domingo, 2 de septiembre de 2012

LA SINRAZÓN DE LA CRISIS: EL FIN DEL DERECHO SANITARIO


El 1 de septiembre, el gobierno del Partido Popular aplica, como siempre vía decreto, saltándose la legitimidad parlamentaria, una serie de medidas para cumplir con un imposible objetivo de déficit (en julio la Administración Central situó su déficit en el 4,65% cuando su objetivo era el 4,5% para todo el año). Entre estas medidas no voy a destacar la irracionalidad de la subida del IVA, que vuelve a cargar sobre el consumo interno (responsable de tres cuartas partes de nuestro PIB) y las rentas más desfavorecidas, dado que es un impuesto regresivo, los costes de la crisis. Lo voy a hacer sobre algo que me parece más grave, la pérdida de universalidad de nuestro sistema sanitario.

El Sistema Nacional de Salud en España se creó durante el franquismo, siguiendo el modelo alemán y francés de seguros laborales, es decir, la financiación y el derecho sanitario estaban vinculados a una nómina. Esto sólo tenía cierto sentido cuando los estados se hacían responsables del pleno empleo y éste nunca superaba el 5%, una realidad para toda Europa desde el final de la II Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo de 1973. Como desde la crisis del petróleo de los años 70 España adquiere un paro estructural que en épocas recesivas le lleva a superar el 20% (principios de los ochenta, crisis del 92 – 93 y la actualidad), el gobierno socialista de Felipe González desvinculó la financiación de nuestro sistema sanitario de los seguros laborales y universalizó esta prestación, incorporando al sistema al 17% de la población (becarios, jóvenes sin trabajo, trabajadores agrarios que no habían cotizado, indigentes, inmigrantes, etc.). Es decir, desde la Ley General de Sanidad de 1990, la sanidad en España se financia a través del IRPF y su acceso es universal, depende del derecho de ciudadanía y no de la condición laboral del individuo. Esta situación se ha mantenido hasta el 1 de septiembre de 2012 en que el gobierno de Rajoy mercantiliza el derecho sanitario para una parte de la población, los inmigrantes irregulares.

Desde cualquier punto de vista esto es una auténtica aberración que hace que el Gobierno de Rajoy firme una de las páginas más negras de nuestra historia. Esta decisión parece agravarse al constatar que sus objetivos no son económicos o de racionalización del sistema sanitario, sino que son puramente racistas, con el objetivo de airear un tema controvertido (una España asediada por los inmigrantes que cruzan el Estrecho) y recuperar parte de los votos perdidos por su mala gestión económica. El PP se defiende diciendo que afecta a un número reducido de personas, pero la exclusión del sistema sanitario no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, no por ser sólo 150.000 personas, según sus datos, es menos grave. La existencia de una sola persona a la que es negado el cuidado y la atención sanitaria en caso de enfermedad o accidente es una auténtica tragedia para el individuo y su entorno, así como una vergüenza para la sociedad que lo permite. Además, la reubicación de esas personas en el servicio de urgencias no racionaliza el gasto sanitario. En épocas pasadas se hacían campañas para que la gente no colapsara las urgencias con afecciones que podían ser tratadas por la Atención Primaria, ya que el tratamiento de urgencia con personal hospitalario haciendo horas extra es mucho más costoso. Tras décadas concienciando a la gente de lo importante que es no abusar del Servicio de Urgencias, la Administración reubica a 150.000 personas desde la Atención Primaria hacia éste, ¿qué objetivo persigue?, ¿colapsar otro servicio público que funcionaba razonablemente? Por lo tanto, la motivación de esta medida se acerca a la ingeniería social más perversa, aquella que se aplica en países que generan la exclusión sistemática (Israel, el Apartheid en Sudáfrica en el pasado, los estados fascistas y totalitarios en Entreguerras…). El gobierno del PP está jugando con la exclusión social, con la determinación de clases y categorías de ciudadanos, aquella minoría que está destinada a ser explotada en el mercado laboral (cuidadoras de ancianos y niños de la clase media y alta que no paga seguridad social o trabajadores del campo que son empleados temporalmente sin contrato y por unos salarios de subsistencia) y que no es receptora de ningún derecho. En momentos de crisis hay que generar una mayor plusvalía para recapitalizar a la banca y los empresarios, que diría un liberal. Pero además el PP está realizando la primera prueba para excluir a parte de la población de servicios esenciales, luego llegarán otros sectores sociales y otros derechos.

Esta medida se ha tomado el mismo día en que se aprobó la sociedad anónima que se va a hacer con los activos tóxicos de la banca española (suelo y viviendas), sociedad que tendrá quince años para acumular pérdidas por valor de 120.000 millones de dólares. Para esto si tenemos dinero, pero para asistir a un trabajador o a una persona con problemas sanitarios no tenemos recursos. Para asegurar el derecho sanitario sólo tenemos recortes y si éste ha dejado de ser universal, para todos independientemente de su condición, deja de ser un derecho y pasa a convertirse en un privilegio; por lo tanto, desde el 1 de septiembre yo pediría un minuto de silencio porque un derecho a muerto en nuestro país, el derecho a la sanidad universal y gratuita.

3 comentarios:

  1. Resulta grotesco lo poco que le tiembla la mano, a los gobiernos, a la hora de hacer recortes sociales y anular derechos universales. No se si vivo en un mundo paralelo o si estoy a años luz de estas políticas y de aquellos que con sus votos las avalan, pero no entiendo a donde nos quieren conducir porq es evidente q lo del bien común, es una escusa insultante.

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  2. Buen análisis, como siempre.
    Y como siempre, coincido plenamente con él.

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  3. Yo me pregunto si estas medidas tan duras realmente suponen un beneficio económico lo suficientemente tangible como para llevarlas a cabo. Precisamente los derechos de los grupos más vulnerables son los que deberían tenerse más en cuenta a la hora de establecer recortes, y no al contrario. Y sí, es posible que haya una lectura populista e ideológica de la medida. Muchos votantes del PP están de acuerdo con esta medida, al menos por lo que yo conozco...

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