El verdadero debate económico de nuestro país

Únicamente Estonia y Bulgaria tienen ingresos fiscales más bajos que nosotros respecto a la media europea, hemos sido superados por Rumanía, Grecia, Portugal, etc. Lo digo porque una subida fiscal no supondría equipararnos con Suecia o Finlandia, sino con los países de nuestro entorno mediterráneo. Nuestra baja presión fiscal se produce porque ésta, en gran parte, recaía sobre la construcción, cuya actividad y, por tanto, recaudación fiscal se ha desplomado. Además este desplome va a ser imposible recuperar, por mucha deducción fiscal que se proponga para la rehabilitación de viviendas.

La tozudez de los datos nos indican que el tan cacareado déficit público español (11'4%) se reduciría en 7 puntos fiscales si se volviera a los niveles de recaudación de 2007, año en que España estaba por debajo de la media de la Unión Europea en ingresos fiscales armonizados, es decir, el déficit público se situaría en un saludable 4,4%. A eso hay que sumarle los gastos del Plan E de infraestructuras locales y los gastos extra que supone el amento del paro y las prestaciones a los desempleados que hayan agotado su prestación. Estas nuevas partidas presupuestarias suponen 25.000 millones de euros, es decir, aproximadamente 2,5 puntos del PIB. Si las anulásemos, ya que éstas son medidas transitorias, nos situaríamos en un déficit público del 1,9%, y dentro de los criterios de convergencia. Con esto no quiero decir que haya que reducir las prestaciones por desempleo, sino que cuando el paro deje de aumentar este gasto se suprimirá.

Todos los datos anteriores bienen a apoyar la tesis de que España, en realidad, lo que necesita es una reforma fiscal. Ésta tiene que dejar de pivotar sobre la construcción, un modelo económico que está agotado. Por tanto, para restaurar las cuentas públicas habría que plantear un nuevo Pacto de La Moncloa (1977), pacto éste que nos sacó de la crisis económica de 1973. En este Pacto se buscó la contención salarial a cambio de un salario social (inversiones en educación, transporte público, construcción de hospitales, etc.). En resumen, se debe de buscar un nuevo pacto social donde los diferentes grupos sociales hagan aportaciones equitativas.

Los grupos sociales más desfavorecidos ya han hecho sus aportaciones al ser los que más han sufrido el desempleo, las congelaciones salariales, la pérdida de servicios sociales, etc. Es hora, por tanto, de modificar la presión social, en ningún caso a través de impuestos directos que son injustos por naturaleza, ya que gravan independientemente del nivel de renta. Personalmente abogo por restaurar el impuesto de sucesiones y elevar el porcentaje del IRPF (impuesto que fue creado por los Pactos de La Moncloa) que pagan las rentas más altas. Las rentas superiores a 52.360 euros anuales tributan el 43% de sus ingresos, sería conveniente devolverlas al 45% que es lo que tributaban hace tres años. Tampoco estaría mal establecer un nuevo tramo del 50% para las rentas superiores a los 100.000 euros anuales. Aunque estas modificaciones puedan parecer poco, ya que afecta a un número reducido de personas, alcanzan a cerca del 25% de la renta nacional, es decir, una cuarta parte de nuestra riqueza, según datos del INE.

La otra medida que el Gobierno y los agentes sociales tendrían que acometer es una reforma laboral, pero no en el sentido de precarizar todavía más el mercado laboral. Su precariedad es un grave problema de nuestra economía que imposibilita: compras a largo plazo, inversiones eficaces en formación continua, aumento de la productividad en los puestos de trabajo, etc. Esto lo dicen informes de la OCDE, CEOE, etc. La reforma laboral debería plantearse lo siguiente: ¿Por qué Alemania cae un 5% económicamente y apenas destruye empleo y España lo hace un 3,6% y triplica su tasa de paro? Su gran éxito reside en contratos parciales subvencionados por el Estado, es decir, el Estado asume el coste de parte del contrato, a cambio éste sigue cotizando a la seguridad social y no recibe prestaciones por desempleo. Según el diario económico Cinco Días en 2009 el desempleo le costó al Estado 31.462 millones de euros y cada desempleado supone una media de 20.000 euros al año entre la prestación social y lo que deja de recaudar. Son cantidades suficientemente altas para que nos planteemos una política laboral más activa, centrando los recursos en la creación, mantenimiento o adecuación de los puestos de trabajo y no exclusivamente en el mantenimiento de una situación presente que nos puede salir cara en el futuro.