¿POR QUÉ ES NECESARIO EL ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO?

Una Huelga General es algo muy costoso para la clase trabajadora. Es un último recurso y siempre se ha empleado con responsabilidad por los trabajadores. Los trabajadores se significan en sus centros de trabajo y pierden un día salarial bruto de su sueldo; por otro lado, las centrales sindicales echan un pulso al gobierno y hacen una demostración de fuerza ante la sociedad; a este respecto tienen mucho más que perder de lo que pueden ganar, ya que de no tener un éxito rotundo los sindicatos volverán a mostrar su vulnerabilidad ante la sociedad. Estos no cuentan con el apoyo de los medios de comunicación de masas y en una sociedad mediática y mediatizada como la nuestra esto resulta imprescindible, sus defectos se engrandecen y sus virtudes se menoscaban.

De este modo, en estos días se les está atacando de un modo diría que incluso burdo.

Por parte del PP diciendo que los sindicatos han convocado antes de los 100 días de gobierno la huelga (claro, como si ellos hubieran tardado cien días en realizar la mayor agresión a los trabajadores de un gobierno desde la Transición). Todo el mundo es consciente de que si los sindicatos, pese a sus disminuidas fuerzas, no reaccionan, su legitimidad sería puesta en entredicho. Porque realmente esta reforma laboral sitúa en el lado del capital toda la responsabilidad de la contratación y el despido, un hecho este que decapita de un plumazo varias décadas de concertación social.

Por otro lado, los medios de comunicación se muestran contrarios a reconocer el papel de los sindicatos en la sociedad; no hemos de olvidar que son grupos empresariales y ya se sabe el refrán, es muy difícil morder la mano que te alimenta.

Pero al margen de estos presupuestos los diferentes artículos de esta reforma laboral son, todos y cada uno de ellos, causa objetiva de una huelga general:

1. Se suprime la autorización administrativa en caso de un despido colectivo, lo que conocemos como un ERE (Art. 51). La crisis actual es consecuencia directa de la falta de regulación sobre el sistema financiero y esa misma práctica nefasta se extiende ahora a las relaciones laborales. ¿Cómo es posible que la administración no tenga nada que decir? Máxime si tenemos en cuenta que se trata, en su mayoría, de grandes empresas que han recibido subvenciones públicas por su establecimiento y el mantenimiento de plantillas; o de despidos que afectan al pago que la Administración tiene que realizar en seguros de desempleo, así como, en muchos casos, recortes de plantilla que acaban en jubilaciones y prejubilaciones que paga el Estado.

2. Aplicación del despido colectivo y objetivo en el Sector Público (Disposición Adicional 20). Como en el caso de Irlanda, Gran Bretaña y Grecia se abre la espita al despido de funcionarios en caso de que la Administración encuentre insuficiencia financiera durante tres trimestres seguidos. Esto abre el camino hacia el desmantelamiento de los servicios públicos, y de la estabilidad administrativa que había encontrado nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es posible hablar de insuficiencia financiera en un servicio público cuando es el gobierno el que determina los flujos financieros? Si hubiera un sector público que se movilice demasiado o la crisis hiciera que los recursos se redujeran hasta tal punto que el empleo público se conviertiera en un bien extraordinario, el político de turno sólo tiene que reducir ingresos (suprimir algún impuesto) y generar déficit público durante tres trimestres consecutivos para luego colocar a sus “amigos”. Esto, además, iniciaría un proceso de inestabilidad administrativa que retrotraería el Estado a una incertidumbre decimonónica.

3. Reducción drástica de los derechos de los trabajadores en caso de despido procedente. Como sabemos se pasaría de un contrato fijo con una indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a otro de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades. Este sistema de contratación hace casi inviable que un trabajador que haya dedicado 28 años de su vida al crecimiento de una empresa obtenga una seguridad vital “razonable” si se ve envuelto en una reducción de plantilla a la edad de 50 años, ya que es poco probable que vuelva a encontrar un trabajo. Esto supone que antes obtendría, para un salario medio de 1.500 euros al mes, 63.000 euros, que junto con los dos años de paro le permitiría sobrevivir hasta la jubilación e, incluso, tener un colchón financiero suficiente para aventurarse en la construcción de una PYME. Sin embargo, el nuevo decreto le está “robando” su futuro y, en términos contables, 27.000 euros, para quedarse en tan sólo 36.000 euros, una persona que ha dedicado toda su vida a una empresa y al enriquecimiento de otros. El abaratamiento del despido en un 40% supondrá facilitar el despido de los trabajadores que más años llevan en la empresas, que más difícil tienen su ubicación en el mercado de trabajo, a largo plazo supondrá para la empresa la pérdida de experiencia, productividad y capital humano y, al final, para el Estado un problema social de difícil solución.

4. Se vuelve a hacer más vulnerables a los trabajadores que inician su andadura en el mercado laboral. Si la anterior medida perjudica, sobre todo, a los trabajadores cercanos a la salida del mercado laboral, la medida que establece que una empresa de menos de 50 trabajadores puede hacer contratos de aprendizaje (Art. 14), es decir, con menos derechos laborales y salariales, durante un año, incide directamente sobre los derechos de los trabajadores que se han incorporado recientemente al mercado laboral. ¿Cómo una persona puede estar en una empresa a prueba durante un año, si no es para aprovecharse de su rendimiento a un menor coste? Además esto no asegura que lo contraten después de finalizar el año de prueba, sino que contratarán a otro joven aprendiz al que exprimir.

5. Se borra de un plumazo 90 años de concertación social en España. En los art. 82 a 91 se permiten el descuelgue de la empresa de los convenios colectivos sectoriales en materia salarial y cualquier otra causa que afecte a las condiciones de trabajo. Se está negando la capacidad de negociación que tienen los representantes de los trabajadores y sitúan ésta directamente entre patrono y obrero. No es difícil explicar que ésta no es una condición entre iguales, que sitúa al trabajador en una condición cercana a la servidumbre. Sólo baste recordar que el sindicalismo de los años 30, de Largo Caballero y la CNT centró su lucha en hacer de los sindicatos la parte negociadora de los trabajadores con los empresarios. Es en ésta época, cerca de 100 años atrás, donde nos sitúa esta reforma laboral.

6. Descausalización en la movilidad geográfica (art. 40). La empresa no necesita ninguna motivación para establecer la movilidad geográfica de sus empleados, esto cosifica al trabajador. En la época romana a los esclavos se les llamaba instrumentum vocalis, es decir, herramienta que habla. Aquí, por tanto, la reforma laboral sitúa al trabajador en condiciones cercanas a la esclavitud y no exagero, ya que el trabajador no tiene el derecho a exigir una “razón” justa a la hora de elegir entre el sustento de su familia y ésta. ¿Cómo es posible que se le puede negar una razón a alguien que va a tener que abandonar su familia, círculos sociales, vida, etc.?

Sólo estas seis causas serían suficientes para justificar una revolución social, de momento espero que los 17 millones de trabajadores que hay en este país, las tengan en cuenta para salir en defensa de sus derechos. Un trabajador orgulloso de su labor y función dentro de la sociedad no puede ver, sin hacer nada, como vejan de este modo la dignidad de su trabajo.

LA POLÍTICA DEL DISFRAZ

El político que acabó con la Guerra de Argelia fue Charles de Gaulle, este es el ejemplo histórico que siempre se cita para demostrar cómo en nuestras sociedades el político que más legitimidad tiene para actuar es aquel que en la oposición se muestra más frontalmente en contra de una situación dada. De Gaulle era un general, el líder de la resistencia francesa en Argelia durante la II Guerra Mundial, y su legitimidad era tal, que la actual derecha francesa todavía se articula en torno a su figura, en Francia derecha democrática y gaullismo son la misma cosa. Pues bien, fue él el que con mayor firmeza encarnaba los valores de la grandeza francesa, el que firmó la paz con la guerrilla argelina y favoreció la independencia de ésta en 1958.

Esto se produce por el miedo secular de las sociedades divididas políticamente a que sean engañadas por el contrario. Y esto es algo que se ha dado invariablemente en todas las sociedades y, por supuesto, también en la nuestra. El ejemplo más claro, diría incluso clásico, de nuestra democracia, es la política antiterrorista. El PP y PSOE en todas sus legislaturas, cuando han gobernado, han abierto negociaciones políticas para resolver este problema; felizmente la actuación de los dos partidos ha tenido un excelente resultado para nuestra democracia, la derrota mediante la legalidad democrática de un grupo que utilizaba la extorsión que genera la violencia para conseguir sus fines políticos. Pues bien, aún a pesar de producirse su derrota durante la última legislatura del PSOE, éste nunca pudo decir que el problema de ETA tenía un “final político”. La sociedad española considera menos “patriota” a la izquierda y, por lo tanto, cualquier relación fuera de lo estrictamente policial con el nacionalismo independentista es visto por ciertos sectores de la derecha española como algo parecido al colaboracionismo. Sin embargo, cuando el PP gobierna, el ministro del interior tiene la seguridad de poder decir que el final de ETA es político y que se está replanteando la estrategia del acercamiento de presos.

En resumen, el PSOE se tiene que ganar la confianza de los “patriotas” respecto a su relación con ETA y el PP tiene “patente de corso” para hacer o decir lo que quiera en gobierno o en oposición. Por dos razones, la primera es la creencia de que el PP es de los nuestros y no nos va a engañar y la segunda es que al considerar esto, el PSOE, como una política razonable y de Estado no la va a utilizar en contra del partido que gobierna.

Lo mismo se puede decir de la economía. El PSOE, al ser considerado defensor de los derechos sociales, del Estado y la burocracia y, a veces incluso, de ir en contra de la iniciativa empresarial, tenía que tener mucho cuidado a la hora de defender políticas keynesianas de expansión del gasto público. Zapatero, Rubalcaba o cualquier otro líder o simpatizante del PSOE tenía ciertas dificultades para una defensa pública de las políticas keynesianas en esta recesión. Estas políticas no son sólo necesarias para no perder determinados derechos sociales, sino también porque así estás condenando las posibilidades de una recuperación económica en el futuro. En cuanto Rajoy gana las elecciones la presión mediática de la derecha sobre el déficit se reduce, las relaciones con Merkel y los mercados son más fluidas (es uno de los nuestros) y es el primer presidente de un país europeo que abiertamente justifica una reducción más lenta del déficit público que el exigido por la troika europea, algo que a los socialistas les estaba vetado incluso en su pensamiento. Como en la política antiterrorista a este cambio del escenario en las políticas económicas también contribuye una oposición que está de acuerdo, también a nivel teórico, con una reducción más moderada del déficit público. Por lo tanto, el PSOE está condenado a situarse en un segundo plano a la hora de criticar el cambio en la política económica del PP, poniéndose, en este caso, el disfraz de la oposición responsable y constructiva. Este análisis también es válido respecto a la reciente subida de impuestos, cuando el PP en la oposición defendían el mantra de que sólo su reducción conduciría al crecimiento económico; la limitación del sueldo a los banqueros que han recibido una subvención pública, es decir, la intervención pública en la libertad de empresa y así, … un largo etcétera.

Pero al cambio en la política de un país no contribuye un único factor, también hay que tener en cuenta un gobierno que goza de mayoría absoluta y tiene las manos libres para implementar reformas “reales” o “ficticias” que den sensación de estar al frente de algo y, cómo no, un PSOE que, en el fondo, creo que había empatizado demasiado con aquellos que en el pasado eran sus rivales políticos, si no que se lo pregunten a Alfredo Sanz.

LA TEORÍA DEL VOTANTE ADICTO

En el fondo, la política no es sino la expresión de la estructura de pensamiento dominante. En palabras de Marx sería la superestructura, que es fiel reflejo del poder económico. Por eso en épocas de crisis como la actual, cuando se resquebraja el soporte que la sostiene, ésta se tambalea ante nosotros sin dirigirnos con firmeza hacia una nueva estación.

Tal vez no pueda ser de otro modo. ¿Qué sistema es capaz de sostener una dirección contraria a la mayoría? ¿Puede en una democracia una minoría ser elegida por una mayoría? Para no cargar las tintas sobre el modelo, sino sobre el sistema, me haría también la siguiente pregunta ¿Puede una dictadura ser financiada con recursos militares y financieros minoritarios? Creo que la respuesta se hace evidente. De ahí que la desorientación del sistema político ante la crisis económica sea la misma desorientación que vive la mayoría social que en su día impulsó un proyecto político de “éxito”.

En la Tierra todo el mundo tiene claro que la crisis económica es fruto de una globalización desregularizada y de los excesos de un liberalismo que ha sido aplicado con éxito durante décadas y que ha aumentando las desigualdades sociales y horadado el poder de los estados. A la altura del año 2012, tras tres décadas de políticas neoliberales, todavía algunos se atreven a relatar que el problema son el Estado, los funcionarios, sindicatos, trabajadores perezosos, etc. Como si estos elementos sociales hubieran podido frenar las ambiciones económicas de los mal llamados “emprendedores” o “ingenieros” financieros. Señores, no estamos en el año 1973 con un mundo dominado por el comunismo, la socialdemocracia y los sindicatos de clase; ¡qué más quisiéramos! Ya no se puede seguir echando la culpa de la resaca a unos comensales que ya no están en la mesa.

Pero no voy a profundizar en un relato que es “hijo de la razón Ilustrada”, trufado de categorías universales. Una Ilustración suicidada por esa Postmodernidad financiada por los liberales, aquellos que no querían vivir bajo un relato colectivo, sino disfrutar de sus hazañas individuales. Por tanto, a la sociedad sólo le queda un discurso presentista y atomizado que en épocas de crisis se presenta bajo las etiquetas del “miedo” y el “sálvese quien pueda”. Por tanto, la crítica se dirigirá hacia los sectores más débiles de la sociedad, aunque sean los menos responsables de la crisis, para ver si todavía podemos beneficiarnos del mismo perro famélico y lleno de pulgas que ya ha sido explotado durante décadas, pero que todavía vive, aunque sólo sea su recuerdo. El miedo a perder lo poco que nos queda o la imposibilidad de imaginarnos un futuro colectivo mejor nos hace postrarnos ante el poder vigente, aunque sepamos que éste es el responsable de nuestra situación y que continuará en su descenso decadente arrastrando todo a su paso (empleo, sanidad, educación, futuro…), porque si en el descenso nos situamos encima de otros, tal vez, estaremos un poco más cómodos.

Todo esto es una explicación suficiente para entender cómo los políticos y partidos que mantienen el modelo que nos sitúa en la crisis han triunfado y cómo a pesar de tomar medidas que nos empobrecen (reforma laboral) los seguimos apoyando. Aun así, creo que hay otra explicación más profunda y psicológica, la teoría conceptualizada como el “votante adicto”. Éste tiene miedo a salir de la decadente vida en que se ha convertido su entorno, desoye las llamadas de ayuda del exterior y considera que son enemigos todos aquellos que critican la situación en la que viven, es decir, los analistas objetivos se convierten en conspiradores. A esta situación se añaden las consecuencias de la convivencia con estas políticas durante largos periodos de tiempo, lo que comúnmente se denomina el “mono”. Los heroinómanos coinciden en que siguen drogándose porque buscaban experimentar la sensación irrepetible del primer chute, pues bien, eso creo que hace la sociedad española en crisis, intentar volver a experimentar el chute de la construcción de 1996. A pesar de que el culpable de la crisis económica en España ha sido la sobredimensión del sector de la construcción, llamamos al poder a aquellos que la provocaron por ver si vuelve al experiencia de 1996, millones de puestos de trabajo sin cualificación y bien remunerados.

A ello también se suma la política del miedo que imposibilita a uno imaginarse un mundo diferente, algo que siempre conviene a los que detentan un poder cuestionado, pero eso es un tema para otro artículo. De momento, sólo espero que algún día toquemos fondo y busquemos un despertar sin todo aquello que nos ha condenado a una vida en la oscuridad (crédito fácil, neoliberalismo económico, construcción, corrupción, etc.).