RESPONSABILIDAD ANTE LA CRISIS

Desde la Transición han cambiando muchas cosas en este país, la mayoría han ido a mejor. No así nuestra clase política. Tampoco hay que extrañase por ello, las circunstancias de una nación son las que moldean a sus dirigentes. Y, aunque esto no sea popular, también es real que los dirigentes políticos de una nación suelen ser una representación bastante fiable de ésta, al fin y al cabo los votamos cada cuatro años.

Durante el período de Transición democrática se estaba construyendo la nación, a partir de un Estado modelado durante 39 años por una cruel dictadura que nos había alejado de un proyecto europeo que significa modernización y derechos, un proyecto que ya se nos había resistido insistentemente durante toda nuestra historia contemporánea. El fracaso absoluto de las élites, impuestas por medio de las armas, a la hora de gestionar la economía, llevó al Estado al borde del colapso financiero. Esto hizo que éstas abandonaran la dirección de la economía en manos de expertos tecnócratas. Curiosamente el inspirador del Plan fue el economista Joan Sardá, un catalanista que había sido condenado al exilio por participar de la Generalitat durante la Guerra Civil.

El Plan de Estabilización de 1959 liberalizó la economía y sentó las bases de una modernización económica y social sobre la se desarrollaría, veinte años después, la modernización política del país. Eso sí, sobre la expulsión de 3,5 millones de emigrantes que tuvieron que emigrar a Europa, algo que no ha sido suficientemente valorado en nuestra historia.

El siguiente paso fue la modernización política del país y hacia ella confluyeron parte de las élites políticas del franquismo, presionadas por Europa y Estados Unidos, y toda la izquierda y partidos nacionalistas. El acuerdo que fructificó en la Constitución de 1978 se hizo sobre la renuncia, en beneficio del consenso y el bien común. Las élites franquistas aceptaron compartir el poder, restaurar la democracia, aceptar al Partido Comunista dentro del juego político y dar espacio en la Constitución a los nacionalistas y los derechos sociales. La izquierda también cedió al aceptar la Monarquía, el mantenimiento de la legalidad franquista en el proceso de Transición, la ley de punto final sobre los crímenes de la dictadura y la "rehabilitación democrática" de aquellos que fueron sus ejecutores, el mantener en una situación de privilegio a la iglesia católica y renunciar a parte de su programa socioeconómico.

En este proceso de tensión política también se vivió una gran crisis económica que se inició en 1973 y duró una década. España vivió esta crisis desde 1975 hasta 1985. De nuevo fue un pacto el medio para salir de ésta, los llamados Pactos de La Moncloa de 1977 en los que la izquierda cedió en la contención salarial y la derecha en el establecimiento del IRPF, impuestos a los que más tienen y la mejora de los servicios sociales.

Qué queda de todo esto, sólo el recuerdo y alguna página en los libros de historia. El espectáculo que dio la clase política en el debate sobre el "decretazo" fue patética. El único que tuvo un discurso duro, pero serio, fue Durán i Lleida, qué casualidad, el único político activo de la Transición. Su intervención fue dura, criticando la actuación del Gobierno y Zapatero en la crisis, pero también responsable; a pesar de su oposición CiU se abstuvo por el bien del país. En el otro extremo se situó Rajoy negando el apoyo a Zapatero, en unas medidas que él mismo implementaba como ministro en épocas menos graves que las actuales. El PP se ha negado a actuar, en todo momento, como una alternativa creíble de Gobierno. En las elecciones británicas ganó la derecha de Cameron, mostrándose desde la oposición como si ya fuera el primer ministro. Rajoy opta por la posición contraria, mostrarse como un partido antisistema: utilizó el terrorismo, negó el pacto sobre la educación y ahora quiere dejar que el Gobierno se cueza en la salsa de la crisis económica... En resumen, esta es nuestra triste situación política: un Gobierno superado por las circunstancias y una oposición cuyo único interés es el puro ejercicio del poder sin importarle el futuro del país.