LA HUELGA GENERAL Y LA CRISIS

En España es una costumbre bastante arraigada el entender que la salida de la crisis viene acompañada de una reforma laboral. Desde que vivimos en democracia seis han sido las convocatorias de huelga general y, la mayoría, han estado relacionadas con reformas del mercado laboral que flexibilizaron y abarataron el despido.

Estas medidas han ido identificando en la sociedad española, desde sus elites al conjunto de la ciudadanía, la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que ayude a recapitalizar las empresas como la mejor salida para la crisis, cuando en realidad lo único que hacen estas reformas laborales es redistribuir los costes de la crisis. Éstas poco tienen que ver con los procesos de recuperación económica.

Las dos primeras huelgas de la democracia (5 de abril de 1978 y 20 de junio de 1985) nada tienen que ver con reformas laborales. La de 1978 fue un paro "simbólico" coordinado por diferentes centrales sindicales europeas cuando la crisis del 73 estaba liquidando una de las políticas fundamentales de Posguerra, el pleno empleo. En aquellos años el desempleo había alcanzado al 5% de la población activa y los sindicatos consideraban que ésta era una cota intolerable. Hoy la tasa de paro se aproxima al 20% y la política del pleno empleo ya no forma parte de la agenda de los gobiernos europeos.

El 20 de junio de 1985 la central sindical de CC.OO., esta vez en solitario, convocó una huelga general contra el primer gobierno socialista. En este caso el punto de fricción con el gobierno fue la reforma del sistema de pensiones. CC.OO. se rebeló contra una reforma que suponía elevar el cálculo de las pensiones desde los dos últimos años hasta los quince actuales. Esto fue considerado una rebaja de los derechos de los trabajadores, ya que la mayoría de éstos disfruta de los mejores contratos en sus últimos años de vida laboral. Desde 1985 se han producido otras reformas en el ámbito de las pensiones, como la de 1987 que introduce el sistema complementario privado y la pactada de 1997 en que se separa formalmente la tesorería general de la Seguridad Social de la del Estado, aunque esta reforma se completará en 2012. Hoy se está discutiendo extender la edad de jubilación hasta los 67 años.

La tercera y, tal vez, más importante huelga de la democracia fue la del 14 de diciembre de 1988. Ésta fue una fecha histórica en nuestra reciente democracia. Sus consecuencias fueron más allá del propio motivo de su convocatoria. Supuso la ruptura histórica de la llamada "familia socialista" que estaba formada por la UGT y el PSOE. Desde entonces el partido dejó de ser una correa de transmisión en el parlamento del sindicato y la doble militancia dejó de ser obligatoria. Se rompía un siglo de lucha obrera de un modo traumático, ya que la mayoría de los militantes tuvieron que elegir entre dos fidelidades que hasta entonces habían ido de la mano. Frente a esto se dio una consecuencia positiva, la construcción de nuestro escaso estado del bienestar. El primer gobierno socialista con Boyer al frente de economía quedó definido por la frase de "primero crecer y luego repartir", con él llegó la reconversión industrial. Fue esta huelga general la que llevó al gobierno socialista a dar un giro social a sus políticas e implementar la universalidad de la sanidad, pensiones y educación, mediante leyes generales que se aprobaron todas ellas en 1990. La tercera consecuencia, esta en el plano político, estuvo relacionada con la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE en las elecciones de 1989, aunque un diputado de la actual Coalición Canaria permitió que éste gobernase como si tuviese mayoría absoluta. Aun así el PSOE dejó de ser considerado el "partido natural" del país y de aplicar la famosa política del "rodillo".

En un plano más coyuntural el Plan de Empleo Juvenil que provocó dicha huelga introdujo los contratos de empleo temporal en los jóvenes. En la actualidad al problema del alto desempleo juvenil se suma el problema de la precariedad en la contratación. Pero lo más estridente se produce cuando veintidós años después nos encontramos con una tasa de paro juvenil que es el doble y, además, con el problema de la precariedad en el empleo que alcanza ya al 33% del conjunto de las contrataciones. Además la única solución que se le ocurre a nuestra clase política es seguir precarizando el empleo, lo que, como se ha visto a lo largo de veinte años, no reduce el desempleo estructural que arrastra la economía española.

La cuarta huelga se produce el 29 de mayo de 1992. Esta huelga tuvo un alcance más limitado que la anterior y marcó el inicio del declive del movimiento sindical en España. Las causas de la huelga estaban relacionadas con el coste económico que había supuesto el giro social del gobierno, al que fue obligado por la presión sindical en la anterior huelga. Una de estas medidas sociales fue extender la cobertura del desempleo a un mayor número de parados que multiplicó por dos el gasto en desempleo (se pasó de 810.000 millones de pesetas a 1,6 billones al año). Esta situación se pudo mantener hasta la crisis de 1992 – 1994, en la que la tasa de paro volvió a crecer hasta superar el 20% de la población activa y el ministro de economía Carlos Solchaga, ya bajo los criterios de convergencia de Maastricht, optó por reducir la cuantía del subsidio por desempleo y su cobertura, a lo que lógicamente se opusieron los sindicatos.

Esta huelga, aunque ha sido considerada de menor importancia que la anterior, supuso un verdadero canto de cisne en la historia de la democracia española. Supuso el fin de Solchaga como ministro de economía, un ministro que representaba con Boyer a los "yuppis" de los ochenta encaramados a unos gobiernos socialistas que habían favorecido el enriquecimiento fácil de ciertos sectores sociales. También supuso el fin de la pujanza que el movimiento sindical había alcanzando con la huelga del 14 de diciembre de 1988; desde entonces éstos han dejado de influir en las políticas económicas de los gobiernos. Por último, también abrió la puerta al cuestionamiento de las políticas socialdemócratas en España, aquellas que confían en el Estado para redistribuir la riqueza y generalizar cierto bienestar colectivo al conjunto de la ciudadanía del país. Podemos concluir que éstas sólo tuvieron una corta implementación en nuestro país, desde 1989 hasta 1992; en estos tres años se construyeron las bases del Estado del Bienestar en España, mientras que en el resto de Occidente su construcción y perfeccionamiento se produjo durante las tres largas décadas de Posguerra.

La quinta huelga general de la democracia se produce el 27 de enero de 1994. Ésta ya fue una huelga menor o propia de un tiempo donde los sindicatos empiezan a perder poder dentro del espacio público de las democracias occidentales. Esta huelga fue muy similar a la actual, la tasa de paro había alcanzado el 23% de la población activa, el porcentaje más alto de nuestra historia, por tanto, el descontento era evidente. En los años anteriores se habían aumentado las prestaciones por desempleo, pero esto disparó el déficit público, como ahora, hasta niveles insostenibles, cercanos al 6%. La situación era límite y los agentes sociales no llegaban a un acuerdo, así que el Gobierno decidió llevar a cabo una reforma laboral en solitario que facilitó el despido (por primera vez se introduce la causa económica como un motivo justificado de despido), se rompió el monopolio del INEM en la colocación y se creron las famosas agencias de colocación o empresas de trabajo temporal, se elevó la edad a la que un trabajador se podía acoger a un contrato de formación (desde los 20 a los 25 años), permitiendo que recibiera un salario por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y disminuyó la protección a los contratos a tiempo parcial.

En este caso la huelga fue un fracaso, no paró una reforma innecesaria que creó, a largo plazo, la dualidad laboral en España al fomentar la contratación temporal y que hoy es un problema ya que supone un tercio del total de contrataciones y, como hemos visto, no soluciona el problema del paro. Lo único que consiguió fue debilitar un gobierno socialista que estaba ya en el final de su recorrido, demasiado acosado por los casos de corrupción (Filesa, GAL, etc.) y que hacía previsible un futuro gobierno del PP de Aznar que, eso sí, en minoría, buscó su legitimidad en un consenso social que los últimos gobiernos del PSOE habían rechazado y consiguió una reforma laboral pactada en 1997.

La última huelga general en España fue el 21 de junio de 2002 y, como casi siempre, triunfó en los transportes, construcción e industria. La causa fue, como la anterior, una reforma laboral no pactada con los agentes sociales. En este caso se debió a que el PP se encontraba bajo los duros efectos de la mayoría absoluta y mostraba un rostro de prepotencia, llevando a cabo una reforma laboral innecesaria, ya que España seguía creciendo pese a la crisis bursátil de las puntocom. Como en los casos anteriores el objetivo era conseguir un poco más de renta del trabajo y cedérsela en tributo al capital. Desde la Transición los trabajadores han pasado del 51% de la masa salarial total del país al 44% actual y... seguimos bajando. En este caso el conflicto fundamental fue la supresión del salario de tramitación, es decir, el salario que se percibe entre el momento en que se despide a un trabajador de un modo improcedente y el momento en que un tribunal de justicia dicta sentencia a su favor. En un segundo plano también se reformó el subsidio agrario y la renta activa de inserción. A partir de la huelga el PP inició un camino hacia la pérdida del poder que empezó con la huelga general y continuó con el derrame de petróleo del Prestige y su mala gestión de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Hoy los sindicatos nos vuelven a convocar a una huelga general el 29 de septiembre de 2010 y yo estoy de acuerdo con ellos. Creo que debemos movilizarnos en la defensa de nuestros derechos porque no es justo:

1. Que se abarate el despido en los nuevos contratos fijos de 45 días a 33 días.

2. Que se considere una causa objetiva de despido el tener una menor previsión de beneficios.

3. Que se nacionalicen las pérdidas de los bancos y se privaticen los beneficios.

4. Que gobiernen los mercados y lo que los ciudadanos establecen con su papeleta en la urna no cuente nada.

5. Que tengamos un problema de dualidad en el mercado laboral y se opte como solución por precarizar el conjunto del mercado de trabajo.

Sólo dos reflexiones más:

1. Los economistas están considerando que los trabajadores son responsables de las pérdidas de una empresa por su baja productividad, por tanto, tienen que pagar las pérdidas. Si eso es correcto entonces también serían responsables de los beneficios y, entonces, ¿por qué no se les retribuye de la misma forma que a un ejectuvo con stock options o pluses por los beneficios obtenidos?

2. En los siguientes meses está en juego la reforma de las pensiones, si perdemos esta lucha está en riesgo una modificación del sistema de pensiones que vuelva a erosionar los intereses de la clase trabajadora.