
Uno de los debates que más interés me ha despertado en los últimos días ha sido el de las: "competencias". Qué bonito enganche conceptual, cómo alguien, supuestamente racional, no se va a seducir por la enésima reforma "verbal" del sistema. Qué atractivo es consideraronos hacedores de individuos competentes para el mundo que vivimos.
Pero en toda reforma educativa hay que analizar qué es lo que pretende la administración hacer con esto. En primer lugar, reducir la estadística de fracaso escolar. En España el alumnado que cursa la ESO y no titula ya ha alcanzado el 34%, pero deberíamos desglosar una estadística bruta que dice muy poco. Tendríamos que preguntarnos por qué en el País Vasco, con la misma ley educativa sólo llega al 14%, en Castilla y León se sitúa en el 26% y en la Comunidad Valenciana o Madrid ronda el 40%. Esta variabilidad regional de los datos educativos también se reproduce en el Informe Bolonia, donde Castilla y León, País Vasco y Navarra tienen unos índices en comprensión lectora muy por encima de la media nacional y cercana al oasis educativo que consideramos que es Finlandia.
Un viejo profesor de economía del Doctorado me contó que en España, a partir de una mala traducción del griego, cometemos el error de aseverar como una verdad indómita la frase: "la excepción confirma la regla", cuando en realidad la traducción correcta sería: "la excepción elimina la regla". Es decir, el fracaso educativo no puede estar asociado a la ley de educación cuando ésta es funcional en muchas de nuestras comunidades autónomas. Como el análisis complejo y serio de la realidad está alejado de las exigencias del discurso político. Éste pretende sustituir la reflexión por un efecto mediático:"ilusionar", de nuevo, a la sociedad con una nueva definición, con la que pretenden borrar de los titulares de la prensa y la televisión nuestro manoseado fracaso escolar.
Esto no quiere decir que las "competencia" no sean una valioso instrumento educativo, como en su día fueron muchas reformas de la LOGSE, que nadie se atreve a defender, pero que nadie se atravería a cuestionar en nuestro actual paisaje educativo (escolarización obligatoria hasta los 16 años, igualdad de oportunidades a los alumnos con discapacidad, nueva metodología más acorde con la realidad del presente, etc.) El problema es que como los políticos que implementan dicha ley tiene unos objetivos que nada tienen que ver con ella, puede que se convierta en un instrumento inservible. Dependerá, una vez más, de la "voluntad" de los centros educativos y el profesorado. Su implementación se hará, de nuevo, sin medios, sin unas directrices claras, sin una formación contundente, etc.
Creo que, de nuevo, todos aprenderemos de este duro proceso. Nos quejaremos de la burocracia (yo el primero), nos romperemos la cabeza pensando qué es lo que la administración quiere de unas competencias que ella no tiene claras, lucharemos por encontrar una nueva metodología que nos acerque a un público generacionalmente distanciado de nosotros, nos ilusionaremos con unos éxitos que irán surgiendo de nuestro esfuerzo y de la nada... Y, finalmente, cambiará la Ley, apareciendo, de nuevo, esa nueva "maldita" palabra que nos despertará de nuestra comodidad docente. Sólo espero que llegue acompañada, esta vez, de medios económicos, informes claros, cursos que realmente formen y... nuevos ítem para las programaciones fácilmente rellenables.