que es no abusar del Servicio de Urgencias, la Administración reubica a 150.000 personas desde la Atención Primaria hacia éste, ¿qué objetivo persigue?, ¿colapsar otro servicio público que funcionaba razonablemente? Por lo tanto, la motivación de esta medida se acerca a la ingeniería social más perversa, aquella que se aplica en países que generan la exclusión sistemática (Israel, el Apartheid en Sudáfrica en el pasado, los estados fascistas y totalitarios en Entreguerras…). El gobierno del PP está jugando con la exclusión social, con la determinación de clases y categorías de ciudadanos, aquella minoría que está destinada a ser explotada en el mercado laboral (cuidadoras de ancianos y niños de la clase media y alta que no paga seguridad social o trabajadores del campo que son empleados temporalmente sin contrato y por unos salarios de subsistencia) y que no es receptora de ningún derecho. En momentos de crisis hay que generar una mayor plusvalía para recapitalizar a la banca y los empresarios, que diría un liberal. Pero además el PP está realizando la primera prueba para excluir a parte de la población de servicios esenciales, luego llegarán otros sectores sociales y otros derechos.

Esta medida se ha tomado el mismo día en que se aprobó la sociedad anónima que se va a hacer con los activos tóxicos de la banca española (suelo y viviendas), sociedad que tendrá quince años para acumular pérdidas por valor de 120.000 millones de dólares. Para esto si tenemos dinero, pero para asistir a un trabajador o a una persona con problemas sanitarios no tenemos recursos. Para asegurar el derecho sanitario sólo tenemos recortes y si éste ha dejado de ser universal, para todos independientemente de su condición, deja de ser un derecho y pasa a convertirse en un privilegio; por lo tanto, desde el 1 de septiembre yo pediría un minuto de silencio porque un derecho a muerto en nuestro país, el derecho a la sanidad universal y gratuita.